Javier Martínez tendrá que afrontar su responsabilidad civil subsidiaria en los abusos
La diócesis, único actor del proceso que no se ha pronunciado ante la Audiencia
El procedimiento del llamado ‘caso Romanones’ sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada está pendiente del pronunciamiento del Arzobispado granadino, personado en la causa como posible responsable civil subsidiario, para encarar la recta final de su tramitación y señalar fecha de juicio.
El único procesado en esta causa -en la que inicialmente estuvieron imputadas doce personas- es el padre Román M.V.C., que está acusado de abusar sexualmente de un menor de edad desde 2004 hasta 2007 y para el que la Fiscalía de Granada ha solicitado nueve años de prisión.
La acusación particular -que representa al denunciante de los supuestos abusos- ha solicitado una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, 15 años.
La defensa del sacerdote pidió por su parte a finales de julio la libre absolución y, una vez que se le dé traslado, le tocará el turno al Arzobispado de Granada. De acuerdo a lo que marca la ley, sólo podrá pronunciarse en su escrito sobre su responsabilidad civil subsidiaria, sin poder entrar a valorar si se han cometido o no los hechos que se investigan, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
Una vez que esto ocurra, la Audiencia Provincial de Granada deberá dictar auto de señalamiento, en el que se especificará qué pruebas de las propuestas por las partes se admiten y se fijará fecha para la vista oral.
El padre Román ya declaró ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada por este caso el 11 de diciembre del pasado año, fecha en la que negó haber abusado sexualmente del menor, por el que sentía «el amor fraterno» de un sacerdote que «acoge» a las personas que acuden a su parroquia.
Durante su declaración indagatoria, el religioso manifestó su disconformidad con su procesamiento por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, negó que mantuviera habitualmente conversaciones sobre sexualidad de «manera abierta» con el denunciante, salvo algún comentario acerca de alguna noticia concreta, y aseguró que nunca se ha exhibido desnudo ante él.
De hecho, no veía «explicación alguna» a la denuncia presentada por el joven, que ahora tiene 26 años, «salvo que haya algún interés económico». Sí reconoció que el menor acudía «ocasionalmente» cuando tenía entre 15 y 16 años a la casa en la urbanización Los Pinillos de Cenes de la Vega (Granada), donde, según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, «ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente».
El caso se hizo público el mes de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de esas doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.
Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse».
El ‘caso Romanones’ provocó asimismo una imagen inédita del arzobispo de Granada,Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los «escándalos» que afectaban entonces a la Iglesia.
El prelado tendrá que comparecer en el juicio que se celebre ante la Audiencia Provincial de Granada, ya que todas las acusaciones personadas e incluso la defensa han pedido que declare como testigo.
