Descargo de responsabilidad
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Según se puede ver en el DOGV, decreto 37/2022 de 25 de noviembre, el muy «progresista» gobierno del Botànic, con la excusa de asumir competencias autonómicas, acaba de firmar su propio «Concordato» autonómico con la secta católica valenciana, basándose en un pre constitucional Concordato estatal, que en el fondo no deja de ser un regalo que los franquistas de la transición hicieron a la iglesia, como pago por el apoyo a la dictadura durante más de cuarenta años.
Rompo relaciones pues, con una institucionalidad que, por más progresista que se diga, no deja de poner obstáculos en el camino hacia una sociedad verdaderamente justa, que debiera empezar por eliminar privilegios a quienes, de forma prepotente e insolidaria, los disfrutan.
Para el gobierno del Botànic, parecen ser más importantes las competencias autonómicas que el reivindicar una sociedad más igualitaria, donde los privilegios sean una excepción y no la norma. Una sociedad que tras cuarenta y tres años de democracia, en ciertos aspectos como el de la laicidad, sigue inmersa en los años negros de la dictadura, pues la invasión, expolio, uso y abuso de lo público por parte de la secta católica, convierten a la tan manoseada y malinterpretada constitución, en un referente inservible para avanzar hacia un estado laico, única garantía de más libertad, mejor igualdad y un poco de decencia.
Sólo hay que preguntarse dónde queda la libertad de conciencia del individuo (Art. 16.1 de la constitución) y la aconfesionalidad del estado (Art. 16.3) cuando para tratar temas de enseñanza, cultura, sanidad, patrimonio y hasta de justicia, un gobierno que se dice progresista, se tiene que sentar primero a hablarlo con una institución como la secta católica, creando comisiones paritarias, que tarde o temprano, reclamarán también musulmanes, judíos, protestantes,… para salvaguardar sus privilegios.
Cuando se presume de haber avanzado en democracia, en lo referente a la laicidad, seguimos anclados a una ley de Libertad Religiosa de 1980, aprobada en un momento en el que el Estado sólo mantenía relaciones con la secta católica, y cuyo articulado respondía, punto por punto, al Concordato de 1979, negociado antes de la aprobación de la Constitución del 78.
Se trata de una ley que en vez de limitarse a salvaguardar el derecho de toda persona a tener sus propias creencias religiosas (o no tenerlas), y a expresarlas abiertamente y sin temor a persecuciones, ni a que se le niegue la igualdad de derechos con sus conciudadanos, lo que prima es seguir privilegiando a la secta católica, incluyendo una financiación de 11.000 millones al año, y además, bajo la fórmula de «notable arraigo», extender también los privilegios a las otras confesiones.
Tampoco los mencionados artículos 16.1 y 16.3 de la constitución, han impedido que las instituciones públicas (gubernamentales, sanitarias, educativas, deportivas), den continuas muestras de confesionalidad religiosa, con transgresiones permanentes desde que se aprobó la constitución en 1978, sin que ello parezca quitar el sueño a quienes ejercen cargos de responsabilidad en los distintos ámbitos públicos. Hospitales, universidades, cementerios, escuelas, institutos, ministerios, ejército, diputaciones y ayuntamientos, practican y alientan actos confesionales católicos a todas horas. En estas instituciones se incumple constantemente el respeto al pluralismo confesional y no confesional de una ciudadanía diversa, pero apática e indiferente respecto a dichas prácticas inconstitucionales.
Las pocas organizaciones que, con escasos recursos y todavía menos influencia, luchan contra esta lacra de la democracia, suelen cargar las tintas en la vigencia del Concordato y sobre los políticos. Pero eso no es suficiente explicación. Mucho me temo que incluso derogando el Concordato, seguirían vigentes las mismas prácticas institucionales que hay ahora, pues la aconfesionalidad, mientras no toque lo votos, a los políticos les importa menos que un rábano, por más que en congresos y programas electorales figure desde el principio del periodo democrático.
El verdadero problema hay que achacarlo a otros factores.
Está en la degradación democrática en que está sumida la sociedad, golpeada por corruptelas, desengaños, dificultades económicas, falta de perspectivas, miedos infundidos, entretenimientos superfluos.
Está en la renuncia a entender que todo lo público debe regirse por el respeto mutuo, la igualdad de ideas/creencias y la neutralidad respecto a esas creencias.
Está en el no rechazo del soborno y chantaje al que nos someten las religiones, siempre privilegiadas, sabiendo que las creencias religiosas, no son compartidas por todos los seres humanos, y en consecuencia, esas creencias no pueden servir ni para cohesionar la sociedad, ni para generar unas leyes y normas de convivencia comunes que sirvan a todos, creyentes y no creyentes.
Ya sé que a nadie le importa, y menos todavía a esa progresía responsable de esta grave disfunción democrática, pero mi convencimiento que los auténticos cambios sociales y políticos, deben empezar por el cambio de actitudes individuales, me lleva a dar el paso de romper relaciones con esa institucionalidad progresista que por más siglos que ostentara el poder, sería incapaz de evitar que los intereses particulares sean los que dicten las relaciones sociales, un progresismo que ha demostrado hasta la saciedad su falta de modelo de sociedad alternativo al actual, su incapacidad de avanzar ni un milímetro hacia una sociedad justa e igualitaria, donde el privilegio desaparezca o sea una excepción, y no la norma.
Algún día se entenderá que en un Universo sin dioses, la única moral sería aquella que no contribuya a la maldad del mundo, ya sea en forma de privilegio, xenofobia, imposición, expolio, machismo, contaminación, esclavitud, colonialismo, apartheid, homofobia o vayan ustedes a saber, que otras formas se inventen para fastidiar la posibilidad de una vida plena, digna y diversa.
Ya me gustaría ver la cara de la progresía cuando al leer este artículo, se pregunte, «¿Y éste, qué dice?».