En España son cada día más las asociaciones de diverso tipo que de forma continuada realizan un seguimiento tanto del respeto a la libertad de conciencia de nuestras leyes e instituciones como del nivel de cumplimiento del principio de no discriminación. La labor de estos observatorios laicistas constituye un buen termómetro de la calidad de la democracia española en la medida que analizan algo tan sutil y tan vital para la salud del ámbito público como es el equilibrio entre la convivencia en pie de igualdad de la pluralidad de convicciones, la neutralidad e imparcialidad estatal en asuntos de conciencia y la distinción entre las esferas social y societaria como claves de separación formal entre lo público y lo privado en su diversidad de expresiones compartidas.
Alternativa Laica es una de estas asociaciones que con carácter regional se constituye en 2006 para la defensa, promoción y difusión del laicismo. Una de sus últimas actividades tuvo lugar el pasado 19 de junio en Toledo, donde tiene su sede, con la presentación del “Informe sobre el estado de la laicidad 2012”. Este informe, según señala la propia asociación en nota de prensa, “analiza la evolución experimentada por la sociedad en materia de libertades civiles a través de las medidas adoptadas por los poderes públicos y las actuaciones de otras instituciones que tienen incidencia en la vida de los ciudadanos”. El objetivo es presentar un diagnóstico sintético sobre el laicismo en España y señalar los aspectos que violan la pretendida aconfesionalidad estatal resultado tanto del inmovilismo del Estado como de la presión que ejercen las jerarquías religiosas sobre el proceso de normativización universal y plural de la acción legisladora.
Si se comienza juzgando la fecha en la que se presenta el informe sobre “la laicidad en España” durante 2012, no puede afirmarse que suponga un menoscabo en su presentación del estado de la cuestión, aunque su impacto social pudiera verse mermado por su falta de inmediatez en el tiempo. Una cuestión formal no obstante que no limita la expectativa sobre el embarazo de su contenido y que tan solo es indicativo de la modestia de recursos en su elaboración.
Sin un criterio explícito de distribución, tres son los grandes ejes temáticos en los que se distribuyen los once capítulos del Informe: el aborto, el sistema de financiación de la Iglesia católica y la reforma educativa. En lo que respecta a la reforma sobre la legislación del aborto, Alternativa Laica la califica de “contrarreforma” en la medida que supone un retroceso histórico de más de treinta años, un desprecio a los dictámenes científicos sobre el embrión temprano y una singularidad en el ordenamiento jurídico internacional dado que jamás un “ordenamiento jurídico regulando la interrupción del embarazo ha sufrido ningún retroceso en esta materia”. No obstante, cabe preguntarse si la regulación del aborto es un asunto que compete al análisis laicista, más allá de la denuncia de la sempiterna presión del clericalismo en su deseo de controlar la legislación civil. ¿Es la cuestión del aborto un aspecto central en la defensa de la libertad de conciencia? Más allá de su valoración, ¿acaso no supone una reivindicación política en el ámbito del sistema de libertades que trasvasa el formalismo regulativo que debe implicar el laicismo en el marco nuclear y universal de la democracia y de los derechos humanos?
La financiación de la Iglesia, es un segundo aspecto analizado en el Informe en los capítulos tercero, parte del quinto y séptimo. En ellos se abordan cuestiones como las “inmatriculaciones” por parte de la Iglesia católica, el IRPF o la exención del pago del IBI de locales en los que se realiza actividad económica de la Iglesia católica. Las auto-inmatriculaciones de bienes se vienen produciendo desde que en 1998 se modificó parte de la Ley Hipotecaria, lo cual ha supuesto un número desconocido de apropiaciones por parte de la Iglesia al margen de lugares de culto, como por ejemplo, edificios del patrimonio nacional. Frente a ello el Informe señala las numerosas iniciativas, tanto civiles como políticas “para poner freno a esta voracidad eclesiástica”. Entre las civiles destaca la labor de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro; entre las políticas se ocupa de las iniciativas parlamentarias para cambiar esa situación de privilegio de la Iglesia que no sólo es igualada al Estado en su actividad notarial sino que queda en una situación legal de impunidad ante la apropiación indebida. Por lo demás, llama la atención, frente a las reiteradas y justas críticas al Partido Popular -en clara deriva ultra-confesionalista como pago de sus réditos electorales conscientes e inconscientes-, la paridad de vehemencia con la que se habla de otras formaciones políticas, cómplices necesarias del actual estado de las cosas respecto a la denominada “cuestión religiosa”. ¿Revisar o modificar el concordato (“acuerdos internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979”), tal y como aprobó el PSOE en su congreso federal de 2012, es creíble con el historial de este partido en las últimas décadas? ¿No supone más bien un reclamo electoralista en tiempos de oposición? Dejando a un lado su credibilidad, ¿por qué hay que “revisar” unos acuerdos de carácter supraestatal que anula la legislación estatal cuando no le conviene? ¿Por qué hay que establecer un estatuto jurídico especial que sobrepasa la naturaleza de bilateralidad de un acuerdo entre “Estados”? En el marco del concordismo de los últimos siglos, ¿es posible cualquier tipo de acuerdos permanentes con la Iglesia sin el mantenimiento de privilegios fiscales o educativos? Ante unos acuerdos preconstitucionales, que sólo pretenden la actualización postconciliar y postfranquista del Concordato de 1953, sólo cabe su denuncia y aprender del deterioro del principio de igualdad jurídica que ha supuesto para nuestra democracia. La comprensión partidista por aquellos que han posibilitado esta situación, como el PSOE, es ajena a la defensa del laicismo y se sitúa en un ámbito de legitimación de estrategias electoralistas basadas en la violación y la burla organizada de la libertad de conciencia y de la igualdad de todos ante la ley.
