El papa Francisco había ordenado reabrir el proceso interno de la Iglesia sobre el profesor condenado por la Justicia, pero la resolución se queda en la responsabilidad del docente y no en la de la Obra, que boicoteó el proceso e intentó desacreditar a la víctima, y tampoco aborda posibles indemnizaciones
“Los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado, constituyen una causa grave que justifican la expulsión de la Prelatura”, según el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Esta es la conclusión de la sentencia canónica del ‘caso Gaztelueta’, firmada por el delegado pontificio, José Antonio Satué, y el notario José Luis Perucha, y a la que ha tenido acceso elDiario.es.
