Cuando en el inicio del curso 2005-2006 unos padres y madres solicitamos la retirada de símbolos religiosos de las aulas de nuestro colegio no sospechábamos que este asunto le iba a convertir, tristemente, en famoso.
Desde el primer momento dejamos claro que nada temamos en contra de los símbolos, ni de quienes los asumen como suyos. Todo lo contrario: nos merecen el mayor de los respetos. Lo que no vemos lógico ni aceptable es que los símbolos se impongan a todos, pues en el colegio debemos potenciar lo que nos une y no lo que nos separa.
Si el problema se hubiese solucionado de forma razonable, no perpetuando esa imposición, no habría llegado a donde nadie quería que llegara, la vía judicial. Pero desgraciadamente ha llegado y por tanto lo que ahora se plantea es qué puede deparar esa vía. Todos los juristas consultados coinciden en que la presencia de símbolos religiosos en un centro público vulnera en múltiples aspectos la Constitución.
Puesto que la presencia de un símbolo presidiendo la actividad educativa impregna de su significado a todos los presentes, que además no pueden eludirlos, y que se trata de niños que no tienen formada su conciencia crítica y son muy influenciables, supone una clara vulneración de la libertad de conciencia y del principio de igualdad, además de una discriminación por motivos religiosos.
También se vulnera el derecho que tenemos todos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. También los que queremos para nuestros hijos una educación libre de simbología religiosa. Los derechos de las personas no pueden estar sometidos a mayorías y minorías, y para eso están precisamente los colegios públicos, que por definición no pueden tener ideario y que han de regirse por el principio de aconfesionalidad y de la más estricta neutralidad. Quien desee lo contrario tiene a su alcance los colegios privados y concertados, que tienen un ideario concreto.
Así pues, el problema surgido no es en absoluto una "guerra de religión", sino la pretensión de que nuestro colegio supere de una vez una situación clara de fundamentalismo religioso, de imposición contraria a cualquier convivencia (convivir es no imponer). Situación que no es sino una reminiscencia de épocas pasadas, en la que había una religión oficial y no se distinguía entre los fines del Estado y de Iglesia, pero que ahora, por higiene democrática y por cuestión de respeto a todos, han de permanecer separados.
