Siete activistas por los derechos LGTBI declaran este jueves en el juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares por las protestas contra las pseudoterapias ilegales impartidas por el obispado de Alcalá para ‘curar’ la homosexualidad, tras una querella presentada por la asociación Abogados Cristianos por varios delitos, entre ellos uno de odio y otro contra la libertad religiosa, por los que podrían ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años y una multa de 10.000 euros.
El 1 de abril de 2019, elDiario.es publicó una investigación en la que se desvelaba la existencia de terapias ilegales para ‘curar’ la homosexualidad, impartidas en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, perteneciente a la diócesis de Alcalá, y prohibidas en la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, el 2 de abril, cerca de medio centenar de personas se manifestaron ante la catedral de Alcalá contra estos talleres, impartidos por una pseudoterapeuta que no estaba colegiada como psicóloga ni tenía licencia para ejercer.
En el transcurso de aquella protesta, que se desarrolló de forma pacífica, un reducido grupo de activistas entró en la catedral entonando cánticos contra el obispo Reig Plá, como “fuera de Alcalá” o “vosotros, fascistas, sois los terroristas”. Por esta acción, la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos presentó una querella en la que acusa a los participantes de un delito de odio, contra los sentimientos religiosos, profanación e interrupción de culto.
La querella, que fue admitida a trámite y por la que ahora tendrán que declarar los siete jóvenes identificados, podría suponer una pena de hasta cuatro años de cárcel y multas de 10.950 euros.
Para apoyar a los declarantes, varias asociaciones y plataformas por los derechos LGTBI convocaron este miércoles una acción simbólica que, ante la imposibilidad de trasladarse a Alcalá por las restricciones sanitarias, se ha celebrado frente a la catedral de la Almudena de Madrid. “La denuncia contra los compañeros es una forma de transformar la protesta en delito y culpabilizarnos, mientras ellos hacen este tipo de terapias”, explica Leo, uno de los portavoces de la acción apoyada por más de una treintena de organizaciones de todo el país.
Bajo su punto de vista, la acusación pretende “hacer ver que la protesta fue una entrada a la catedral de gente muy radical y muy destructiva y no fue así. Fue una manifestación pacífica y hubo varias personas que quisieron entrar: no echaron a nadie, estaba medio vacío, no fue un delito de odio, ni contra el sentimiento religioso, ni rompieron nada. Incluso iban acompañados de la policía, que no tuvo que intervenir”, justifica Leo, porque abandonaron el recinto a los 20 minutos. Por eso, los convocantes consideran que la querella “es muy difícil que prospere”.
La misma opinión tiene uno de los investigados que declarará mañana, que prefiere mantenerse en el anonimato. “Nos acusan de un delito de odio, que fue creado para proteger a los colectivos oprimidos, no al opresor. Se amparan en un delito que se cae por su propio peso”, indica a elDiario.es. “Al final se archivará”, confía, porque “existen precedentes de otro tipo de acciones similares y se archivan”. Tras la declaración de este jueves, el juez deberá decidir sobre el sobreseimiento de la querella o si solicita más diligencias.
Tras la publicación en elDiario.es de los audios en los que la falsa terapeuta del obispado reconocía que los cursos “pueden tener consecuencias” y que “podría ir a la cárcel” por sus intentos de ‘curar’ la homosexualidad, el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad, la asociación de consumidores Facua y Arcópoli junto al Observatorio madrileño contra la homofobia presentaron sendas denuncias ante la Consejería de Políticas Sociales.
En concreto, porque el obispado de Alcalá podría estar incurriendo en una “infracción muy grave” de la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad, que prohíbe expresamente “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona”, castigadas con multas de 20.001 a 45.000 euros. El obispado calificó entonces sus cursos como formación “educativo-sexual (educación en el amor)” y alegó que se trataba de “acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros”. La norma madrileña especifica que las terapias tampoco pueden aplicarse aunque la persona lo solicite.
Aunque la Comunidad de Madrid abrió entonces una investigación al obispado y el entonces presidente en funciones Pedro Rollán afirmó que “si se ha vulnerado la ley, habrá sanciones”, casi un año y medio después las únicas multas de las que se ha tenido conocimiento han sido las impuestas a dos de los jóvenes que tendrán que declarar este jueves. Han recibido una sanción administrativa de 600 euros por una concentración no comunicada.
Por su parte, Facua ha requerido información a la Consejería sobre el estado de su denuncia pero, según informan, no han obtenido respuesta en ningún caso. Arcópoli tampoco ha tenido conocimiento de avances relativos a la investigación de l La asociación de consumidores también presentó una denuncia contra el obispado por los mismos hechos ante la Fiscalía, que no vio delito.
“Desde nuestro análisis, vemos que se está ralentizando esto (la investigación al obispado), mientras se intenta revertir la situación con este tipo de denuncias”, desarrolla Leo, en relación a la querella presentada por Abogados Cristianos. Sobre todo, indica, “habiendo sido la denuncia al obispado anterior, los audios, que son para llorar…”.
