Es más que posible que Javier Martínez sea enviado al Vaticano como secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, mientras que los diez clérigos se enfrentan a penas que pueden llegar a la expulsión del estado clerical
El «caso Romanones» ha cerrado su fase de instrucción, pasando a juicio en la Audiencia Nacional. Pero la causa canónica por los abusos sexuales denunciados por el joven «Daniel», quien acusa a diez sacerdotes y dos laicos prosigue en Roma, en concreto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora habrá de decidir sobre el futuro del arzobispo de Granada, Javier Martínez, y sobre lassanciones a los siete curas de la diócesis que, a fecha de hoy, continúan ejerciendo como tales en sus parroquias.
Durante varios meses, el caso se había mantenido latente en Roma, después de que la Santa Sede impeliese a Martínez a entregar la documentación que, hasta en nueve ocasiones, le había solicitado el juez -con tres advertencias de sanción, y la presencia de la Policía Judicial en la sede del Arzobispado incluidas-. Ahora, tras el cierre del sumario, Doctrina de la Fe recupera la iniciativa y continuará el proceso canónico, al que no afectan las prescripciones dictadas por el juez Antonio Moreno.
Así, mientras en el ámbito civil sólo se juzgará al padre Román, dado que en el caso del resto de los inicialmente imputados los posibles delitos ya habrían prescrito, no ocurre lo propio en el eclesiástico. La normativa canónica ofrece un plazo de hasta 20 años de prescripción de los delitos desde el momento en que el joven formuló su denuncia, después de que el mismísimo Papa Francisco le pidiera perdón en nombre de la Iglesia y le animase a llevar el caso ante los tribunales.
Esto supone que los nueve sacerdotes -amén de Román- que no irán a juicio en Granada sí podrán hacerlo ante las autoridades vaticanas. Hay que recordar que siete de ellos, aún hoy, continúan ejerciendo como tales en sus respectivas parroquias, sin que el arzobispo de Granada les haya relevado de sus cargos.
El protocolo de Roma obligó a que fuera el propio Javier Martínez quien, el pasado mes de diciembre -el escrito fue registrado el pasado 15 de diciembre- hiciera llegar al juez una carta en la que le comunicaba que, tras la conclusión de la fase de instrucción, «lo comunicamos a la instancia correspondiente de la Santa Sede, a los efectos que la misma considera procedentes», tal y como informa en su número de esta semana la revista Vida Nueva.
La actuación de la Santa Sede -para la que se ha consultado, amén de a la instrucción y a las autoridades granadinas, a diversos prelados españoles y a expertos en derecho canónico y procesal- también afecta al propio arzobispo, quien ha sido declarado, como titular de la diócesis, responsable civil subsidiario del caso de abusos, y no se descarta que tenga que acudir a declarar en el juicio, cuyas fechas se conocerán próximamente. Todo parece indicar que, una vez concluida la fase de instrucción, Roma moverá las piezas que, hasta el momento y para no interferir en la investigación, le corresponden.
Como ya informara RD, es más que posible que Javier Martínez sea enviado al Vaticano como secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, mientras que los siete sacerdotes que aún hoy ejercen como tales puedan ser suspendidos en sus funciones. Los diez clérigos, sin duda, serán objeto de juicio canónico, con penas que pueden llegar a la expulsión del estado clerical.
