Aún no ha empezado la legislatura, pero parece que las relaciones del Gobierno con la Iglesia Católica van a ser de nuevo un asunto espinoso. Si antes de las elecciones los problemas eran la postura política de los obispos o su manifiesta oposición a los matrimonios homosexuales, ahora son los acuerdos suscritos con la Santa Sede hace 29 años los que podrían enturbiar el clima.
En los últimos años se han dado varios casos de despidos de profesores de Religión que los tribunales de Justicia han rebatido: los argumentos esgrimidos por la Iglesia para justificar tales despidos se basaban en divergencias entre la actuación de dichos profesores y la moral de la doctrina eclesial.
Así, profesores de Religión separados, divorciados o que se hubieran casado por lo civil han visto cómo se quedaban sin trabajo por obra y gracia de los acuerdos suscritos entre el Estado y la Santa Sede en 1979, en virtud de los cuales es el Estado el que contrata y paga a los profesores, pero es la Iglesia la que decide cómo y por qué les despide.
Despidos por no querer 'donar' parte de su sueldo
El caso más llamativo es el de Araceli del Carmen Gómez Jaén, despedida siete veces después de haber participado en una huelga hace ocho años. Su caso, por el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dado la razón en repetidas ocasiones, ha estado al borde del bloqueo: tras cada sentencia, la Iglesia recurría.
Al final, se llegó a elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que se refería a la base del problema: los acuerdos suscritos con la Santa Sede vulneran algunos de los derechos fundamentales, no sólo de los trabajadores, sino también algunos derechos fundamentales.
El Constitucional decidió fallar en contra, pero las denuncias siguen llegando: según recoge Público, se ha despedido a personas por vivir "en pecado" o, incluso, por irse de copas. El País, hace cinco años, ya recogía casos de despidos a profesores que no quisieron ceder un "donativo voluntario" a la Iglesia.
