El Ejecutivo oculta desde hace año y medio el listado de propiedades inmatriculadas por el clero sin demostrar que le pertenecían
El Gobierno tendrá que hacer público el listado de los más de 30.000 inmuebles que ha inmatriculado desde 1998. Así lo ha decidido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en una resolución del 16 de septiembre en la que insta al Ministerio de Justicia a entregar la lista y le recuerda que hace más de año y medio que dispone de los datos y que estos son «información pública».
La lista de inmatriculaciones —en la jerga administrativa, inmatricular es registrar un bien por primera vez— se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición y que se aprobó con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Aquel texto instaba al Gobierno a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria para facilitar aún más estas anotaciones registrales.
La proposición no de ley daba seis meses de plazo para entregar el listado. No se cumplieron, pero el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo todos los trámites para solicitar la información a los registradores de la propiedad. El informe está en el Ministerio de Justicia desde el 6 de febrero de 2018, la fecha en la que el Colegio de Registradores se lo remitió al Ejecutivo.
En sus alegaciones, el Ministerio de Justicia aseguró que el documento estaba en elaboración y que «una vez completados los análisis jurídicos pertinentes, tanto el listado final como los mismos serán remitidos al Congreso de los Diputados». El Consejo, órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, considera en su resolución que «el documento existe» y que no es una versión provisional. Se basa para ello en la comunicación con los registradores de 6 de febrero de 2018 que aportó EL PAÍS al procedimiento.
La decisión de Transparencia daba 10 días hábiles al Gobierno para entregar el listado. El plazo expiró el 1 de octubre, sin que el Ministerio de Justicia haya enviado la documentación a EL PAÍS, que fue quien la solicitó y, ante la negativa del departamento que dirige Dolores Delgado, recurrió al Consejo. Este diario preguntó a Justicia si va a cumplir la resolución o si va a recurrirla en los tribunales, a lo que el departamento no respondió. El Consejo de Transparencia no tiene poder sancionador, por lo que solo puede instar el cumplimiento de sus decisiones.
La Ley Hipotecaria de 1946 y su posterior reglamento permitía a los obispos inscribir cualquier bien sin tener que demostrar su propiedad. Excluía los templos destinados al culto. Pese a ello, en los años ochenta se inscribieron muchas iglesias y ermitas, según han averiguado muchos Ayuntamientos y asociaciones que han investigado qué bienes se inmatricularon los obispados o las diócesis. Una reforma de 1998, durante la presidencia de José María Aznar, permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica.
