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Tres centros concertados católicos de la Diócesis de Canarias favorecen a los hombres en la selección de docentes

Tres institutos de la Diocésis de Canarias han convocado un proceso de selección de docentes en el que ofertan varias plazas para impartir clases de religión, informática, inglés y filosofía con una condición: la puntuación será a favor del género masculino.

Las reacciones no se han hecho esperar. El sindicato STEC ha puesto el grito en el cielo y ya han dicho que van a denunciar tanto a la Diócesis de Canarias como a la Consejería de Educación.

La Cadena Ser se ha hecho eco de esa particular oferta de trabajo en los institutos diocesanos concertados Santa Catalina, Santa Isabel de Hungría y Nuestra Señora del Pilar. Los requisitos que piden son los habituales de cualquier convocatoria de este tipo hasta que al llegar a la última línea podemos leer, literalmente: INFORMACIÓN PARA LOS INTERESADOS: POLÍTICA DE GÉNERO. LA PUNTUACIÓN SERÁ A FAVOR DEL GÉNERO MASCULINO. Una advertencia discriminatoria y que no se puede pasar por algo, según el sindicato. “Si es un centro privado, usted puede poner los criterios que quiera. Al ser concertado, se está haciendo con el dinero público y es intolerable”, ha señalado María del Mar Almeida, del sindicato STEC. Dice además que se plantean qué tipo de formación se va a dar a ese alumnado, cuando desde los criterios se marcan las directrices.

La Cadena Ser se ha puesto en contacto con la Diócesis que nos ha confirmado que a la convocatoria se presentaron 19 personas, 10 mujeres y 9 hombres. Finalmente han elegido a 4 mujeres para cubrir las plazas vacantes. Argumentan que el motivo de beneficiar al género masculino es el excesivo número de chicas impartiendo clases.

La consejería de educación, por su parte, ha admitido que ha conocido por la Ser la noticia y se ha mostrado contraria al requisito que apuntaba la diócesis en su convocaria. Según Rafael Bailón, director general de personal de Educación del Gobierno de Canarias, la consejería defiende la igualdad de sexos y no va a permitir que los centros usen políticas discriminatorias. Además, presume que no debe peligrar la convocatoria por este requisito a pesar de la denuncia de los sindicatos.

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