El grupo de Yolanda Díaz solemniza su rechazo al acuerdo del Gobierno con la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada y dice que fue un pacto con el «usurpador» a cambio de «migajas»
Íñigo Errejón eleva a más de 100.000 bienes el «botín de rapiña» de la jerarquía de la Iglesia en pago a su «guerra de saqueo» y a su papel de «sostén ideológico» del franquismo
Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.
Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de «congelar» la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, «minimizar» el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre «democracia o neofascismo» que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. «Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel», señala dicha fuente.
Las inmatriculaciones de la Iglesia «deben ser nulas de pleno derecho», afirmó este lunes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, durante la apertura de unas jornadas sobre el tema celebradas en el Congreso junto al movimiento laicista, del que el grupo de Díaz hizo suyas sus reivindicaciones. Íñigo Errejón, portavoz del grupo, que cerró las jornadas, llegó a cifrar en más de 100.000 las inmatriculaciones «indebidas» de la iglesia, situando el inicio del periodo de cómputo en 1946, y se refirió a las mismas como «botín de rapiña» obtenido por la jerarquía de la Iglesia en pago a su participación en una «guerra de saqueo» y a su papel de «sostén ideológico» del franquismo.
Un balance con claroscuros
Aunque el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada ponía alto el listón de sus pretensiones en este terreno, al final el Ejecutivo avaló en 2021 la legalidad del procedimiento con raíz en la legislación franquista que permitió a la Iglesia inmatricular sin descanso desde 1946 hasta 2015. El Gobierno hizo público un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Había de todo: templos o dependencias complementarias a los mismos, fincas con otros destinos, como terrenos, solares, viviendas o locales. El listado aportaba transparencia, pero no mucho más. Cualquier reversión debería ser fruto de una batalla judicial en la que tocaba a cada demandante –un particular, un ayuntamiento– probar que el bien es suyo. Además, se quedaban fuera no sólo las inmatriculaciones desde que se formalizó en 1946 el privilegio de que los obispos pudieran inscribir por primera vez bienes dando sólo su palabra, sino también desde 1978, cuando se aprobó una Constitución aconfesional. El movimiento laicista se mostró abiertamente insatisfecho.
Un año después, en 2022, el mismo Ejecutivo puso en cuestión la legalidad de cerca de mil de estos bienes, un gesto que transmitía firmeza y exigencia ante la Iglesia. Se trata de bienes, explica el Ministerio de Presidencia a infoLibre, que fueron puestos a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «para que se buscara a sus legítimos propietarios». «Nunca antes se había conseguido algo parecido. Hubo otros bienes (20.000 más o menos) que se determinó que eran bienes de culto, por lo que ahí no había nada que hacer», añade Presidencia, que recalca que «es mucho más de lo que se había conseguido nunca». Además, añade el departamento de Félix Bolaños, «el Gobierno mantiene abiertas tres comisiones con la Iglesia católica, una de ellas la de inmatriculaciones». Es decir, no da por zanjada la cuestión.
Un «acuerdo» con «el usurpador»
A pesar de los esfuerzos de Presidencia, ni el movimiento de 2022 ni las expectativas de la comisión con la CEE todavía abierta endulzan el balance amargo sobre el acuerdo con la Iglesia de la miríada de organizaciones de base local, provincial y autonómica que vienen reclamando la nulidad de miles de las inmatriculaciones no sólo desde 1998, cuando una ley amplía las potestades inmatriculadoras de la Iglesia a lugares de culto, sino desde 1978 o incluso antes. Ahora Sumar ha dado plena cobertura a estas organizaciones, articuladas en torno a la coordinadora Recuperando, al abrirles las puertas del Congreso, donde este lunes se celebró la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado.
Santiago, en la apertura de la jornada, dejó claro que a su juicio aquel «mutuo acuerdo» entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Presidencia, y la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada fue resultado de un «procedimiento de negociación que desde nuestro punto de vista no fue nada transparente ni ajustado a derecho». «Es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que que reconozca que ha venido usurpando 35.000 bienes. En la práctica el acuerdo consistió en unas migajas quizás para que la opinión pública se tranquilizara», afirmó Santiago, que tenía a su lado a José María Rosell, presidente de Recuperando. Y añadió: «Quizás la Iglesia católica pretendía legalizar su indebida posesión sobre 33.000 bienes. Obviamente eso es algo que no podemos permitir». Luego Errejón amplió el arco de bienes obtenidos «indebidamente» hasta más de 100.000, incluyendo todos desde la reforma legal de 1946.
El programa de Recuperando
Las palabras de Santiago y Errejón evidencian que Sumar no quiere olvidar el viejo asunto de las inmatriculaciones en una legislatura que arrancó con una rebaja de la ambición laicista con respecto a cuatro años atrás. Santiago defendió los «pasos» dados la pasada legislatura, especialmente en comparación con los gobiernos del PP, pero transmitió la idea de que los consideraba lejos de colmar sus aspiraciones. Hay «muchos más pasos» por dar, dijo sobre un asunto que la Conferencia Episcopal considera zanjado. El secretario general del PCE afirmó que su aspiración sigue siendo la «nulidad» de las inmatriculaciones, al considerar que con ellas se ha «expropiado» una riqueza que es de la sociedad, y cuyo ejemplo más emblemático es la Mezquita-Catedral de Córdoba, provincia por la que es diputado.
Siendo la nulidad el techo de Sumar, Santiago afirmó que su grupo defenderá todas las propuestas que haga el movimiento laicista. Errejón añadió: «No es una cuestión sobre la fe, sino sobre el estado de derecho y sobre que no haya entidades por encima de la ley». Revertir inmatriculaciones es un acto de «democratización de la estructura de la propiedad», dijo el dirigente de Más País, que insistió en que Sumar incorporaría a su agenda todo lo que el movimiento demandase.
A continuación Recuperando le tomó la palabra y, como colofón de las jornadas, presentó su programa de reclamaciones, que incluyen la elaboración de «un listado pormenorizado» de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, la «nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida», es decir, desde 1978, así como de aquellas que afecten a «bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural». Recuperando también reclama que el Estado defina «qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables [ver lo más sustancial del documento, en su totalidad, en el recuadro de abajo].
