La aprobación de la Ley 15/97 trajo consigo la entrada de fondos de inversión al sistema sanitario, la devaluación de las condiciones laborales, el recorte en el número de camas y la deshumanización de la atención sanitaria. La pandemia, que ha puesto en evidencia todas las consecuencias de esta privatización, ha despertado la reivindicación de la sanidad pública.
Cristina O. ha pasado por hospitales tanto públicos como privados desde que terminó su carrera en enfermería en 2007. Empezó en un centro público, trabajó en dos residencias, estuvo un año en un complejo del Grupo Quirón, ejerció en una tercera residencia y, antes de conseguir una plaza vacante hace ocho años en el hospital público en el que continúa actualmente, pasó por el de Manises (València), que funciona bajo el denominado modelo Alzira. “Creo que el hecho de que insista a todas mis amigas en que, por favor, vayan a parir a hospitales públicos, aunque sea en literas, resume bien mi experiencia”, apunta. Considera que los pacientes que optan voluntariamente por la atención en la privada no tienen “ni idea” de lo que hay: comparte casos de seguros que cubren solo hasta un punto, deshumanización del sistema, envío a la pública cuando el paciente ya no sale rentable. “Si lo supieran, yo creo que muchos no la elegirían”, resume.
Los hospitales privados ya suponen bastante más de la mitad del total de todos los que hay en España y suman, según los datos del último Catálogo Nacional de Hospitales, de 2019, 464 centros, de los que la gran mayoría —314— son propiedad de empresas, otros 133 de entidades benéficas —Cruz Roja y entidades religiosas— y 17 de mutuas. Mientras, los hospitales públicos que se contaban en todo el territorio estatal ese año se limitaban a 342.
La deriva de la sanidad en España hacia lo privado comenzó hace 34 años. “Hay que partir del año 1986, cuando se promulga la Ley general de sanidad”, recuerda Juan Antonio Gómez Liébana, enfermero y portavoz de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS) de Madrid. La ley que sería la base legal del sistema sanitario español se pensó, según explica Gómez Liébana, mucho más progresista de lo que finalmente fue. En sus primeros borradores se hablaba de farmacia pública, una reclamación que, afirma el sanitario, fue descartada por presión de la socialdemocracia alemana, con amplios intereses en la industria farmacéutica, dejando a España sin infraestructuras con las que producir medicamentos más allá del Centro de Farmacia Militar, y a día de hoy fuera de la actual Alianza Inclusiva por la Vacuna contra el Covid-19, de la que sí forman parte Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.
El texto también hablaba de salud bucodental, de salud mental —67 de los 91 hospitales psiquiátricos que hay en España hoy son de gestión privada— y de participación comunitaria. “Pero la Ley general de sanidad salió recortada respecto a los borradores más progresistas”, continúa Gómez de Liébana. Señala que en esa época se barajaba como principal nombre para ocupar la cartera de Sanidad el del diputado socialista Ciriaco de Vicente, que planteaba un sistema sanitario totalmente público. El ministerio finalmente fue a parar a Ernerst Lluch y la ley, que nació bajo el lema de la sanidad universal, incluyó una puerta de entrada a la intervención privada: el artículo 90 permitía los conciertos entre el sistema sanitario público y empresas si se cumplían una serie de condiciones, entre las que se citaba, en primer lugar, el uso óptimo previo de los recursos sanitarios propios, cláusula que, en la práctica, se obvió.
El dinero gastado en conciertos sanitarios en 1986 en todo el Estado ascendió a 986,3 millones de euros, según datos del Ministerio de Sanidad, un 11,31% del gasto total de la sanidad pública. Diez años después, el porcentaje destinado a conciertos rozaba el 12% del gasto sanitario —3.071 millones de euros—, y en 2005 alcanzaba el 12,4% con 6.291 millones de euros. En 2018, el último dato registrado, superaba los 8.000 millones de euros de los 71.000 millones de euros de gasto público en sanidad. “Eso da para contratar a 128.000 trabajadores del Sistema Nacional de Salud”, señala Juan Antonio Gómez de Liébana.
“La financiación pública de servicios privados mantuvo un crecimiento continuo, pero en la época de crisis económica, como los contratos con el sector privado eran rígidos, con un incremento anual fijo independientemente de los presupuestos sanitarios, aunque el presupuesto sanitario bajara, esta partida se incrementó notablemente”, expone Marciano Sánchez Bayle, médico pediatra y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Hay diferencias según territorios: frente a los 31 millones de euros de Cantabria, donde los conciertos, según datos oficiales, suponían en 2018 el 3,5% de su gasto sanitario, o los 139,7 de Castilla y León —3,7%—, en Madrid el dinero público derivado a la privada mediante conciertos alcanzó en 2018 los 845,7 millones de euros, un 10% de su gasto en sanidad pública, y en Catalunya se superaron los 2.832 millones de euros, un 26%.
