Es vergonzoso que a estas alturas, Casado, este nefasto personaje, revise la historia a imagen de quienes le redactan los discursos.
La historia se repite. La derecha reaccionaria que representa Pablo Casado, niega la realidad histórica; niega el golpe de Estado franquista contra la República, cuando se cumplen 85 años de aquel aciago acontecimiento que tanto sufrimiento causó y del que todavía quedan vestigios en las cunetas de tantos lugares, donde aún residen en fosas comunes más de 150.000 personas anónimas represaliadas. Nada es nuevo. Franco ya revisó la historia a su manera con la causa general y la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939.
El presidente del PP, ha realizado ante el Congreso una creinterpretación del estallido de la Guerra española (que no civil). Según sus palabras, «la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia», no reconoció que fue un alzamiento militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, surgido de las urnas y en el que sí existía ley.
También tiene su propia visión de la historia la sección Cuarta de la sala III, cuando tomó la decisión, de paralizar la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos. La intromisión se observa en la página 8 del auto, en la que describe que Franco fue «Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento». En palabra de los historiadores, es dar por bueno que era el líder legítimo antes del fin de la guerra y justo después del golpe. Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. (Ángel Viñas). «Franco nunca fue legalmente Jefe del Estado, a no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuese legítimo», dice Paul Preston.
De aquellos polvos, estos lodos; de la justicia establecida por Franco vienen estos razonamientos; porque no olvidemos que la justicia franquista era una justicia al revés. En 1939 el régimen de Franco promulgó, por decreto, la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero), con objeto de dirimir las responsabilidades durante la guerra civil y la república. Con esta ley se legitimaban las multas, los embargo de bienes, los destierros, la pérdida de la nacionalidad española; y con las restricciones de empleo, una purga generalizada del mundo laboral, profesional y funcionarial.
La LRP tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran colaborado con la República y participado en la llamada Revolución de Asturias en 1934. Esta ley estuvo vigente hasta 1969, fecha en la que prescribieron todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Se mantuvieron las inhabilitaciones y prohibiciones contra todos los líderes del exilio republicano hasta la muerte de Franco en 1975.
La represión contra los vencidos, fue complementada por la Ley sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo (1 de Marzo de 1940), al considerar que el comunismo y la masonería (y el judaísmo) eran responsables criminales de la decadencia de España, que culminaban «con la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola». Con esta ley se institucionalizaba la caza del comunista y del masón.
La causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, fue promulgada mediante decreto en 1940 y constituyó otro instrumento represor. Se abría un proceso de investigación, que afectaba a la ciudadanía en general, con el objeto de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». Todos mezclados: socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, masones, ateos y republicanos. La causa general recopiló información sobre todo tipo de acciones de autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y ciudadanos partidarios de los gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda República en 1931. La sin razón del fascismo vencedor.
En Derecho penal rige uno de los principios más elementales: el principio de irretroactividad. Este principio busca proteger a la ciudadanía, evitando que se les pueda sancionar a posteriori, por actos que cuando fueron realizados no estaban prohibidos. En el régimen del dictador este principio no se aplicó, sino todo lo contrario. En 1939 se criminalizó y castigó a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano desde 1931, a los rebeldes izquierdistas de 1934, y a todos aquellos que no se hubieran sumado a su alzamiento nacional contra el marxismo. Actos y omisiones cometidos muchos años antes a la promulgación de la vengativa norma.
El régimen franquista entendía que haber formado parte de algún sector productivo o realizado algún tipo de ocupación durante la República, era suficiente como para haber podido ser colaborador con la rebelión. Así, los soldados de reemplazo, los conductores de tranvías, funcionarios, maestros o directivos de empresas, podían ser culpables potenciales. Todo esto no era más que una de las consecuencias lógicas de un sistema de justicia penal invertida.
La dictadura subvirtió el sentido de la acción, rescatando los delitos de adhesión, auxilio o excitación a la rebelión militar, contra aquellos que se mantuvieron leales al régimen democrático legalmente establecido, frente a los golpistas que se levantaron contra la República. Todo un absurdo legal; un castillo legal prefabricado donde la justicia se aplicaba sobre el odio y la venganza.
La Constitución de 1978 no expulsó expresamente estas normas del sistema jurídico. Con la ley de Amnistía de 1977, o la llamada ley de Memoria Histórica del 2007, se ha venido a garantizar la impunidad de los crímenes franquistas. Incluso el Tribunal Supremo, en el caso del juez Garzón contra los crímenes del franquismo, decretó la extinción de responsabilidad penal por muerte, prescripción o amnistía.
Pese a todo, los procesos que se abrieron bajo la jurisdicción franquista están archivados, pero siguen abiertos. Los investigados, inculpados, procesados y condenados, por tribunales especiales y leyes de excepción, no recibido una justa reparación. Por cierto, de rebelión acusa la fiscalía a los presos políticos soberanistas en el juicio del procés. La justicia franquista es la justicia revés.
Es vergonzoso que a estas alturas, Casado, este nefasto personaje, revise la historia a imagen de quienes le redactan los discursos, que el asume, representando las #vergüanzasdeEspaña. Iñigo Errejón ha calificado de «extraordinariamente grave» que el líder del PP haya afirmado que la Guerra fue «un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia» y Pedro Sánchez le ha pedido que se retracte. El personaje viene a demostrar su talante y su mala intención.
Pablo Casado, no es que olvide, sino que niega que los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España, «y un demócrata lo debería tener meridianamente claro», le ha espetado el dirigente de Más País. La única ley legítima es la ley democrática y nunca más puede haber en España ley sin democracia y democracia sin ley «la única ley legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República», en palabras de Pedro Sánchez.
Los historiadores critican a Pablo Casado: «Ha justificado el golpe de Estado de Franco», mostrando una falta de rigor histórica. Negar la existencia de leyes durante la Segunda República es mentir. Aquellas leyes y su Gobierno elegido libremente fueron asaltados por las armas de quienes quisieron acabar con esa legitimidad. Aquello condujo a la Guerra y esto es poco discutible a estas alturas.
Bajo la visión del arqueólogo del CSIC Alfredo González-Ruibal, la sociedad está padeciendo una ofensiva del PP radicalizado que tiene su fuerte en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. «Es el PP más ultra, el que peor representa al conservadurismo español tradicional, es el de la destrucción de las placas de la Almudena con los nombres de los fusilados por el franquismo, es el de la escultura del legionario en la Plaza de Oriente.
«Es inaceptable», resume Javier Moreno Luzón. El historiador explica que Casado ha restado importancia al golpe de Estado para restarle legitimidad al Gobierno de la República. Recordando que la Guerra (que no fue civil) es una sublevación de una parte del ejército contra la ley de un orden constitucional de un gobierno legítimo, elegido en unas elecciones libres.
Para Emilio Silva (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), Casado quiere mostrar que el franquismo tenía legalidad y la República no. «Está compitiendo en el presente con las relecturas del pasado y no le importa decir este tipo de barbaridades». Pablo Casado justifica el franquismo. «Una vez más estamos ante el mito del eterno retorno de la derecha que no condena la dictadura.
España era una democracia en 1931 y en 1936. Con el golpe de Estado, Franco traicionó a la España demócrata, como ahora Pablo Casado lo hace partiendo de un déficit de conciencia histórica y democrático, que afecta a las instituciones y que identifica a la derecha española, que no asume el franquismo y niega a la República, algo propio del discurso ultraderechista.
