Mucho hemos escrito sobre laicidad, concordato, fiscalidad, IBI, casillas del IRPF y demás privilegios de la Iglesia Católica en España. La Terca Utopía es una hemeroteca donde pueden leerse esos escritos: Quiero que mi iglesia pague el IBI, Y dale con las cruces, Revisión del concordato ¡Ya! Por la denuncia del Concordato del 53 y de los Acuerdos con la Santa Sede del 79, Apostando por la Laicidad…
Ahora, a unos meses de empezar con la Declaración de la Renta 2017, ha surgido el viejo debate de las ingentes sumas que se lleva la ICAR de los PGE y sobre todo la opacidad de lo que ella entiende como transparencia y que siempre estuvo a la pésima altura de las otras dos intocables instituciones en España -Ejército y Corona-, también denunciadas.
Desde diversas organizaciones sociales en las que participo y también gente amiga, me piden unas palabras más sobre este delicado tema que con mucho gusto escribo. No sin antes contextualizarlas desde mi inseparable y triple condición desde donde las digo:
1. Como “ciudadano”, ACTIVISTA de diversos movimientos sociales;
2. Como “creyente”, miembro de la llamada IGLESIA DE BASE y
3. Como “político”, responsable de Laicidad y Libertad de Conciencia de PODEMOS.
Nuestro discurso sobre el tema no ha cambiado nada: ni siquiera cuando como ahora, nos situamos desde los nuevos paradigmas modernos más en clave posteísta, postreligional y postsecular. Porque desde ellos hay tres exigencias que deberían ser innegociables en un estado aconfesional:
- No es de recibo ni se puede mantener de ninguna manera la financiación con fondos públicos de las confesiones religiosas. Hasta la ICAR se comprometió a autofinanciarse en el plazo de tres años desde que se firmaron los acuerdos entre El Estado Español y la Santa Sede.
- No es de recibo mantener la asignación tributaria a la Iglesia Católica (ni aunque se pusieran a las otras religiones) y por tanto hay que eliminar todas las casillas en la declaración del IRPF (también la de Fines Sociales); y
- No es de recibo que en pleno siglo XXI sigan vigentes los Acuerdos Concordatarios de 1979 firmados por el Estado español con la Santa Sede que deben ser derogados ya! Ítem más porque son la base jurídica que permite mantener los privilegios actuales a la iglesia así como su opacidad fiscal.
Dicho esto sobrarían más elucubraciones porque creo que queda clara la postura. Y es que al final el problema ya no es que, quienes nos confesemos creyentes autoricemos al estado a entregar una aportación de mis impuestos a la Iglesia, sino que éste “donativo” no sale de los impuestos de quienes marcan “religiosamente” una o las 2 casillas, sino de la suma total recaudada (que además está pactada y no importa cuánta gente ponga la cruz) y por tanto de la aportación de católicos, ateos, agnósticos o creyentes de otras religiones, cosa que, con una secularización social actual de más del 60% y una altísima falta de credibilidad –según los últimos CIS-, es a todas luces injusto.
(*) Luis Ángel Aguilar Montero es miembro de las Comunidades Cristianas de Base y de la dirección estatal de PODEMOS
