En las últimas fechas, el derecho de las mujeres a decidir acerca de su embarazo ha encendido enconados debates que parecían cerrados. Y que no deberían estar de otro modo en una sociedad civilizada.
Sin embargo, el gobierno del PP no solo trabaja incansablemente para saquear lo público y entregarlo a sus amigos, al parecer en clara componenda de corrupción organizada que se remonta ya a dos décadas. Además de lo anterior, se pretende imponer el ordeno y mando en las conciencias ajenas. En este aspecto subyace el enorme peso que todavía posee el catolicismo (léase superstición religiosa) en nuestra sociedad.
Así, recientemente se han cumplido treinta y cinco años de uno de los mayores escarnios legislativos que ha sufrido la nación española: el llamado Concordato.
Estos acuerdos se firmaron en el Vaticano, seis días después de la entrada en vigor de nuestra Constitución, en evidente chalaneo de fechas, para conferirles apariencia de constitucionalidad.
Pero nada más lejos de la realidad. El articulado venía fraguándose desde 1976 entre políticos vinculados a la Asociación Nacional Católica de Propagandistas y representantes del Vaticano. Una burla intolerable.
Imaginemos que España decide firmar un Tratado internacional con Arabia Saudí. Si, por una parte, negociasen representantes árabes y, por otra, miembros de la Asociación de Propagandistas del Islam… ¿no resultaría una mofa difícil de soportar? Pues eso, exactamente eso, es lo que sucedió entre España y la iglesia católica con motivo del Concordato.
Además, y lamentablemente, aquellos acuerdos no eran más que el lavado de cara del Concordato de 1953, y conviene señalar que esto significó reconocimiento internacional para un régimen dedicado a asfixiar libertades y asesinar a miles de disidentes. A su vez, el Vaticano, sin el menor empacho en suscribir pactos con un régimen que encarcelaba y mataba, se negaba a ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A cambio de este comportamiento, a mi modo de ver, absolutamente indigno, la iglesia católica obtuvo amplios privilegios que mantuvo también después de 1979, tales como el reconocimiento de personalidad jurídica civil y plena capacidad de obrar de todas las órdenes, congregaciones e institutos religiosos, la inviolabilidad de lugares de culto, la imposibilidad de su demolición sin ser antes privados de su carácter “sagrado”, la asistencia religiosa en hospitales, prisiones y cuarteles, el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico, el compromiso estatal de cooperar con la iglesia en sus actividades de asistencia o beneficencia, la existencia de tribunales eclesiásticos cuyas sentencias adquieren eficacia civil, etc.
Habría que dedicar varios artículos para denunciar la peculiar financiación de la iglesia católica y el mantenimiento con dinero público de sus edificios privados que, dicho sea de paso, no pagan IBI pese a la extensión ciclópea de muchos de ellos … pero, posiblemente, la hipoteca más gravosa con la que nos toca pechar se encuentre en el área de la enseñanza.
Aunque, afortunadamente, la religión no constituye asignatura obligatoria, el Estado se ve obligado a garantizar que se imparta en centros públicos. La “broma” cuesta millones de euros al año. Esta sangría la pagamos entre todos, mientras que la jerarquía católica es quien escoge caprichosamente a los profesores y los despide por motivos tan peregrinos como vivir en pareja, irse de copas, etc.
Por el contrario, entiendo que la formación religiosa ha de ser un asunto confiado a las familias quienes, libremente, pueden dirigirse a la parroquia, mezquita o sinagoga, donde sus hijos recibirán una formación religiosa sin que suponga, como hasta ahora, una hemorragia para el bolsillo del contribuyente.
Y en fondo de esta problemática lo que subyace es el afán de la iglesia por controlar la vida pública y conservar unos privilegios insostenibles. Y son insostenibles porque la religión católica no solo se encuentra sumida en el descrédito y la indiferencia, sino que ya ni es la mayoritaria. Ha sido ampliamente superada por el Islam.
Así, hasta es posible que, en España y en estos momentos, haya más “practicantes” reales del credo musulmán que del católico. De hecho, entre la minoría decreciente de españoles que se declaran “practicantes” casi nadie cree la totalidad de los dogmas (virginidad de María, purgatorio, etc.). Puede que, de hecho, no crean ni en uno solo. Y eso suponiendo que los conozcan.
De manera que resulta absolutamente ridículo seguir manteniendo una ficción. Algún gobierno, más pronto que tarde, debe denunciar el Concordato y articular una nueva normativa ajustada a la razón y a la realidad. Este paso no lo dará el actual gabinete, pero resultará injustificable que un gobierno de izquierdas mire para otro lado en la próxima legislatura.
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