Con el tiempo uno ha aprendido a saber convivir y hasta comprender las miserias del pasado propias y ajenas, por terribles que éstas sean. Sólo una mezcla de altanería y pereza conduciría a no conceder segundas oportunidades. Si bien el repertorio del mal es tan grande que, con dificultad se puede atribuir certeza a un futuro de la que, por definición, carece, -especialmente sabiendo de mi sensibilidad aversiva hacia la avaricia y la violencia-, no descarto, incluso, que pueda verme ante descuidos con el código penal que, auguro, terminarían corriendo idéntica suerte. Sin embargo, me atrevo a señalar una excepción negativa, un delito que me repugna de forma particular y con el que no contemplo ningún tipo de benevolencia comprensiva, por nimia que sea o por mucha patología mental que se le quiera atribuir como eximente: el abuso y la violencia sexual a los niños, a las niñas y a los adolescentes.
Desde hace años, buena parte de la prensa española, viene dando cobertura a campañas a favor de la pena de muerte y la cadena perpetua contra condenados por casos de pederastia, violaciones y terrorismo, movidos por sucesos de execrable violencia y promovidos por lobbies más o menos conocidos entre los que se encuentra la Asociación Víctimas del Terrorismo. Lejos de cuestionar su legitimidad para hacerlo -por más que se haga a costa de despreciar principios básicos de la Unión Europea y de la Constitución española y por más que las coberturas a estas campañas estén plagadas de morbo en torno a los casos tratados y de juego para la distracción de la masa, tan fomentada por la bien llamada “Cultura de la Transición”-, contrasta esa vehemencia con el tratamiento que reciben estas mismas noticias cuando los protagonistas de los casos de pederastia y de pedofilia son miembros de la Iglesia católica. Es más que posible que la práctica invisibilidad mediática de la falta de investigación y de la denuncia pública de sacerdotes pederastas españoles haya facilitado la labor de décadas de silencio y encubrimiento clerical sobre estos crímenes repugnantes. De hecho, comparado con otros países (Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemania, Estados Unidos o Australia), es notable la diferencia del número de casos conocidos que existen por pederastia contra sacerdotes en nuestro país. Claro que alguien podría pensar que, a diferencia de otros países, en España apenas existen casos de pederastia en la Iglesia católica. Bueno, podría pensarse si no fuera porque el modo cómo son tratadas las denuncias planteadas es completamente disuasorio para las víctimas y porque, sencillamente, es mentira. España fue el foco del principal caso de pederastia en la Iglesia católica a nivel mundial en los últimos cincuenta años, el ocurrido en los seminarios de los Legionarios de Cristo. Uno de los seminarios favoritos de su fundador, Marcial Maciel –uno de los mayores pederastas del siglo XX y gran amigo del Papa Juan Pablo II- fue el de Ontaneda (Cantabria) cuyos alumnos también eran sometidos a vejaciones por parte de los sacerdotes del grupo.
Por un lado, la primera respuesta de la Iglesia católica española ante estas denuncias ha consistido tradicionalmente en la utilización del silenciocomo principal arma. Cuando no era posible el silencio, o acompañando a éste, la estrategia iba desde el chantaje a las víctimas, a la ausencia de investigación, pasando por la falta de denuncia policial, la dilatación de los procesos hasta alcanzar la prescripción o el mero encubrimiento. Por otro lado, los medios de comunicación han silenciado de diversos modos este tipo de noticias “incómodas” para ellos, a veces se supone que por convencimiento de la falsedad de las denuncias y otras veces por el miedo a perder las simpatías de una corporación tan poderosa como la Iglesia. Algunos datos para profundizar en todo ello pueden encontrarse en las noticiasgeneradas en los medios por el colectivo católico “Iglesia sin Abusos”, o en la obra de Pepe Rodríguez Pederastia en la Iglesia católica(2002), donde, entre otros casos, se explica el encubrimiento del cardenal Ricard M. Carles y algunos obispos catalanes de una red clerical de corrupción de menores.