“Esto lleva así desde los años 80”, lamenta Marcel·la Güell Cid respecto al gasto en Catalunya derivado a empresas privadas. Güell es enfermera jubilada y activista en diferentes movimientos sociales desde los años 70. Lidera la Comissió de Salut de la Federació d’Associacions de veïnes i veïns de Barcelona (FAVB). “Hay una estructura creada con esta especie de consorcio de hospitales que dependen de fundaciones y la gente no tiene conciencia de que es privado”, explica. Ya antes de que se aprobara la Ley General de Salud, el sistema sanitario catalán se construyó con diferencias respecto al resto del Estado que explican que más de la cuarta parte de su gasto sanitario sea destinado a conciertos, una proporción que ha sido incluso mayor en otros años —un 36,5% en 2002—. Actualmente 32 hospitales de gestión privada forman parte de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya, un ente creado en 2010 por el gobierno saliente de José Montilla (PSC) que abrió las puertas del sistema sanitario a la iniciativa privada.
“Durante estos 35 años, el artículo 90 de la Ley General de Sanidad ha sido el resquicio legal para desviar dinero a la privada”, reitera Gómez Liébana, quien recalca que estas derivaciones se centran “en intervenciones quirúrgicas sencillas y en diagnósticos fundamentalmente, y esto se hace mientras existen servicios de diagnóstico que no funcionan por la tarde y hay plantas cerradas en hospitales públicos por falta de plantilla”. Según el informe Situación actual y evolución de la atención especializada en las comunidades autónomas, publicado por la FADSP en enero de este año, en 2017 los centros privados atendieron el 19,66% de las consultas externas derivadas a atención especializada, de las que el 47,29% eran primeras consultas, y en estos centros se produjeron el 19,5% de las estancias y el 23,5% de las altas con una menor estancia media. “Los datos sobre consultas externas e ingresos abonan la hipótesis de la menor complejidad de los enfermos atendidos en el sector privado”, apunta el informe.
LLEGA LA LEY 15/97 Y EL MODELO DE GESTIÓN PRIVADA
Pero los conciertos no fueron una puerta lo suficientemente grande y en 1991 se pone en marcha el informe Abril-Martorell. “Básicamente decía que había que abrir el sistema público a la iniciativa privada usando como argumentación las palabras de siempre: eficiencia, eficacia…”, relata Gómez Liébana. Por entonces, la Ley General de Sanidad permitía los conciertos con empresas privadas, pero no la gestión privada de los hospitales y centros médicos públicos, el siguiente objetivo marcado. El 25 de abril de 1997, PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria aprueban la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.“Hay que recordar que el sistema catalán estaba muy privatizado ya y la propia Convergencia vota a favor, y el PP dice que esta ley iba a legalizarlo ya que estaba al borde de la ilegalidad. Influyeron intereses de empresas privadas y la administración catalana, que quería legitimar su modelo”, afirma el activista de CAS Madrid. Fue, como él cita, “la huida del derecho público”, una estrategia por la que las administraciones públicas se sujetan al derecho privado para alejarse de los controles y garantías del procedimiento administrativo.
“Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad”, afirmó la entonces ministra de Sanidad, la socialista Ángeles Amador Millán. “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión”, respondía Ángeles Maestro, entonces diputada de IU. Desde el PNV, María Jesús Aguirre Uribe marcó como reto “seguir consolidando los fundamentos del sistema de salud, la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la eficiencia”, y dos meses después el Gobierno vasco transformó la Osakidetza —servicio vasco de salud— en un ente público de derecho privado.
