La última pesadilla de los demócratas ya tiene nombre: Amy Coney Barrett. El presidente Donald Trump ha presentado este sábado a la magistrada de 48 años con la que pretende suplir la vacante dejada por Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo, una jurista que le permitirá cimentar la mayoría conservadora en la corte si el Senado acaba confirmándola. Barret es una de las referencias legales de la América cristiana y evangélica por sus posiciones en asuntos como los derechos reproductivos de las mujeres. Católica devota, contraria al aborto y alineada en sus pronunciamientos con los intereses empresariales, su designación le servirá a Trump para energizar a sus bases más conservadoras a poco más de un mes de las elecciones. Unos comicios que afronta con desventaja en las encuestas.
Trump presentó a Barrett con una ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca muy similar en su escenificación a que utilizó Bill Clinton para nominar a Ginsburg en 1993. “Es una de las mentes más brillantes y dotadas legalmente de nuestra nación”, dijo tras rendir tributo con más elegancia de la habitual a la magistrada feminista e icono de la América liberal fallecida hace ocho días. Su muerte le ha dado la posibilidad de nombrar a su tercer juez del Supremo en solo cuatro años, un proceso que quiere completar antes del 3 de noviembre pese a la oposición frontal de los demócratas. “Es una mujer con unos logros sin parangón, un intelecto imponente, credenciales intachables y una firme lealtad hacia la Constitución”, añadió respecto a Barrett.
Algunos de sus asesores le habían recomendado que se decantara por Barbara Lagoa, una jueza de origen cubano y arraigo en Florida que sonaba entre las favoritas. Consideraban que podría haberle ayudado a atraer votos latinos, pero una vez más Trump ha preferido contentar a sus bases más ultramontanas. Barrett ha sido descrita por algunos como una católica integrista. Hace unos años les dijo a sus alumnos en la Universidad de Notre Dame que debían afrontar sus carreras en la judicatura como un medio para “construir el reino de Dios” y en alguna ocasión se ha referido a los fetos abortados como “víctimas no nacidas”.
Madre de siete hijos, dos de ellos adoptados en Haití, Barrett será la jueza más joven del Supremo si acaba siendo confirmada, así como la primera de sus magistrados en servir en la máxima institución judicial del país con varios hijos en edad escolar. Trump ya la incluyó en su lista de candidatos para reemplazar al juez Anthony Kennedy en 2018, pero el puesto acabó yendo finalmente para Brett Kavanaugh. Un año antes la había nombrado para formar parte del Tribunal de Apelaciones, donde ha abrazado las posiciones conservadoras al redactar sus opiniones en asuntos como la inmigración, el derecho a portar armas o el aborto.
Este último parece ser uno de sus grandes caballos de batalla. Durante años perteneció al grupo antiabortista Faculty for Life. También es miembro de People For Praise, una controvertida organización católica, rodeada de secretismo y criticada por el supuesto rol de sumisión que asigna a las mujeres, según han afirmado algunos de sus antiguos miembros. Barrett ha dicho en varias ocasiones que su fe no interfiere en su rigor judicial a la hora de interpretar la ley. En ese sentido, es discípula del fallecido Antonin Scalia, uno de los héroes de la América conservadora, para el que sirvió como pasante en el Supremo. Como su mentor, defiende la corriente originalista, partidaria de interpretar la Constitución con la máxima fidelidad a las intenciones expresadas por sus redactores hace más de 200 años.
Su nombramiento ha recrudecido la guerra política que se vive en Washington ante las intenciones de los republicanos para confirmar a Barret antes de las elecciones, lo que dejaría el Supremo con una abrumadora mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. “Su trayectoria judicial y sus propias palabras confirman que será una clara amenaza para los derechos reproductivos, los derechos LGBT, los derechos laborales, los derechos al voto o los derechos civiles”, ha dicho el senador Ed Markey. También ha criticado su nombramiento el candidato demócrata Joe Biden, tras subrayar su oposición a la reforma sanitaria de Barack Obama, cuya constitucionalidad empezará a debatir el Supremo a partir del 10 de noviembre.
