Un mes después de anunciar el fallo en contra de las aspiraciones de algunos padres de objetar a las materias relacionadas con Educación para la Ciudadanía (“Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”, “Educación ético-cívica” y “Filosofía y ciudadanía”), el Tribunal Supremo ya ha redactado cuatro sentencias específicas (similares aunque no idénticas, al ajustarse cada una a un recurso concreto) que fundamentan el fallo. Y la conclusión en todas ellas es la misma: “La conclusión de todo lo expuesto es que el deber jurídico de cursar la materia Educación para la Ciudadanía es un deber jurídico válido”.
Un “deber jurídico válido”. O sea, que tanto la Ley Orgánica donde se establecen las nuevas materias como los Reales Decretos que la desarrollan se ajustan a Derecho y, en consecuencia, establecen un deber para todos pues “En un Estado democrático de derecho, el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos, cualesquiera que sean sus creencias religiosas y morales”. Así que “autorizar exenciones individuales de dicha materia sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se aspira a educar”. Por todo ello, “no hay serias razones constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía”.
Quienes objetaron (y quienes apoyaron su objeción) insisten en sus tesis y, como ya se había adelantado, recurrirán las sentencias al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Con las sentencias ya dictadas, aún no sabemos qué va ha hacer la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que, a la vista de las sentencias contradictorias entre sí de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (que aceptaba la objeción) y de Asturias (que no reconocía el derecho a objetar), decidió, según palabras de la Consejera de Educación, “salvaguardar los derechos de los objetores”.
En el pleno de la asamblea de Madrid del pasado día 5 de febrero, en respuesta a la pregunta que sobre este asunto le hizo el Diputado socialista D. Mario Salvatierra, la Consejera, Dña. Lucía Figar, después de lamentar que se estuviese retrasando tanto la sentencia, literalmente dijo que “En cuanto se conozca ese texto definitivo (el de la sentencia), la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, lo acatará y lo cumplirá”.
Ya se conocen cuatro textos definitivos similares, cuatro sentencias firmes que no reconocen el supuesto derecho reclamado a objetar sobre las materias en cuestión y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha pronunciado aún, de manera que los alumnos que ejercían esa tal objeción lo siguen haciendo hoy, pese a las sentencias del Tribunal Supremo. No sé a qué espera para acatarlas y cumplirlas.
Jesús Pichel es Profesor de Filosofía