PAÍS VALENCIA, CUNA DE LA CONCESIÓN
Para llegar al origen de las concesiones hospitalarias en España hay que remontarse al 9 de febrero de 1999, cuando Eduardo Zaplana, entonces president de la Generalitat Valenciana, inauguró oficialmente las instalaciones de Alzira. El centro privado se convirtió en el primer hospital español cuya gestión se entregó a una empresa privada a cambio de un canon. No era un rescate: se trataba, según el president, de pioneras “fórmulas inteligentes de gestión” que se adaptaban a las “nuevas exigencias” para mejorar el servicio de la sanidad. Cuando Aznar fue a visitar el experimento. Meses después, se mostró entusiasmado con la idea: Alzira, dijo, “marca un camino, marca una señal, marca una tendencia y marca un modo de resolver las cosas sencillamente muy positivo en el sistema de salud español”. Había nacido en España el modelo PPP (siglas del inglés public–private partnership) aplicado el sistema sanitario.El modelo Alzira se llevó a otros hospitales del País Valencià y de otros territorios de España. El periodista Sergi Castillo calcula en su estudio La batalla per la sanitat valenciana que las concesiones valencianas, muchas de ellas controladas por el grupo Ribera Salud, han costado alrededor de 7.500 millones de euros en 15 años (2003-2018), a lo que habría que sumar los 800 millones de la factura del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y los 800 millones en resonancias magnéticas, además de otros conceptos como los denominados planes de choque o el transporte sanitario. La privatización arrasó durante esa época con mil millones de euros al año, la sexta parte del presupuesto de la Conselleria de Sanitat. Al mismo tiempo, especialmente entre 2011 y 2013, el presupuesto de la Generalitat Valenciana dedicado a sanidad fue reduciéndose. Estas “fórmulas inteligentes de gestión” implicaron, según muestran los datos de la Sindicatura de Comptes de los ejercicios 2009 a 2015, que las zonas de La Ribera, Dénia, Torrevieja, Manises y Elche, con hospitales en régimen de concesión, tuvieran 1,59 camas hospitalarias por mil habitantes frente a las 3,46 en las zonas con hospitales de primera referencia (La Fe, el General de Alacant y el Hospital de Castelló) o el 2,05 del total del País Valencià.
Durante la etapa del PP, el modelo Alzira se consolidó y Ribera Salud se expandió por País Valencià. En 2007, con Francisco Camps como presidente, se produjo un punto de inflexión: el modelo de Ribera Salud pasa a convertirse en una empresa real. El que era director del hospital Ribera, Alberto de Rosa, se convierte en conseller delegado de Ribera Salud Grupo, que elabora un plan de crecimiento a nivel nacional e internacional. La compañía entra un año después en Erescanner Salud, una unión de empresas dedicadas a las resonancias magnéticas que nació en València pero también abrió mercado en Madrid. La reversión del servicio de resonancias en territorio valenciano se produjo el pasado mes de abril.
En el 2018, con la consellera Carmen Montón a la cabeza y tres años después de la firma del pacto del Botànic, volvió por primera vez a lo público un hospital privatizado, el de Alzira, al finalizar su concesión por 20 años y decidir no renovarla el Govern. País Valencià todavía tiene activas cuatro concesiones en hospitales: el de Torrevieja (que acaba en 2021), Dénia (2023), Manises (2024) y Elche-Vinalopó (2025).
Y ESPERANZA AGUIRRE LO TRAJO A MADRID
En la Comunidad de Madrid, el nuevo paradigma llegó de la mano de Esperanza Aguirre en 2004 con su Primer Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, por el que asignó una partida de 2.280 millones de euros a la construcción de siete hospitales encargados a una serie de empresas que se quedaron con sus servicios no médicos. Entre estas constructoras se encontraba Hispania, que después vendió este contrato de gestión a Assignia, en cuyo consejo de administración entró en 2010 Manuel Lamela, consejero de Sanidad durante la implantación del Plan de Infraestructuras. Solo los actos de colocación de las primeras piedras de los nuevos hospitales en construcción costarían casi medio millón de euros, y los gastos cruzados pagados por la Consejería de Sanidad y las constructoras constituyen una pieza separada del caso Púnica.En 2007, el Gobierno de Esperanza Aguirre anuncia el segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, con tres hospitales de modelo PPP, a imagen del modelo Alzira: los de Móstoles, Torrejón y Collado-Villalba. “Cuando empieza esto, había un informe realizado por los técnicos de la Consejería de Sanidad que decía que hacían falta cuatro hospitales públicos de tamaño medio, de unas 500 camas. Frente a ese informe técnico, lo que hacen son los 14 hospitales de modelo privado, muchos de ellos de cien camas”, señala Gómez Liébana. Un año antes, 2006, la Fundación Jiménez Díaz fue beneficiaria de un concierto singular por el que la Administración le transmitió la asistencia sanitaria de 400.000 personas que hasta entonces habían sido atendidas por centros públicos. El propietario de la Fundación Jiménez Díaz era Capio, que más tarde se fusionará con el Grupo Quirón, actualmente del fondo alemán Fresenius.
