El Ejecutivo abre la puerta a modificar el estatus de los bienes inmatriculados a partir de la futura ley de Patrimonio Histórico, y asegura que aceptar los informes de la Iglesia «en absoluto» supone dejar finiquitada la cuestión de las inmatriculaciones
Barriocanal: «La mayoría de los bienes son generadores de gastos (…). La Iglesia es custodia de los bienes, que pertenecen al pueblo cristiano, no al obispo (…). No queremos privilegios y tampoco discriminaciones. A mí me sigue resultando curioso dudar que la catedral de Zaragoza no sea de la Iglesia de Zaragoza»
Antonio Manuel Rodríguez (Recuperando):»No se cambian las cosas porque tendría unas consecuencias tremendas (…). La jerarquía católica ha inmatriculado lo que antes poseía (…). La Iglesia tiene a su nombre más del 80% del patrimonio histórico»
“En griego, Memoria y Verdad tienen la misma raíz. La memoria sin verdad es olvido, la verdad sin memoria, es mentira. Y tanto el gobierno como la jerarquía católica se han empeñado en enterrar una parte de la verdad y la memoria sobre los bienes inmatriculados”. Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma Recuperando, marcó una ‘línea roja’ en el debate sobre los ¿mal llamados? Bienes de la Iglesia. En un debate organizado por Redes Cristianas, y en el que también participaron Fernando Giménez Barriocanal, por parte de la Conferencia Episcopal; y Alberto Herrera, desde el Ministerio de Presidencia. Y en el que sobrevoló una pregunta. Los bienes inmatriculados, ¿son del pueblo cristiano, como asegura la Iglesia, o son del pueblo, sin etiquetas, como afirman los colectivos patrimonialistas?
“Todas las inmatriculaciones parten desde un privilegio franquista, solo en 1946 los certificados de posesión se convierten en certificados de propiedad”, señaló Rodríguez, quien incidió en que “desde que entró en vigor la Constitución, la Iglesia católica no es una corporación de derecho público, no es Estado. Los eclesiásticos no son funcionarios públicos. Eso supone que la norma franquista queda derogada en virtud de la Constitución”.
Y, si una norma es inconstitucional, “todos los actos realizados a su amparo son nulos de pleno derecho”, señaló el portavoz de Recuperando. “no es necesaria una derogación formal para que sea nula”. En este sentido, denunció el “inmenso poder fáctico de la Iglesia católica en España” que ha provocado “un privilegio que permitió inmatricular unos 100.000 bienes”. “Esto es inasumible para un Estado democrático”.
Si la catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, si la catedral de Notre Dame pertenece a Francia, si este privilegio franquista es una anomalía en Europa, ¿en qué momento vamos a regular cuándo un bien de dominio público que sea de uso religioso esté oportunamente catalogado e inventariado?
La Iglesia posee el 80% del patrimonio histórico español
«No se cambian las cosas porque tendría unas consecuencias tremendas (…). La jerarquía católica ha inmatriculado lo que antes poseía (…). La Iglesia tiene a su nombre más del 80% del patrimonio histórico», denunció el experto, quien recalcó que “la catedral de Burgos, de Sevilla, de Córdoba, no se pueden vender. Esa es la causa de que sean un bien público”.
Y se preguntó: “Si la catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, si la catedral de Notre Dame pertenece a Francia, si este privilegio franquista es una anomalía en Europa, ¿en qué momento vamos a regular cuándo un bien de dominio público que sea de uso religioso esté oportunamente catalogado e inventariado? ¿Eso quiere decir que todas las iglesias son de dominio público? No. Pero algunas sí, y habrá que determinar cuáles, y con qué privilegios”.
¿Bienes inconstitucionales?
