El arzobispo de Granada, Javier Martínez, se resiste a colaborar con la Justicia en el caso conocido como ‘Los Romanones’
Como si quisiera dar la razón a quienes reclaman la supresión de los cinco Acuerdos (uno de 1976, cuatro de 1979) que regulan las relaciones entre España y el Estado vaticano, el arzobispo Javier Martínez se resiste a colaborar con la Justicia en el caso conocido como Los Romanones, que implica a diez sacerdotes y dos laicos denunciados por supuestos abusos sexuales a menores. Hasta en cinco ocasiones ha desoído el prelado los requerimientos del juzgado de instrucción número 4 de Granada, que lleva meses reclamando al arzobispado documentos que atañen a la causa. El primero tiene fecha de 4 de noviembre de 2014. El quinto, del mes pasado, fue entregado por la Policía en mano al arzobispo, con una severa advertencia del juez en forma de ultimátum.
¿Disculpas? El arzobispo esperaba “la autorización” del Vaticano. Resulta increíble. ¿No hay consigna de “tolerancia cero”, emitida el invierno pasado por el papa Francisco? Y más: ¿Para qué se requiere un permiso del Vaticano en procesos instruidos por jueces españoles y que afectan a ciudadanos españoles? Martínez parece considerarse más un súbdito del Estado de la Santa Sede que de España, en línea con el extravagante concordato de 1953, que reconocía a su Iglesia “el carácter de sociedad perfecta” y le garantizaba “el pleno ejercicio de su jurisdicción”. Lo concordado entre Estados aquel año se publicó en el BOE “en el nombre de la Santísima Trinidad” y ponía el Código de Derecho Canónico por encima de todo. Los prelados no podrán ser emplazados ante un juez laico sin la licencia de la Santa Sede, decía el canon 120.
Y aún peor. Cuando el arzobispo apela a la presunción de inocencia de sus subordinados para resistirse a los requerimientos de la Justicia, lo hace tomando como guía el protocolo emitido por la Conferencia Episcopal Española con “los criterios orientadores” en caso de denuncias de pederastia entre el clero. Es del 22 de junio de 2010, apela “a la legislación española concordada” y aconseja “prudencia jurídica para no ceder al clima de sospecha, de acusaciones con frecuencia infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje (…), que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos”.
Pésimo consejo. Fue Francisco quien, después de llamar por teléfono a una de las víctimas, alertó a los obispos de lo que ocurría bajo sus pies en Granada. Destapado el escándalo, el arzobispo Martínez celebró una “eucaristía reparadora” y se echó al suelo boca abajo ante el altar, junto a sus vicarios, en señal de arrepentimiento. Falsa impresión. Lo denuncia el padre del joven que habló con el Papa, niño cuando sufrió los abusos. “A la petición de ayuda tras la denuncia, el señor arzobispo respondió: Querido hijo, estate tranquilo. El asunto este ya no está ni en tus manos ni en las mías, sino en las de la Virgen”. El padre afea al arzobispo, además, que solo haya retirado de sus funciones a tres de los diez sacerdotes denunciados y que el laico que era profesor de religión haya seguido ejerciendo como tal hasta su detención.
