A través de la creación de una fundación que gestione todos los templos.
La agenda de reuniones entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno de Pedro Sánchez continúa cumpliéndose tal y como estaba previsto en la reunión que el cardenal Omella mantuvo con el Ministro de la Presidencia Félix Bolaños el pasado verano.
Sin luz ni taquígrafos, la pasada semana se celebró un encuentro más, en el que la Iglesia cuenta con un equipo dirigido por un interlocutor privilegiado, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y con un apoyo de acreditada solvencia compuesto por el vicesecretario para Asuntos Generales, Carlos López, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.
El Gobierno insiste en el IBI
Con un buen clima y un buen tono, dos asuntos se han cruzado a propuesta del Gobierno en la agenda de las negociaciones.
Al margen de los habituales encuentros de segundo nivel en el tema educativo, que empiezan a crear cierto desconcierto en ambientes eclesiales, y del asunto de las inmatriculaciones en permanente estudio, el primero escollo es la insistencia del Gobierno de cobrar el IBI a la Iglesia sin hacer cambios legislativos.
Un empeño del Gobierno socialista que pretende obviar la Ley de mecenazgo, que afecta también a la Iglesia y a las organizaciones eclesiales. Todo ello muestra que lo que le interesa al Gobierno es el dinero de la Iglesia, así como la batalla del relato para poder decir que ha “conseguido” que la Iglesia pague el IBI.
Gestionar las catedrales
El otro punto que aparece en el horizonte y que ya estaba en el anteproyecto de la Ley de Patrimonio es la creación de una fundación para la gestión de las Catedrales españolas.
No se trata solo de una propuesta del Gobierno socialista después de haber perdido las batallas legales con la Catedral de Córdoba. Se trata, según algunas fuentes de la Conferencia Episcopal, del inicio de un proceso desamortizador de las catedrales en España según el modelo francés.
Otro de los aspectos que solapadamente ha aparecido en las reuniones es la propuesta de una reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado, tal y como se está proponiendo desde las terminales políticas de los partidos que están en el Gobierno. Un proceso que será largo y complicado, en el que, tarde o temprano, deberá intervenir la Santa Sede con toda su maquinaria diplomática.
