Comentarios del Observatorio
- Una vez más la cruz y la espada unidas en pleno siglo XXI para mantenerse conjuntamente como pilares de una sociedad cada día más ajena a ambos estamentos. Ejército y religión, para mantener una supuesta cohesión, como si todos sus miembros compartieran la misma creencia; para mantener una tradición secular, como si por ello fuese digna de mantenerse (baste recordar tradiciones de otro tiempo, también seculares, y hoy rechazadas, como la discriminación, el racismo, la esclavitud, …); para mantener un estatus de poder propio del Antiguo Régimen o de las dictaduras ajenas al proceso de democratización que hoy valoramos; para mantener el sometimiento a su poder frente a los Derechos Humanos y la libertad de conciencia, …
- Mantener este tipo de celebraciones vulnera la neutralidad de un Estado que se considera aconfesional, al idenificar una institución pública, en este caso el Arma de Artillería con una advocación religiosa católica. Vulera igualmente la libertad de conciencia de los militares que no se identifican con tales creencias en un tiempo en que sociológicamente la diversidad de convicciones es muy amplia y las creencias religiosas están en claro retroceso.
Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
Este 4 de diciembre se cumplen cinco siglos de la primera celebración de Santa Bárbara, en Burgos, hecho avalado por un documento en el Archivo de Simancas
El artículo 16 de nuestra Carta Magna garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. El párrafo 3º de este artículo declara la aconfesionalidad del Estado, marcando así la distancia con otros periodos históricos en los que el Estado se definía católico, pero también con la declaración de laicismo de la Constitución de 1931, al establecer que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española” y, en particular, “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
