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¿Suplicantes o sujetos de derechos?

Necesitamos un cambio de rumbo urgente en las políticas sociales. Un cambio que pase por dignificar a las personas en situación de vulnerabilidad y convertirlas en sujetos de derechos, no sólo de deberes.

Algunos días no puedo evitar recordar la película ‘I, Daniel  Blake’ de Ken Loach. Sobre todo, esos recuerdos aparecen mientras trabajo en la Oficina dos Dereitos de la Marea Atlántica en A Coruña. En esta oficina nos dedicamos a asesorar, apoyar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan acceder a prestaciones y otros servicios derivados de las políticas sociales.

Para quien no haya visto la película, os hago una breve sinopsis. Daniel Blake es un carpintero inglés de 59 años que se encuentra de baja médica tras sufrir un infarto. No consigue, a pesar de eso, que la Administración le reconozca la discapacidad y, mientras espera la resolución del recurso, se enfrenta a una infinidad de trabas burocráticas.

Volvamos a la realidad. Hace unos días, acompañé a Ana (nombre ficticio), una mujer víctima de violencia de género, a una cita en el servicio de empleo público de Galicia. Su objetivo era solicitar una prestación que le permita complementar los bajos ingresos que tiene. Al haber agotado la Renta Activa de Inserción (RAI) y no poder volver a pedirla, solo tiene la posibilidad de solicitar el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). El motivo de solicitar esta prestación del SEPE es el desesperante retraso que acumulan los trámites del Ingreso Mínimo Vital. Ana no puede esperar seis, siete u ocho meses a que le den una respuesta.

En la oficina de empleo de la Xunta de Galicia, la funcionaria, con muy buenas formas, le contaba a Ana como tiene que acreditar la BAE (Búsqueda Activa de Empleo). Esta es condición indispensable para que pueda acceder al SED, a pesar de que tiene una incapacidad total permanente reconocida y no puede trabajar. La BAE son una serie de acciones que tiene que llevar a cabo para poder percibir la prestación. Le dijimos a la funcionaria que Ana tiene una incapacidad permanente total, pero aún así, y tras consultarlo con su superior, le dijeron que no hay otra forma de acceder a este subsidio.

Como a Ana le piden tres acciones para poder acreditar la BAE, podría presentar 6 currículums (2 veces la acción de presentar CV) y darse de alta en una Empresa de Trabajo Temporal. Para acreditar el haber realizado estas acciones, tiene que presentar los 6 CV ante el servicio público de empleo de Galicia, sellados por la empresa que lo recibe, con todos los datos. Imaginad la gracia de tener que “molestar” a una empresa para que te cojan el CV y te hagan un “recibí” conforme lo presentaste. Lo más absurdo es que Ana sabe que no va a poder trabajar en caso de que la llamen.

La cuestión no es tener que presentar tres, seis o veinte currículums. El trasfondo es perverso. Tienes que demostrar que mereces cobrar el subsidio. Que te has esforzado lo suficiente para que la Administración te conceda ese privilegio. En ese momento los derechos pasan a segundo plano y las obligaciones son las protagonistas.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿vale la pena estigmatizar a las personas obligándolas a mendigar recibís para percibir una prestación que, en el mejor de los casos, no va a llegar a los 500 euros? ¿Es este el modelo de políticas sociales deseable?

La visión neoliberal que nos trae el modelo del workfare y sus políticas activas de empleo, sostiene que solo el empleo es garante de una vida digna y del acceso a políticas sociales derivadas del empleo, como las prestaciones por desempleo.

Esta dinámica lleva a una descomposición de las políticas de rentas y, por lo tanto, dificulta que personas que no están en situación de poder trabajar puedan acceder a ellas. Incluso aunque quieran trabajar, no pueden por diferentes motivos, como la edad, la raza o el sexo, entre otras.

¿Vale menos la dignidad de Ana? ¿Podemos y debemos permitir un modelo de políticas de renta que obligatoriamente van ligados a itinerarios de inserción que hace años que sabemos que no insertan ni laboral ni socialmente? El maltrato institucional sistémico de este modelo lleva a que muchas ni piensen siquiera en solicitar este tipo de prestaciones por el estigma que pueden acarrear.

¿Cuántos y cuántas Daniel Blake hay en el Estado español? ¿Cuántos y cuántas se quedan por el camino? Normalmente, la gente tiene mucho aguante y sufre dinámicas perversas que deberían ser cosa del pasado.

Necesitamos un cambio de rumbo urgente en las políticas sociales. Un cambio que pase por dignificar a las personas en situación de vulnerabilidad y convertirlas en sujetos de derechos, no sólo de deberes. Conocemos perfectamente las políticas trabajistas y sus subsidios escasos e ineficaces contra la pobreza, así como las rentas condicionadas autonómicas, que desde hace más de 30 años no son capaces de acabar con la pobreza.

Ha llegado la hora de apostar por un modelo innovador de protección social. Apostemos por la Renta Básica para que dejemos de ser suplicantes de las migajas de un Estado del Bienestar agotado y que ya no garantiza vidas dignas a través del empleo. La Renta Básica, un ingreso pagado por el Estado a toda la ciudadanía por el mero hecho de existir, nos dará un suelo desde el que poder plantearnos vidas distintas, en las que podamos ser protagonistas y no espectadores. Consigamos que Daniel Blake deje de ser nuestro vecino y nuestra vecina, y que solo exista en la ficción cinematográfica.


Rodrigo Gil Cedillo: Educador Social. Técnico de la Oficina dos Dereitos de la Marea Atlántica. Secretario de la Red Renta Básica y miembro del Colectivo por la Renta Básica de A Coruña

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