«La Unión Europea se solidariza con los ciudadanos rusos a los que se les impide ejercer sus Derechos Humanos», ha sostenido el portavoz de Exteriores de la Unión.
La Unión Europea ha lamentado este jueves el endurecimiento de la legislación rusa contra la llamada «propaganda» LGTBI, asegurando que estas leyes «alimentan la homofobia».
El portavoz del Alto Representante de Exteriores de la UE, Pedro Stano, ha mostrado su «profunda preocupación» por las enmiendas aprobadas este miércoles por parte de la Duma del Estado de Rusia, que han ampliado los castigos contra quienes difundan contenido LGTBI, así como la imposición de nuevas restricciones en el marco de la ley sobre agentes extranjeros.
«Estos avances legislativos alimentan la homofobia y profundizan aún más la dura represión de cualquier discurso crítico y alternativo en el contexto de la guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania», reza un comunicado de la oficina de exteriores.
Además, la cartera liderada por Josep Borrell ha reiterado la condena «en los términos más enérgicos posibles» hacia la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero por mandato del presidente ruso, Vladimir Putin.
«La Unión Europea se solidariza con los ciudadanos rusos a los que se les impide ejercer sus Derechos Humanos», ha sostenido el portavoz de Exteriores de la Unión.
Rusia ha justificado la reforma de le ley que endurece los castigos contra quienes difunden contenidos LGTBI en la necesidad de combatir supuestamente lacras como la pedofilia, pero para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos supone «un paso más en la represión contra el colectivo».
Las autoridades rusas prevén perseguir cualquier tipo de contenido considerado contrario a los valores conservadores en Internet, medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según los medios oficiales rusos.
Las multas por «propaganda» LGTBI pueden llegar a 400.000 rublos (unos 6.400 euros) en el caso de ciudadanos de a pie, o 800.000 rublos si se trata de funcionarios. En el caso de entidades, la pena se eleva hasta los 5 millones (más de 79.000 euros), informó la agencia Interfax.
