El grupo parlamentario socialista abandonó el pasado martes la Subcomisión del “Pacto educativo” y el miércoles, tras un intercambio de opiniones con diversos colectivos vinculados a la enseñanza, anunció la misma decisión el grupo confederal de Unidos Podemos.
El motivo inmediato es la posición cerrada del PP y Ciudadanos frente a todo avance en favor de la Escuela Pública, ya que, según las normas impuestas en dicha Subcomisión, cualquier acuerdo debe contar con 3/5 de los votos, lo que les permite vetar toda propuesta que no sea acorde con los intereses que representan.
Sindicatos y diversos colectivos vinculados a la enseñanza han manifestado su apoyo a tales decisiones y así lo hacemos también desde Europa Laica. Claro está, para no volver a las andadas.
Después de año y medio de dar vueltas en torno a su constitución, normas de funcionamiento y temas a tratar en el marco de la Subcomisión para el “Pacto educativo”, ésta encalla en el momento mismo en que se aborda uno de los problemas fundamentales: el de la financiación del sistema educativo, la superación de los recortes sufridos por la Escuela Pública y el avance siquiera hacia la media del porcentaje del PIB que se dedica en los países de nuestro entorno. No cabe alimentar mayores ilusiones cuando se pusieran sobre la mesa otros temas decisivos para un cambio real y democrático en el terreno de la educación.
Como era de prever, y se viene insistiendo desde diferentes organizaciones y colectivos comprometidos en la defensa de la Escuela Pública y Laica, no es posible conciliar intereses tan contrapuestos como, de una parte, los representados por la LOMCE del PP y los sectores que defienden privilegios privados, económicos e ideológicos, en la enseñanza y, de otra, las reivindicaciones en beneficio de la mayoría social: la Escuela Pública y Laica, Inclusiva, Gratuita y Democrática.
Cuando el PP impuso con su mayoría absoluta la LOMCE del ministro Wert, el amplio rechazo social y las masivas movilizaciones en la calle de padres, alumnos y profesores, llevó a un pronunciamiento público del resto de fuerzas políticas para proceder a su derogación -tan pronto perdiera esa mayoría-, y elaborar una nueva ley de educación de carácter verdaderamente democrático. Con el señuelo de un presunto “Pacto de Estado por la Educación”, el PP, ahora en minoría, conseguía aplazar esas decisiones y traer de nuevo a su terreno a las demás fuerzas políticas y sociales en un marco, como el de la Subcomisión de Educación, sometida desde su inicio a sus manejos antidemocráticos.
Hace tiempo que Europa Laica viene denunciando que esa Subcomisión, creada a iniciativa del PP era una trampa para, de una parte, permitir la prolongación y consolidación de la LOMCE y, de otra, bloquear los movimientos levantados por su derogación y la aprobación de las reivindicaciones ampliamente sentidas frente a las políticas de recortes y deterioro de la Escuela Pública. No tiene sentido permanecer en ese marco viciado de inicio, del que nada bueno se puede esperar.
El pasado 21 de febrero fue aprobada la PNL que, a iniciativa de Europa Laica y más de 60 colectivos y organizaciones, exige la desaparición de la Religión confesional del currículo y del ámbito escolar, así como la denuncia y derogación de los Acuerdos con el Vaticano y demás confesiones religiosas. Entendemos que ese mandato democrático, así como el resto de reivindicaciones en defensa de la Escuela Pública que exigen inmediata solución, se sitúan de hecho en ruptura con el marco y dinámica de la Subcomisión. Deben traducirse, sin más dilaciones, en medidas efectivas y leyes en favor de la mayoría social: no pueden verse bloqueadas por una Subcomisión (por lo demás, sin poder legislativo ni ejecutivo), sometida a condiciones de opacidad, control y manipulación por fuerzas que, aun siendo minoría, se otorgan el poder de imponer sus líneas rojas y mantener la misma política educativa, más allá de algún retoque en las apariencias.
Fermín Rodríguez. Responsable del Grupo de Educación de Europa Laica