Algunos casos en España, comenzando por el más reciente, son los del sacerdote Pere BarcelóRigo, párroco de la colonia turística de Can Picafort (Mallorca), que ha sido expulsado de la Iglesia católica tras constatar un tribunal eclesiástico que perpetró “gravísimos” delitos sexuales y que merece ser condenado por pederastia. El tribunal considera al párroco culpable de haber abusado sexualmente de tres niñas, según la noticias aparecida en Diario de Mallorcael 21 de marzo de 2013. Es la primera vez que esto ocurre en España, tomando nota al fin del nuevo rumbo eclesiástico sobre casos de pederastia y pedofilia anunciado en mayo de 2010 por Benedicto XVI –quien nueve años antes, comocardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos del mundo prohibiendo expresamente que los casos de abusos contra menores fueran denunciados a la policía, pues esos casos estaban sujetos a “secreto pontificio, y no debían ser denunciados a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones internas fueran completadas”-. Lo llamativo en el caso del cura mallorquín es que la sentencia aún no ha sido remitida al juzgado de Inca donde se instruye la causa, a pesar de haber sido ya solicitada, además del significativo apoyorecibido por otros sacerdotes al condenado, en práctica ya habitual en la Iglesia española.
A éste pueden añadirse los siguientes casos de sacerdotes españoles pederastas, que lejos de la tolerancia cero del Vaticano siguen siendo amparados por la Iglesia católica española con la complicidad de los medios de comunicación:
– El sacerdote José Martín de la Peña fue condenado por la Audiencia de Madrid el 6 de mayo de 2003 acusado de un delito continuado durante diez años de abuso sexual sobre una niña, a la que obligaba a practicarle felaciones y a la que sometía a “innumerables tocamientos lúbricos”. En la cárcel ejerció de capellán y posteriormente residió en un piso propiedad de la diócesis de Alcalá de Henares, ciudad en la que a veces celebró misa junto con el obispo en la catedral.
– El sacerdote Serafín Elena García fue condenado por el Tribunal Supremo en 2004 a 18 meses de cárcel por tocamientos impúdicos a cinco niñas menores de 12 años. Tras cumplir condena se incorporó a su parroquia en Iznájar (Córdoba), donde fue cura emérito y donde residió en una propiedad de la diócesis de Córdoba hasta el día de su muerteen marzo de 2012.
– El sacerdote y profesor de Religión en un Instituto Edelmiro Rial Fernández fue condenado por el Tribunal Supremo a 21 años de cárcel por tocamientos y felaciones a seis alumnos de entre 14 y 16 años, en febrero de 2004. Tras esta sentencia perdió su condición de sacerdote. Le concedieron el tercer gradoen mayo de 2008, alegó trabajar para una empresa de telefonía. El obispo de la diócesis de Tui-Vigo lo defendiósiempre, al igual que sus compañerosy los fielesde su iglesia.
– José Domingo Rey Godoy, sacerdote en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) fue condenado por la Audiencia de Córdoba a 11 años de prisiónen 2003 por abusos sexuales a seis niñas. El obispado lo apoyó incondicionalmente y movilizó al pueblo para solicitar su indulto. Consiguió 2.500 firmas. En 2004 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Cuentan las crónicas que el obispo Juan José Asenjo mostró “su apoyo y cercanía” al párroco, pero no tuvo más remedio que destituirle de su cargo. Quedó en libertad condicional en 2008 y reside en Córdoba.
– José Ángel Arregui Eraña, religioso de San Viator y profesor de Religión y Educación Fisica, fue detenido en Chile en agosto de 2009 con centenares de grabaciones de menores desnudos en distintos colegios españoles de la congregación (Madrid, Vitoria y Basauri), entre 2003 y 2005. Fue expulsado de la Congregación tras la condena judicial de 817 días de prisión por pedofilia.
– Francisco Javier Liante Sánchez, párroco de Mota del Cuervo (Cuenca) y profesor de Religión en un Instituto local, abusó entre 1975 y 1992 de cinco hermanos a los que quería convertir en monjes y a los que sodomizaba, con masturbaciones y felaciones habituales. El proceso concluyó en 1998 con una condenade cuatro años y nueve meses de prisión por corrupción de menores. Fue absuelto de otros tres delitos porque habían prescrito. Fue expulsado del clero y reside en un piso céntrico de Albacete.
– El sacerdote Luis José Beltrán Calvo, párroco en Alcalá la Real (Jaén), fue condenado a ocho años de cárcel por el Tribunal Supremo acusado de abusos sexuales a un monaguillo adolescente entre 1995 y 1998. El obispo de Jaén, Santiago García Aracil, se negó a condenar moralmente al párroco después de la sentencia. Al salir de prisión el sacerdotecontinuó con su misión pastoral en Mengíbar (Jaén).