Entre las propuestas, Antonio Manuel Rodríguez, pidió al Gobierno “deshacer lo mal hecho, declarar la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados”. ¿Cómo hacerlo? “Deberíamos dar un plazo prudencial de un año-dos años para que la jerarquía pudiera certificar que les pertenece”, insistió, llamando a la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, que prevea “qué requisitos puede tener un edificio religioso para que pueda ser de bien público. Y que aquellos bienes de extraordinario valor que son patrimonio de la humanidad, se rijan a la terminología Unesco”.
Un guante que recogió Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de Presidencia y Memoria Democrática, quien destacó que “la Iglesia ha tenido una forma de acceder al registro, que no ha tenido ninguna otra entidad privada en España”. Al tiempo, subrayó, la dinámica “que ha utilizado la Iglesia católica ha sido eficaz, conforme a una norma que nadie derogó ni nadie declaró inconstitucional. Eso son dos realidades objetivas”.
Ley de Patrimonio Histórico
El representante del Ejecutivo trazó una realidad actual, destacando que “somos un Gobierno que creemos en la política útil”, y que por ello impulsó el informe que permitió conocer que, desde 1998, se han inmatriculado unos 34.000 bienes, y las posibles anomalías. “El tema no está en absoluto cerrado”, aclaró Alberto Herrera.
¿Hacia dónde vamos? “Este Gobierno lo que cabe esperar es que vamos a continuar desarrollando todas aquellas actuaciones que consideremos favorecen a que el registro de la propiedad responda a la realidad”, dejando claro que “el registro no constituye la propiedad, pero cuando surgen conflictos como es el caso, claramente el registro juega a favor de quien lo tiene inscrito, porque tiene presunción de veracidad y documentación”.
Algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificó de ilegal. “Ahora lo que nos toca es afrontar las situaciones complejas. Y este Gobierno lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, siempre desde la perspectiva de política útil”. ¿Qué supone esto? “Un diálogo permanente con la Iglesia, también escuchando de cerca a la sociedad civil, y planteando posibles escenarios, como en el Patrimonio Histórico”, señaló, abriendo la puerta a que la futura ley “pueda salvaguardar que esos bienes, independientemente de la propiedad del registro, nos permita a todos estar tranquilos sobre su disfrute por parte del conjunto de la sociedad”.
Los obispos, ¿nos roban?
Fernando Giménez Barriocanal arrancó su intervención (que, aclaró, hacía ‘a título personal’), con un provocador ‘Los obispos, ¿nos roban?’, en el que trató de desmontar los informes de Europa Laica que apuntaban a que la Iglesia recibe cada año más de 11.600 millones de euros.
“Se dice que los obispos nos roban inmatriculando”, subrayó el gerente de la CEE, quien repitió alguno de los mantras repetidos por la CEE sobre el sistema de certificación, el franquismo y si la inmatriculación supone o no propiedad. “La Iglesia ha mostrado su disponibilidad de estudiar, una por una, cada reclamación que pueda surgir”, matizó, explicando que, cuando en 1861 comenzó el Registro Civil, “antes no había papeles de propiedad o posibilidad de registrar”. “Hasta 1998 estaba exceptuados los bienes destinados al culto, al entenderse que no era necesaria su inmatriculación, pero se vio que era una clara discriminación a la Iglesia católica”, apuntó Barriocanal. Una situación a la que se puso fin en 2015. En 2021, se creó una base de datos que, apuntó el ex presidente de Cope, “el Ministerio de Justicia dijo que se habían inmatriculado bien. Y miramos una por una”.
Tras una somera explicación sobre el informe realizado, Barriocanal concluyó subrayando que “la mayoría de los bienes son generadores de gastos”. “Podemos hablar de Córdoba, pero la mayoría cuestan dinero, porque son bienes del pueblo cristiano, no son del obispo. Y no están registrados a nombre del obispo, sino a nombre del pueblo cristiano en sus diócesis”.
“Hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia debe custodiar. No queremos privilegios y tampoco discriminaciones”, finalizó, subrayando que “a mí me sigue resultando curioso dudar que la catedral de Zaragoza no sea de la Iglesia de Zaragoza”.