Antes de los recortes, el tiempo medio de espera para intervenciones quirúrgicas rondaba los 70 días. En 2012 se alcanzó el centenar, aunque con sustanciales diferencias según la especialidad: cirugía plástica se coloca a la cabeza con un tiempo de espera medio de 333 días, mientras que en especialidades como traumatología, que suma el mayor número de pacientes en lista de espera, disminuye a los 137 días. Sánchez Bayle reconoce que, más allá de que las listas sean muy prolongadas, hay un problema de evaluación: “Es importante conocer el problema de salud y priorizar aquellos que son más graves o incapacitantes, y también se debe mejorar mucho los circuitos de funcionamiento, porque una parte de esto sucede por problemas que se derivan de forma inadecuada”. Según el portavoz de la FADSP, una correcta dotación de recursos a la Atención Primaria y una buena coordinación con la especializada reducirían las listas de espera al poder realizar el diagnóstico en el primer sistema asistencial: “Se calcula que un 30% de las pruebas diagnósticas no están indicadas correctamente, pero generan lista de espera”.
Las diferencias también son notables entre comunidades autónomas. La FADSP resuelve que Catalunya es la que presenta una tasa mayor de personas en lista de espera quirúrgica (23,32), frente a Madrid (8) y País Vasco (8,34). La demora media va desde 149 días en Castilla-La Mancha hasta 46 en Madrid, y el porcentaje que espera más de seis meses desde el 29,4% en Castilla-La Mancha hasta el 0% en La Rioja y País Vasco. En consultas externas, la lista de espera también empeoró el último año, aunque se redujo ligeramente el número de pacientes que esperó más de dos meses. De nuevo hay grandes diferencias entre territorios: 23 días en País Vasco, 130 en Andalucía, un 87% de personas tuvieron que esperar más de 60 días en Canarias y solo un 5,7% en País Vasco.
“Los estudios internacionales demuestran que, cuando un paciente es atendido en un hospital de gestión privada, la mortalidad es superior”, alerta Gómez Liébana. El sanitario se refiere a un estudio publicado en 2002 en el Canadian Medical Association Journal en el que se concluye que las probabilidades de muerte se incrementan al ser atendido en un hospital en manos de accionistas un 9,5% en perinatal, un 2% en adultos y un 8% en enfermos crónicos. “Además, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que los hospitales pequeños tienen más efectos adversos en los pacientes”, añade.
Y entonces, ¿por qué se privatiza? Sánchez Bayle identifica tres motivos, el primero de ellos ideológico. “Hay argumentos economistas neoliberales que mantienen que hay que adelgazar al máximo el sector público y que, cuanto más pueda hacer el sector privado, mejor, pero se ha demostrado que no es cierto que este modelo sea más eficiente y que se controlen los gastos, sucede exactamente lo contrario”. El segundo motivo que observa es la presión de grandes empresas, que quieren hacer negocio con los presupuestos públicos. Y el tercer factor es la corrupción. “Hay una colusión de intereses entre las administraciones que realizan las privatizaciones y el sector privado que se manifiesta en las puertas giratorias, en financiación ilegal de partidos. El problema es que la privatización conlleva mucha falta de transparencia y mucha corrupción”, resume.
DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 CONTINÚA EL ESPECTÁCULO
Durante la pandemia de Covid-19, este modelo sanitario al que Mónica García califica de “espectáculo” ha continuado. “En nuestra comunidad hay siete hospitales con modelo mixto y cuatro con modelo privado en los que, cuando ha llegado la pandemia, nos hemos encontrado con que el interlocutor es un fondo de inversión, y no es posible interactuar con ellos porque ellos operan para el beneficio de sus accionistas”, denuncia.
García ha sido una de las voces que ha denunciado el “milagro” —según lo denominan desde el PP— del hospital de Ifema, un centro con capacidad de 3.000 camas en el que, en mes y medio, se han atendido a 3.800 enfermos de coronavirus y cuyos contratos han supuesto costes por 59 millones de euros que han ido a parar a grandes empresas como Clece (ACS), Telefónica o Compass mientras los profesionales sanitarios denunciaban la falta de medios y el caos organizativo. “Han utilizado Ifema como estandarte propagandístico para tapar la mala gestión que han hecho y la falta de directrices y liderazgo en la sanidad en general, y esto tiene dos lecturas: una, que han aprovechado para hacer lo que llevan haciendo años, que es dar contratos millonarios a empresas amigas que ya habían participado en la privatización; y dos, que ni en lo peor de esta pandemia han sido capaces de sentirse orgullosos de sus hospitales públicos, y eso es ofensivo porque es donde hemos vivido el mayor drama”, denuncia la diputada.