Desde nuestra perspectiva, esa misma tibieza se observa cuando se critica en el Informe “el marcar la X de la Iglesia” al mismo tiempo que se defiende la X de “otros fines sociales”. ¿Puede considerarse como “otros” fines sociales el sostenimiento del clero al que va destinado la X de la Iglesia católica? ¿Conoce el ciudadano cuáles son esos “fines sociales” a los que pretende destinar su dinero –y el del resto de contribuyentes-? ¿El Impuesto de la Renta es el modo adecuado de establecer la participación económica del ciudadano individual en las organizaciones que sólo él estime convenientes? En definitiva, ¿se puede defender una X sin legitimar la “otra”? La respuesta es negativa: con este planteamiento se hace imposible despejar la incógnita para poder alcanzar la autofinanciación, objetivo siempre ignorado que también aparece incluido en los “Acuerdos”.
La reforma educativa es el tercer núcleo del informe. En el capítulo dedicado en exclusividad a ello la crítica a la LOMCE constituye el principal argumento, como nuevo escenario planteado para un futuro próximo. La crítica es certera, aunque de nuevo incompleta. La incompatibilidad de la religión con las competencias básicas o la enseñanza segregada por sexos son aspectos que introduce la LOMCE. Sin embargo, no debe olvidarse que la LOMCE es una ley que simplemente da una vuelta de tuerca más al marco de interpretación legal que se desarrolla desde la Ley de Libertad Religiosa de 1980 o desde la Ley Orgánica del Derechos a la Educación, de 1985. Esas, junto con el capcioso artículo 16.3 de la Constitución española, son las raíces de la LOMCE, hermana de la LOGSE (1990) y de la LOE (2006). Si bien es cierto que nunca antes un gobierno del PP había concedido todas las exigencias en Educación a la Conferencia Episcopal, también lo es que el PP hace lo que el marco legal le permite, por mucho que fuerce interpretaciones legales o establezca su estrategia a través del combate contra toda posibilidad de acuerdo de Estado en Educación.
El resto del Informe aborda cuestiones como la contradicción que existe entre la denuncia por blasfemia -como en el caso de Javier Krahe y su absolución del delito contra los sentimientos religiosos (tal y como se recoge en el artículo 525 del Código Penal español)- y las andanadas de los obispos cuando hablan de abusos sexuales, aborto, eutanasia, homosexualidad o educación. Otros temas que se analizan son los avances y retrocesos en la confusión entre lo civil y lo religioso en los ámbitos municipal, autonómico y nacional; aspectos claramente tangenciales o externos al laicismo como el asunto de las mujeres obispas que pertenecen al ámbito exclusivo del Derecho canónico o la celebración de la toma de Granada por parte de la derecha más casposa e integrista de la ciudad nazarí; y, asuntos como la dificultad de las religiones no católicas en España para construir edificios destinados al culto, la problemática laboral de los catequistas que no cumplen en su vida privada con los preceptos establecidos por la Iglesia o la existencia de capillas en Universidades públicas.
Es de agradecer este tipo de informes anuales sobre el estado del laicismo que denotan el fortalecimiento progresivo de una sociedad civil narcotizada por el humo de la transición. Contribuyen al objetivo de denunciar la situación de privilegio preilustrada y medievalizante de la Iglesia católica en especial y la consecuente discriminación a la que se ven sometidos, sobretodo, las personas que no tienen creencias religiosas. No obstante, el fin no justifica los medios, y toda politización de la defensa del Estado laico no sólo supone una merma en su reivindicación -dado que implica un partidismo moralizante que desvirtúa sus principios de neutralidad y de protección formal de la libertad de convicciones en el marco de sociedades plurales-; además, conlleva un deterioro injustificable de su trasfondo ontológico y epistemológico que lo termina reduciendo al mero ruedo ideológico. Nos va en juego nuestro modelo de democracia.
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