Los grupos que apoyan al Govern están tratando de sumar a CiU al proyecto de ley de centros de culto, que se vota mañana en el Parlament, y para ello negocian con la federación la interpretación que se da al término "laicidad" en el preámbulo de la norma, según fuentes parlamentarias.
CiU quería que el preámbulo de la ley dejara claro que actualmente "la religión católica continúa siendo la mayoritaria" en Cataluña, una mención que no aceptan PSC, ERC e ICV-EUiA.
La federación también pretendía que se dejara constancia de que la ley pretendía regular los centros de culto desde "la aconfesionalidad constitucionalmente establecida".
Los grupos de la mayoría tampoco han asumido esa enmienda al preámbulo, pero han trasladado a CiU un redactado alternativo al suyo, que hacía referencia simplemente a la "laicidad" de Cataluña, para tratar de que la federación apoye el texto.
El texto propuesto plantea que se entienda la laicidad como el respeto a toda religión y pensamiento y que este término sea concebido como un principio integrador que configura un marco de convivencia, un redactado que CiU debe ahora decir si da por bueno.
Otro de los flecos que separan a CiU de la ley es cómo afectará la normativa a los centros no incluidos en el inventario del patrimonio cultural catalán.
Sin embargo, el principal partido de la oposición y los grupos del Govern están de acuerdo en que la ley no obligue a los ayuntamientos a reservar suelo destinado a equipamiento comunitario para usos de carácter religioso.
En este punto, el Govern ha dado marcha atrás en sus pretensiones iniciales y finalmente la ley simplemente dice que los planes de ordenación municipal han de prever suelo para "usos de carácter religioso de nueva implantación, de acuerdo con las necesidades y disponibilidades de los municipios".
Otra de las novedades de la ley que se aprobará mañana, que pretende dar respuesta a la cada vez mayor pluralidad religiosa de Cataluña, es que fija las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica y aforo de cualquier tipo de oratorio.
A falta de que CiU decida cuál será su voto, que depende del resultado de dichas negociaciones, el PP catalán ha anunciado que votará en contra de la normativa al considerar que se trata de una ley "intervencionista".
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que se abstendrá, mientras que los otros dos diputados del Grupo Mixto votarán a favor.
