El cristianismo se ha convertido en un arma poderosa para influir en las decisiones políticas de los norteamericanos y para que Trump sea reelecto
Los sectores del populismo cristiano son parte integral del sistema político norteamericano y su influencia permitió retomar fuerzas a sus correligionarios latinoamericanos.
Los riesgos para la democracia continental son similares a los que advirtió el líder demócrata estadounidense, Chuck Schumer cuando el 31 de enero del 2020, el Senado de EEUU desistió de convocar testigos en el juicio político contra Donald Trump: «Es una gran tragedia, una de las peores». O la advertencia hecha el 5 de febrero por la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: «el Presidente y los republicanos del Senado han normalizado el irrespeto por la ley y rechazado el sistema de controles y equilibrios de nuestra Constitución» [Trump] sigue siendo una constate amenaza para la democracia estadounidense», luego de que, por tres votos, quedara sin efecto el juicio político. Como también las fundadas advertencias que ha hecho en 2018 la ex secretaria de Estado en la administración Clinton, Madeleine Albright, en su libro «Fascismo. Una advertencia».
Y sus efectos prácticos están a la vista. Ya sea que arropen con la sotana papal al neoperonismo de la formula Fernández & Fernández; sirvan de tapadera para atropellar parlamentos al frente de soldados armados a guerra; para arremeter, con la Biblia bajo el brazo, contra los derechos de la mujer u homosexuales, como ya es habitual en el presidente brasileño Jair Bolsonaro; o ingresar al palacio presencia boliviano sosteniendo la Biblia en alto, como lo hizo en noviembre de 2019 la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, devenida candidata presidencial.
La deriva peronista puede enrutarse hacia cualquier lado, como ya lo demostró el peronismo de los setenta, con sus montoneros por extrema izquierda, y la Triple A por ultraderecha. Se verá.
El domingo 9 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, electo democráticamente, a siete meses de asumir, realizó una clara violación al Estado laico y republicano consagrado en la constitución de El Salvador.
Protagonista de un episodio, mezcla de show y drama, Bukele se puso a orar en el recinto parlamentario y apeló a una supuesta legitimidad otorgada por Dios, en aras de justificar la desmedida utilización de la fuerza militar y policial para presionar y obligar al Poder Legislativo a que le vote un préstamo de 109 millones de dólares que le permita ejecutar un plan de control territorial.
Es un retroceso democrático la medida adoptada por Bukele en un país que desde 1992, cuando se firmó el Acuerdo de paz de Chapultepec entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN), no había visto una acción similar.
Ciertamente que El Salvador requiere de una autentica y no fácil de instrumentar política pública de seguridad en respuesta al crimen organizado en una sociedad donde crece y se legitima la violencia hacia las mujeres, la niñez y los jóvenes.
A mayo de 2019 el país contabilizaba 5 mil homicidios, con un promedio de 20 homicidios diarios, fruto de que casi toda Centroamérica y el «Pulgarcito», en particular, se ha convertido en el sitio ideal para el trueque de drogas por armas y utilizada por las mafias mexicanas como depósitos desde los que se reexporta la cocaína hacia EEUU y Europa en los últimos veinte años.
Es la región más violenta del mundo y no es causal que desde allí y acosados también por la miseria es que partan caravanas de migrantes hacia el norte.
El Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), coloca a El Salvador a la cabeza de los “«únicos» cuatro países del mundo que tienen tasas de asesinatos de más de 40 personas por cada 100.000 habitantes: El Salvador tiene 62 muertes violentas, Venezuela y Jamaica 57 respectivamente, mientras que Honduras registra 42.
Apoyado en estos datos, Bukele convoca a la insurrección ante una turba enfervorizada, califica de “«sinvergüenzas» a la mayoritaria oposición legislativa —donde conviven derecha e izquierda—, y sostiene que esos legisladores no permiten arribar a la solución que traería el mencionado plan de control, por otra parte, desconocido por la ciudadanía, ni sometido a consulta con los sectores afectados por el mismo.
