El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, anunció el pasado 14 de julio el envío de recibos del Impuesto de Construcciones (ICIO) a entidades religiosas con propiedades que tengan un fin lucrativo. En agosto, el gobierno municipal ultimó los preparativos para un buzoneo similar en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que todavía no ha cuajado a la espera de determinar los edificios que pagarán tributos.
Tras esas decisiones, basadas en sentencias judiciales de tribunales europeos y españolas, el pleno tiene previsto tratar este jueves una moción del gobierno municipal donde se pide precisamente al Gobierno que modifique la Ley de Mecenazgo para dar cobertura a los Ayuntamientos en este tipo de recaudación. La medida no es contradictoria con las acciones llevadas a cabo, según afirmó ayer el delegado de Hacienda, sino que son «complementarias» para la acción de gobierno.
Sólo del Impuesto de Construcciones se espera recaudar 1,5 millones de euros, sin que de momento se tenga constancia de un recurso interpuesto por alguna de las entidades afectadas. La actividad lucrativa se refiere por ejemplo al Hospital Casa de la Salud o la Universidad Católica, por citar los dos casos más conocidos en Valencia.
La propuesta de acuerdo solicita a Les Corts y al Gobierno «una reforma urgente en profundidad de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los inventivos fiscales al mecenazgo», para garantizar la «equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio».
Otro de los puntos del acuerdo es que el Gobierno «deje a los Ayuntamientos la discrecionalidad de aplicar las exenciones fiscales» y en el caso de que se mantengan que haya una compensación económica por este motivo. La moción cita las sentencias de la Gran Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la «línea que ha iniciado el Ayuntamiento».
El portavoz del grupo popular municipal, Eusebio Monzó, dijo por su parte que «Ribó subvenciona a entidades próximas al catalanismo pero quiere cobrar un impuesto a la Iglesia por la actividad que desarrolla, cuando sabe que refunda en beneficio de su impagable obra social, que atiende a muchas necesidades a las que las administraciones públicas no dan cobertura».
La previsión del gobierno municipal es reclamar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de los últimos cuatro años, lo que ha hecho con el Impuesto de Construcciones. Hasta que no se revisen todos los recibos, la delegación de Hacienda no tendrá una estimación de los ingresos potenciales, aunque se habla de unos dos millones de euros.
La Declaración de Valencia por una Financiación Justa, realizada en febrero de 2017, contó con representantes de unos 70 municipios y entonces ya se abogó por la posibilidad de poder cobrar tributos a entidades que ahora se acogen a la Ley de Mecenazgo, pero que realizan actividades lucrativas y suponen una competencia desleal para otras.
La moción del gobierno municipal va en la línea de una proposición no de ley presentada por la diputada de Compromís Isaura Navarro, donde aboga por la creación de una nueva ley de libertad religiosa que defina más la neutralidad del Estado ante las creencias religiosas.
En esta propuesta se indica la modificación de la normativa sobre exención del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza. Además, propone empezar una campaña de cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles no destinados al culto en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias. También la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, junto a la garantía del carácter laico que debe imperar para esta diputada en las escuelas.
