Las pasadas elecciones nacionales evidenciaron la creciente utilización de la religión como arma política y electoral.
Las pasadas elecciones nacionales evidenciaron la creciente utilización de la religión como arma política y electoral. El fenómeno no es propio de nuestro país. Recientes procesos electorales llevaron a gobiernos abiertamente confesionales, como el efímero régimen islámico de Mohamed Morsi en Egipto, o muy influidos por discursos religiosos, como el actual gobierno brasileño. Otras veces, el impacto político del discurso religioso se sintió en otro tipo de votaciones, caso del referendo en el que, con influencia de sectores evangélicos conservadores, se rechazaron los acuerdos de paz en Colombia. La vida política se tiñe cada vez más de religión, y en un país tan religioso como Costa Rica, el peligro que esto conlleva es grande. Consciente de lo anterior, la Asamblea Constituyente de 1949 estableció el artículo 28 de nuestra constitución: “No se podrá hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.” La prohibición se reitera, con la misma amplitud y contundencia, en el artículo 136 de nuestro Código Electoral: “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”. Ambos artículos deberían haber resuelto el tema, pero evidentemente no fue así.
Dos motivos, entre otros, incidieron en ello. El primero es la religiosidad de nuestra cultura. Cuando las leyes divergen de la cultura es probable que sean ignoradas, pues muchas personas actúan según las normas y valores culturales, no según las normas legales. El problema de la violencia doméstica ilustra bien esto. Enfrentados a este desfase, el aparato estatal es el encargado de hacer cumplir las leyes. Pero aquí interviene el segundo factor: la actitud omisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Si el desinterés de partes de la población en la norma era previsible, la actitud del TSE en un tema tan delicado y de rango constitucional merecía una actitud mucho más vigilante y estricta.
El Partido Demócrata Cristiano, que estuvo electoralmente activo desde 1970, se disolvió en 1984 y pasó a ser parte del Partido Unidad Social Cristiana. Que un partido se llame oficialmente “cristiano” conlleva necesariamente un uso político de la religión, justo lo que la constitución y el código electoral prohíben. Permitiendo tales nombres, el TSE avaló tal utilización, y de ahí en adelante se cumplió la conocida comparación de los problemas políticos y la tisis: al principio son difíciles de diagnosticar y fáciles de curar, y luego son fáciles de diagnosticar pero difíciles de curar. Cuando, siempre a contramano de la legalidad vigente, el TSE legitimó partidos abiertamente evangélicos, ello generó reacciones, ante las cuales el TSE, de modo inaudito, redujo la prohibición al uso de signos externos (Resolución 567-E1-2013). Una interpretación que, para ser cortés, llamaré errónea en vez de algo más fuerte. En breve: al TSE le parece bien que un partido haga proselitismo político-religioso a condición de no usar signos externos religiosos como cruces o peces. Si un partido puede oficialmente denominarse “cristiano”, o utilizar políticamente discursos religiosos cristianos, todo indica que, a condición de no usar signos externos religiosos, la única razón de que no exista un partido Islámico Fundamentalista, otro Judaico Sionista, un tercero Pagano Politeísta, o el Reencarnación Política Budista, es porque no son electoralmente atractivos.
Donde la constitución dice “en forma alguna” y el código electoral “toda forma de propaganda”, el TSE leyó “usar signos externos”.
Los resultados están a la vista: una política cada vez más religiosa y una religión con más poder político directo progresivamente. Algo que debería preocupar, y mucho, a todas las personas que, con independencia de su fe religiosa, crean que la constitución y leyes vigentes deben ser algo más que papel impreso o letras en una pantalla.
Bernal Herrera Montero
