La niña yihadista inicia un programa de reeducación en un centro de menores
Aicha (nombre ficticio), la niña de 14 años detenida el pasado lunes en Melilla cuando intentaba cruzar la frontera con Marruecos para unirse a las filas del terrorismo yihadista en Irak, se presentó ante la juez de menores de la Audiencia Nacional con el cerebro “absolutamente lavado y centrifugado”, según fuentes judiciales. Cuatro meses de manipulación a través de las redes sociales, y la presencia en su entorno de simpatizantes salafistas —un cuñado suyo fue detenido el pasado junio por su vinculación a una célula de reclutamiento de terroristas— formatearon su mente en tiempo récord. Una familia desestructurada —dos de sus doce hermanos (ocho mujeres y cuatro varones) han pasado por la cárcel por trapichear con droga— solo contribuyó a hacer más eficaz el proceso de adoctrinamiento.
Tras tomarle declaración, la juez de menores dictó para Aicha una medida de internamiento provisional por seis meses en un centro de menores, acusada de un delito de integración en organización terrorista. El gran reto del sistema de protección de menores consiste ahora en concienciar a la adolescente de la gravedad del delito que estaba cometiendo y en inculcarle una serie de hábitos de disciplina y autoestima que permitan reinsertarla en la sociedad. Una especie de proceso inverso al lavado de cerebro que haga que la niña deje de ser una presa fácil de un grupo organizado.
Fuentes oficiosas sitúan a Aicha en un centro de la Comunidad de Madrid, para que la Audiencia Nacional, donde se instruye su caso, pueda seguir su evolución más de cerca. Aunque ningún organismo oficial confirma este extremo en un afán de proteger a la menor, Regina Otaola, directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción de Menor del gobierno regional madrileño, explica cómo será su vida en un centro cerrado femenino. “Nada más ingresar, el centro evalúa a la menor, con sus factores de riesgo familiar y social y elabora un programa individualizado de tratamiento que debe entregar en unos 20 días al juez para su aprobación. Existe un programa de tratamiento dirigido específicamente a la violencia. Se trata de que la niña interiorice que ha sido manipulada por una ideología rígida”.
Psicólogos y educadores recalcan la importancia de inculcar a los menores internos unos hábitos y disciplinas —higiene, horarios, normas de comportamiento— y capacidades sociales. “Muchos de los niños que ingresan en los centros han hecho de su capa un sayo y necesitan límites”, sostiene Otaola. En el caso de Aicha, las normas del centro impedirán que use el niqab (velo integral) que vestía en los últimos tiempos y que ocultaba su rostro cuando trataba de franquear el paso fronterizo de Beni Enzar acompañada de una amiga de 19 años. “Es una cuestión de seguridad elemental; la cara se tiene que ver. Podrá llevar un pañuelo en la cabeza y su alimentación estará adaptada a su religión, pero el burka es impensable”, afirma Otaola. Aicha, como el resto de internos, deberá también practicar deporte de forma obligatoria “Forma parte de una educación en un ocio saludable”, argumenta la directora de la Agencia de la que dependen los centros de menores infractores.
En el centro, a los menores se les imparten talleres en los que pueden desarrollar sus principales habilidades. Uno de los cursos tiene que ver con las tecnologías de la información. “Se les enseña el uso de Internet de forma responsable y coherente, para aprender pero no para chatear. En el centro los menores no tienen ni móviles, ni ordenadores personales ni tabletas”.
Un equipo técnico de la Audiencia Nacional formado por un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, evaluarán los progresos de Aicha, cuyo caso, absolutamente excepcional, será seguido muy de cerca por la fiscalía de menores. Los técnicos también pretenden evaluar a las hermanas y a la madre de la menor. Fuentes próximas al caso confían en que, pese a que Aicha se mostró muy fría y muy convencida en su primera declaración ante la juez, su corta edad permita reinsertarla con éxito. “Seis meses en un centro cerrado pueden hacer mucho si la familia pone de su parte”, sostiene Otaola.
La niña yihadista, custodiada por la Guardia Civil. / ministerio del interior
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