La lista continúa hasta una decena más de casos con condenas de cárcel a sacerdotes pederastas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la jerarquía del clero español frente a los casos de pederastia? Si dejamos a un lado la decidida acción del obispo de Mallorca, que ha seguido de forma pionera y sin dilación las indicaciones dictadas desde el Vaticano, encontramos que lejos de la defensa de las víctimas y la denuncia judicial, la mayoría de los comentarios son a título individual, como los de Antonio Cañizares, cardenal en 2007 -actual prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos-, que achacó la “polémica” sobre la pederastia al “intento por parte de algunos de silenciar a Dios en la sociedad”, o las declaraciones del obispo de Tenerife en 2008, Bernardo Álvarez, quien afirmó que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos) y además, deseándolo, incluso si te descuidas te provocan”. Semejante defensa y justificación de la pederastia no fue suficiente para la intervención de la fiscalía de menores. ¿Qué hubiera ocurrido si las mismas declaraciones las hace un imán o un rabino? También son propias de una antología del encubrimiento y de una ceremonia de la confusión las desafortunadas declaraciones del obispo de Ciudad Real, Antonio Algora que en Conferencia de Prensa en mayo de 2010 respondía del modo cómo puede verse en el siguiente vídeo. A nivel oficial, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, anunció también en 2010, en el discurso inaugural de la XCV de la Asamblea Plenaria de la CEE “que los obispos pondrán más cuidado, los medios adecuados, para prevenir y corregir” casos de abusos sexuales a menores por parte de curas “para que nadie pueda pensar que la comisión de tales crímenes puede ser compatible con el sacerdocio”. “Es intolerable faltar tan gravemente a la castidad, a la justicia y a la caridad, abusando de una autoridad que debería haber sido puesta precisamente al servicio de esas virtudes y del testimonio del amor de Dios, del que ellas dimanan”. El problema es que la sentencia del Tribunal Supremo a pagar 30.000 euros en julio de 2007 contra Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid en ese momento, como responsable civil subsidiario al no vigilar el comportamiento del cura que cometió abusos sexuales contra un niño en la sede de la vicaría, no le otorga ninguna credibilidad. El cura era Rafael Sánchez Nieto, condenado por pederastia a dos años de cárcel. Rouco Varela, al igual que todos los obispos españoles, conocía las denuncias contra este sacerdote de mano del catequista de Aluche, Carlos Sánchez Mato. Ni él ni el resto de obispos hicieron nada.
En definitiva, todo parece indicar que el encubrimiento de los sacerdotes que abusan sexualmente de menores no es un hecho esporádico en la Iglesia española. Si por un lado, una interpretación torticera de la “ética del deber”, propia de un corporativismo psicópata, ha impedido que las jerarquías eclesiásticas permitieran denunciar ante la justicia –la civil claro, porque los casos internos eran resueltos por la vía del traslado de parroquia, unido a la humillación y difamación de las víctimas y de sus familiares, a la espera del juicio final-, por otro lado, la fiscalía y la judicatura cuando han recibido estos casos los han dilatado en exceso, asumiendo con resignación la absoluta falta de colaboración por parte de la Institución eclesiástica. ¡Qué diferencia con la Justicia belgaque permite que la policía registre sedes arzobispales buscando pruebas de abusos a menores!
¿Es la pederastia inherente a la Iglesia católica? Aunque la recurrencia a las estadísticas no es muy precisa por la naturaleza de tabú del asunto, todo parece indicar que los pederastas lo son donde hay contacto con niños y con niñas y en eso, la Iglesia católica no tiene el monopolio. ¿Incrementa el celibato obligatorio y la pacata y antinatural idea de la sexualidad que posee la Iglesia católica, así como de la orientación sexual, los casos de pederastia en su seno? Por mucho mal que hayan hecho estos dogmas, establecer un lazo de unión entre ellas y la pederastia, la pedofilia o la efebofilia sería sin duda temerario. No obstante, lo que es claro es que la Iglesia católica, ha sometido este tipo de delitos a los intereses de la organización, encubriendo a sus protagonistas hasta que fuese posible y, a veces más allá de lo posible. Menuda casa encontraron los pederastas. Llegados a este punto, el único delito que queda es la impunidad, tanto de estos delincuentes –sólo un par de decenas tienen sentencias en firme-, como de sus colaboradores y encubridores necesarios. La gravedad de estos delitos es tan alta y la incompatibilidad con la Institución donde ocurren tan escandalosa, que ni las reprimendas, ni el dinero a las víctimas, ni la solicitud de perdón clerical se hacen admisibles en un Estado de Derecho: o la justicia y los medios de comunicación abordan este asunto con la equidad de la Justicia y el rigor de la objetividad o ambos serán cómplices de estos delitos.
