El pleno del mes de julio del Ayuntamiento de Terrassa, celebrado este jueves, ha aprobado cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, amparándose en la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se trata de una propuesta presentada por la CUP que persigue iniciar los trámites para dejar de bonificar este impuesto a las propiedades de la Santa Sede en la ciudad y que ha contado con los votos favorables del PSC, PDeCAT, Terrassa en Comú y ERC; la abstención de Cs y la negativa del PP.
La formación anticapitalista ha señalado que la sentencia ha indicado que estas exenciones fiscales «pueden ser consideradas ayudas estatales ilegales». La CUP ha precisado, según datos del consistorio vallesano, que en Terrassa hay tres inmuebles «susceptibles» de tener que abonar esta tasa y que ahora los servicios municipales lo deberán revisar. Ha justificado esta medida al tener conocimiento del proceso iniciado en Badalona (Barcelona) y ha calificado de «lógico» impulsarlo en su población, aunque también ha manifestado su intención de abrir un debate sobre qué debe pagar la Iglesia aunque no genere actividad económica.
