El otro día tuve un despertar inhóspito golpeado por la noticia referida a que el gobierno socialista iba a recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que obliga al Ministerio de Justicia a publicar la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
Mirando al espejo de la memoria aparece en el año 1946 el Generalísimo cuando instauró a favor de la Iglesia católica el privilegio de registrar bienes inmuebles con la sola prueba de la firma de un obispo, convirtiéndole a este en juez y notario, pero con la excepción de los bienes de culto como los templos y las iglesias.
Como saliendo de ultratumba, aparece la figura de José María Aznar quien en un alarde de ejercicio antidemocrático y aprovechando la modificación de la ley hipotecaria, elimina de un plumazo en el año 1998 la referida excepción, permitiendo a la Iglesia la inmatriculación de los bienes de culto poniendo así la guinda al pastel eclesial y disparando la codicia de los prelados de la Iglesia que acuden veloces a arramplar con todo lo que encuentran a su paso llegando a la cifra de más de 35.000 bienes inmatriculados desde 1998, según refiere la Dirección General de los Registros y del Notariado.
En esta labor se enfrascan como tributo a su contribución al alzamiento del 36, primero el franquismo y luego su discípulo más aventajado, socavando éste las leyes imperantes propinando un buen azote al artículo 14 de la Constitución por discriminar positivamente a la Iglesia católica frente al resto de entidades religiosas o no, como al resto de ciudadanos.
Ha sido la diligencia del periódico El País quien ha puesto en solfa semejante indecencia jurídica con pretensión de opacidad, al reclamar al Ministerio de Justicia la publicidad de tales inmatriculaciones, y ante su negativa, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, obligando este organismo al Ministerio de Justicia para que proceda a su publicación.
A todo este cúmulo de despropósitos viene a sumarse uno más, con la decisión del Gobierno de recurrir la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y abandonar a su suerte a la transparencia arrojándola fuera de las fronteras que sostienen el sistema democrático junto a las libertades cívicas o la división de poderes convirtiendo la Constitución en letra muerta.
El gobierno socialista está jugando con fuego en este asunto por enmendar la plana a un órgano salido de las propias entrañas del Estado y cuya misión es vigilar que rija la transparencia en el quehacer de la administración como en el resto de entidades que conforman la estructura social, cuando fueron los propios socialistas los que en el año 2017, siendo oposición, propiciaron a través del Congreso, la petición de información sobre estas inmatriculaciones. La opacidad, como antinomia de la transparencia, es el camino que marca la senda de la corrupción, es el mejor aliado de prevaricadores, defraudadores y todos aquellos que hacen de la vulneración de la ley una costumbre, es como el manto que cubre todas las fechorías de las gentes de orden.
El problema en este caso no es la cantidad de inmuebles de los que va a hacer acopio la Iglesia de una forma más o menos torticera porque sabido es que muchos inmuebles inmatriculados a su favor fueron construidos por las gentes de los pueblos y financiados con dinero municipal, ya que problema mayor es que un gobierno que se reclama progresista arroje a la basura la transparencia para aliarse con la opacidad poniendo en cuestión uno de los pilares de la democracia.
Con este bagaje el futuro que se anuncia de un próximo gobierno progresista nace tambaleante cuando el líder del IBEX 35 (la Iglesia católica) sale victorioso de una batalla en la que le va mucho en ello, ya que la publicidad de sus inmatriculaciones conllevaría la interposición de múltiples demandas. Ante este dilema, el señor Sánchez debe elegir entre salir bajo palio, como lo hiciera el dictador, o salir a hombros después de una faena complicada, cogiendo el toro por los cuernos.
Sería de agradecer que tanto los feligreses de buena fe y los partidarios del socialismo o de Podemos alzaran su voz, como lo ha hecho este diario con su monográfico sobre el tema, reclamando a sus jerarcas la defensa de la transparencia en los asuntos públicos, máxime cuando la misma versa sobre la incautación de bienes por la Iglesia que tanta alarma está creando en la población. La actuación del gobierno parece estar tomando un rumbo equivocado, lo mismo que la Iglesia, aquel poniendo como excusa que no hayan finalizado las tareas de la información que se pide al amparo del artículo 18.1a), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre sobre la Transparencia, cuando el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad ya informó sobre todos los bienes inmatriculados por la Iglesia el día 6 de febrero de 2018, según reza en los propios hechos de la resolución del Consejo de Transparencia, y solo a falta del desglose por comunidades autónomas, extremo éste que ha servido de excusa de perdedor al gobierno para impedir que se haga la luz. Por otro lado, el talante de la Iglesia está servido en asuntos que le salpican, ya desde hace tiempo con los abusos sexuales poniendo trabas a la investigación y ahora con su patrimonio ilícito presionando al gobierno para que la oscuridad perviva por los siglos de los siglos.