Mientras, en Catalunya, el Govern de Quim Torra ya ha prometido a las empresas de sanidad privada el pago de 43.000 euros por paciente que haya pasado por sus instalaciones de cuidados intensivos, a pesar de que la propia patronal estima el coste en mil euros diarios. “Hay sitios en los que se aprovechó la pandemia para derivar pacientes a la privada y otros en los que se controló, como era lógico”, apunta Sánchez Bayle. Cuenta cómo una compañera suya que se contagió de coronavirus en Madrid, al recibir el diagnóstico fue llevada inicialmente al Hospital 12 de Octubre —de gestión pública—, y cuando vieron que su evolución era buena fue trasladada a un centro privado que cobrará a la Administración por su tratamiento. La historia no cambia con la pandemia: “El centro privado recoge fundamentalmente beneficios y el público intervenciones más complicadas, y esto se paga mediante conciertos y facturaciones”, resume.
Las privatizaciones continúan aun ahora, cuando comenzamos a salir de la crisis del coronavirus. A finales de junio, cientos de trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza del Hospital General Gregorio Marañón en Madrid fueron a la huelga para denunciar que el 3 de junio el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sacó a licitación los servicios de limpieza integral del hospital, que actualmente cuenta con una plantilla de 553 trabajadoras. En los mismos días, PP, Ciudadanos y Vox votaban en Zaragoza a favor de vender una parcela del Ayuntamiento para la construcción de un macrohospital privado, un proyecto en el que ya ha manifestado interés Ribera Salud.
¿CÓMO ARREGLAMOS ESTO?
“Toda la legislación se ha quedado obsoleta, no solo por la pandemia; la que menos tiene 20 años”, resume Mónica García. “La 15/097 abrió una puerta que es muy difícil de cerrar, tenía mucho de conflicto y perversión, y se ha traducido en una parasitación público-privada”. La experiencia de la pandemia, defiende, ha evidenciado la necesidad de cerrar esa puerta, lo que, según afirma “no impide que pueda haber determinados contratos donde el sustrato sea la colaboración, no la especulación”.
Gómez Liébana es más tajante y recuerda que todas las licitaciones referencian a una misma ley: “Hay que derogar la Ley 15/97 para paralizar la privatización en todo el Estado y rescatar los centros que el sistema sanitario estatal necesitase”, afirma tras recordar que algunas de las concesiones son hasta 2044 y matizar que las concesionarias ya recuperaron la inversión y que “no todos los hospitales privados que se abrieron son necesarios” por su escasa capacidad. Otra de las medidas que propone es modificar la Ley general de sanidad para que ninguna de las infraestructuras construidas con dinero público pueda ser enajenadas o alquilada. Él y Sánchez Bayle insisten en la optimización de recursos de la pública: “En Madrid se desveló que la privada hace el doble de resonancias magnéticas por máquina que la pública. Mientras en la privada el sistema funciona todos los días, en la pública solo lo hace de lunes a viernes en horario de mañana”. Si el sistema público hiciera las mismas resonancias que el privado, argumenta el portavoz de la FADSP, se reducirían las derivaciones y las listas de espera, y se mejoraría notablemente el sistema público. “Pero para eso hay que destinar recursos”, resume.
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema público y la atención primaria para prevenir futuras pandemias o los efectos de un rebrote. Pero que la población prefiere la sanidad pública ya era un hecho manifiesto. Entre 2010 y 2018, según datos de la FADSP, se incrementó el porcentaje de personas que eligieron ser tratadas por la pública tanto en consultas externas (del 48% al 56%) como para hospitalización (de cerca del 59% al 67%). Cristina O., sin embargo, recuerda la importancia de la voluntad política: “El futuro depende de las comunidades y los gobiernos; creo que en los gobiernos de derechas la tendencia seguirá siendo privatizar, porque al final los que están ganando dinero son ‘el amigo de’ o ‘el marido de’”. Que los efectos de la pandemia en la capital fueran devastadores, opina la enfermera, tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
El Covid-19, afirma Sánchez Bayle, ha evidenciado las consecuencias de la privatización, “y varias decenas de miles de personas no pueden haber muerto en balde, tenemos que sacar lecciones de la pandemia”. Cristina O. espera que sea así y que, cuando el personal sanitario salga a reclamar sus derechos o rechazar los recortes, la ciudadanía les apoye: “Sal a defendernos porque formas parte de la sanidad pública, y porque, aunque pagues tu seguro, nosotros estaremos aquí cuando tu seguro no te quiera”.