La cruz falangista de Callosa de Segura (Alicante) dormirá este lunes bajo techo. Cinco operarios comenzaron a desmontarla, pieza a pieza, la madrugada de este lunes, protegidos por agentes de la Guardia Civil en un amplio dispositivo de seguridad que ha incluido el corte de calles y se ha saldado con dos detenidos por resistencia a la autoridad. Los trabajos han concluido de madrugada. Horas después, el Ayuntamiento ha recibido un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ordenaba paralizar la medida.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta institución ha accedido así a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, la organización vecinal que defiende la permanencia del monumento junto a la Iglesia Arciprestal de San Martín. El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está fechado este mismo 29 de diciembre y ordena a la Corporación el cese inmediato de los trabajos para “la destrucción/retirada de la cruz y su pedestal”, así como su “traslado a cualquier lugar.
Cuando ha llegado la orden del TSJ valenciano, los operarios trabajaban para desmontar la peana o base del monumento donde están inscritos los nombres de los callosinos que murieron durante la Guerra Civil española y que lucharon en el bando franquista, para completar la retirada del monumento. El gobierno local se ha visto obligado a paralizar los trabajos por la resolución judicial.
El equipo de gobierno, formado por un tripartito –PSPV-PSOE, EU y Somos Callosa-, ha convocado para mañana martes a las 11.30 horas una rueda de prensa para valorar la resolución judicial, que es firme y no admite recurso.
El polémico monumento de mármol fue erigido al final de la Guerra Civil en homenaje a los caídos «por Dios y por la patria». En 2016, el pleno del ayuntamiento acordó retirarlo de la plaza en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Lo intentó al menos en dos ocasiones, pero se topó con una férrea oposición vecinal.
Un grupo de ciudadanos, feligreses en su mayoría de la parroquia de San Martín constituyeron una plataforma ciudadana para defender la integridad de lo que consideran un mero «símbolo religioso», carente de connotaciones políticas. Una seña de identidad local ante la que muchos creyentes se habían fotografiado durante décadas para celebrar bodas, bautizos y comuniones.
Los defensores de la cruz se conjuraron para mantener una resistencia numantina que impidiera a la corporación ejecutar la medida. «Es un símbolo del pueblo, un símbolo religioso, de unión. Aquí nadie se acuerda ya de la Guerra Civil. No queremos que haya conflicto. Hemos recogido 6.000 firmas manuales y 30.000 digitales y contamos con el respaldo de 43 entidades civiles y religiosas. Ya se eliminó el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el yugo y las flechas de la Falange. ¿Qué más quieren? La ley de Memoria Histórica está cumplida», resumía Antonio Illán, un portavoz de la plataforma, hace poco más de un año. Era diciembre de 2016 y la tensión en el pueblo había llegado a su punto álgido, cuando decenas de simpatizantes de grupos de ultraderecha se desplazaron a este pueblo de 18.000 habitantes, enclavado en la Vega Baja del río Segura, para manifestarse a favor del monumento.
Insultos y amenazas en redes sociales al alcalde
En todo este tiempo, el alcalde, el socialista Fran Maciá, se mantuvo firme en la necesidad de “cumplir la ley”. Soportó todo tipo de insultos y, recientemente amenazas, en las redes sociales. Fue incluso blanco de las críticas del párroco en alguna homilía. La polémica reabrió en el municipio cicatrices que se creían cerradas y dejó estampas más propias de épocas pasadas, donde cohabitaban ‘dos Españas’.
Los callosinos que se sentían agraviados por esta medida celebraron vigilias nocturnas con velas en las que se rezaba el rosario y se entonaban cánticos religiosos. Algunos de ellos llegaron a encadenarse a la cruz para impedir que fuera desmontada. Las campanas de la iglesia repicaron en señal de alarma y varias mujeres recorrieron las calles con un megáfono llamando a la resistencia y a la ocupación de la plaza para defender el monumento.
Este domingo por la noche, más de 300 personas con cirios encendidos volvieron a concentrarse en la plaza de España, cuya titularidad se disputan el consistorio y el Obispado. “No sabemos lo que va a pasar, pero al final la verdad brillará”, arengaba a los presentes el portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz.
La concentración era también un homenaje a “las custodias”, la punta de lanza del movimiento, unas mujeres de avanzada edad que cumplían 400 días día turnándose en sillas plegables bajo el monumento para vigilarlo. Durante la madrugada, una vez caducado el permiso, la Guardia Civil y la Policía Local han desalojado la plaza. Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos por negarse a abandonar el lugar y lanzar unos petardos a los agentes, según informa Efe.
A las seis y cuarto de la mañana, los operarios han conseguido extraer la cruz de su pedestal y subirla a un camión grúa. En ese momento, una decena de simpatizantes del tripartito ha coreado consignas a favor de la III República y se ha enfrentado verbalmente con los partidarios del monumento, pero los agentes han logrado calmar los ánimos.
El tripartito que gobierna Callosa de Segura, cuya decisión apoya la Generalitat Valenciana y ha avalado en una sentencia un juzgado de Elche, quiere instalar ahora la cruz en un museo municipal, en un espacio dedicado a la memoria. El monumento rinde memoria a 81 fallecidos del bando nacional. De ellos, 25 formaron parte de un comando falangista que trató de liberar a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, de la prisión de Alicante donde se hallaba recluido.