Desde Costa Rica, a pocas horas de los sucesos acaecidos en San Salvador, la vicepresidenta Epsy Campbell cuestionó la actitud de Bukele, y llamó –vía twitter— a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes.
No es menor la preocupación ética desde que la inestabilidad centroamericana es un aspecto que parecía haber sido desterrado con la pacificación y el predominio del poder civil en esa región durante los últimos 15 años, excepción hecha de lo ocurrido en Honduras en 2009, cuando fuera depuesto Manuel Zelaya.
Costa Rica aprendió la lección surgida del serio embate cristiano por hacerse del poder en ese país.
Recordemos que, en 2018, un ignoto Fabricio Alvarado, cuya expectativa de voto según encuestas se situaba en un 5%, ganó en la primera vuelta electoral con un 26 % del electorado, luego de obtener el apoyo de los cristianos/evangélicos. Al completarse el balotaje se impuso la racionalidad política costarricense y Carlos Alvarado se alzó con el triunfo electoral.
Después sobrevino el desvirtuamiento político de Fabricio Alvarado.
En las elecciones municipales del 2 de febrero de 2020, las agrupaciones que le habían respaldado – ya divididas— obtuvieron solo 29 de los 508 puestos en disputa en los consejos municipales.
Ni el Partido Nueva República (PNR) de Fabricio Alvarado, ni el Partido Restauración Nacional (PRN) separado del PNR, obtuvo alguna alcaldía. Apenas ganó 10 regidurías en nueve municipios. Si bien crecieron en siete puestos, el resultado representa menos del 2% de las regidurías del país.
El PNR de Fabricio Alvardo obtuvo 19 regidores en solamente 18 de los 82 cantones de país.
No obstante, los legisladores fundamentalistas inciden pues ocupan 14 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa cuya legislatura culmina en el 2022.
Almagro.
La asonada de Bukele contra el congreso salvadoreño puede quedar como un trueno en un día soleado o un retronó a épocas turbulentas. En cualquier caso, no puede pasar desapercibido en Latinoamérica un llamado la insurrección hecho por el propio Presidente, apelando a la turba enfervorizada. Al contrario, su convocatoria a presionar el parlamento genera un riesgo de enfrentamiento entre salvadoreños y una amenaza de retroceso en materia de derechos humanos.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, nuevamente esta vez ofrece una posición ambigua, ante el episodio. Tras comunicarse con la canciller salvadoreña Alexandra Hill twitteó: «Mantuve conversación telefónica con la Canciller de El Salvador, Canciller, Alexandra Hill, expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad». Un compromiso de apoyo al Gobierno salvadoreño en relación a sus políticas de seguridad que, Almagro reconoce «han arrojado positivos resultados» para El Salvador.
Las críticas de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (OACDH), el Departamento de EEUU, el Reino Unido, Canadá y Unión Europea, hicieron mella en Bukele quien dijo el miércoles 12 «acatar» la orden de la Corte Suprema de Justicia y no volver a acudir a las fuerzas armadas para «actividades contrarias a los fines constitucionales».
Neoconservadurismo.
La agencia Reuters informó el 10 de febrero que dos ONG estadounidenses que habitualmente trabajan en defensa de las víctimas de la trata de personas y que habían obtenido la calificación más alta para acceder a préstamos federales, fueron sustituidas por otras dos organizaciones vinculadas al Partido Republicano cuyo puntaje en la licitación fue menor que las desplazadas.
Según la información, los motivos para ese cambio son que las nuevas organizaciones exigen a sus protegidas que adopten la religión cristiana, lo que a ojos de la Administración Trump es mérito suficiente para favorecerlas, aunque vaya en contra de lo que establece la Primera Enmienda sobre la libertad de cultos.
Una deshonesta alianza entre pastores evangélicos, grupos de presión, telepredicadores y lobbies en Washington, genera ese clima neoconservador y atiza la ya polarizada sociedad norteamericana inmersa en la campaña releccionista de Trump; pero también propicia estos avances fundamentalistas sobre la institucionalidad republicana del continente.
Hugo Machín Fajardo
