Hace tiempo que cualquiera de las demandas de mayor calado democrático choca con la imposibilidad de su satisfacción en el marco constitucional y los desarrollos legislativos que han configurado el régimen del 78, desde su inicio y a lo largo de cuarenta años. Ahí tenemos el “problema catalán”, que ha terminado por estallar en una gravísima crisis de confrontación entre, de una parte, un Estado rígidamente amarrado a herencias del pasado y, de otra, las demandas democráticas basadas en la soberanía popular y la voluntad mayoritaria de un pueblo. Y democracia significa, ante todo y por encima de cualquier ley impuesta desde el poder, el respeto y desarrollo de los derechos democráticos tal como se han ido definiendo y conquistando en el avance civilizatorio de la humanidad.
Quienes se aferran a la “ley”, sea justa o no, como último argumento frente a cualquier legítima reivindicación social o política, no deben ignorar que están blandiendo leyes constreñidas por el “consenso” fraudulento en torno a la monarquía heredera de Franco, asumiendo, en buena medida, las hipotecas de su “atado y bien atado”. Sus herederos siguen jactándose de que el Estado “democrático” y la Constitución del 78 se fraguaron “de ley a ley”, es decir, desde las leyes del régimen de la dictadura y, por tanto, con la salvaguarda de los intereses aglutinados en torno a él.
De ahí el escaso margen no ya para una reforma sustancial de la Constitución y de los pilares del régimen actual (imposible desde su autoblindaje), sino para lograr un avance significativo en cualquier demanda democrática que ponga en cuestión el status quo al servicio de la minoría que sigue detentado el poder económico y político.
Además de la sacrosanta “unidad de España” (“antes roja que rota”, decía Calvo Sotelo, predecesor de cuantos hoy se reclaman como herederos), y la monarquía que la representa (esa que Suárez confesaba hubiera perdido un referéndum en aquel momento), existen otros capítulos intocables en el ya largo curso de leyes y reformas de la llamada “democracia”. Entre otras, la impunidad de los crímenes del franquismo (y el silencio político y jurídico sobre sus víctimas, que siguen esperando Verdad, Justicia y Reparación). Pero también el estatus de la Iglesia Católica y el cúmulo de privilegios de toda índole de que sigue gozando en un pretendido “Estado aconfesional”. Según parece, el nacional catolicismo consagrado durante el franquismo formaba parte del lote heredado y asumido por los “demócratas” de viejo y nuevo cuño.
Después de cuarenta años, sigue pendiente la asignatura de una separación efectiva del Estado con respecto a la Iglesia, que implica la laicidad de todas las instituciones públicas, la no financiación estatal de ninguna confesión religiosa, de sus actividades y establecimientos (hoy se eleva a más de 11.000 millones€), una Escuela Pública Laica y Gratuita para toda la ciudadanía, la reversión de los múltiples y cuantiosos privilegios de que sigue gozando sin merma la Iglesia Católica y que se quiere extender a otras confesiones, … Todas ellas son reivindicaciones de elemental democracia pero que no caben en el actual marco constitucional y sus desarrollos legislativos.
De todos es sabido que la Constitución de 1978 y los Acuerdos con la Santa Sede (prolongación del Concordato firmado por Franco en 1953) se elaboraron a la vez y firmaron con cinco días de diferencia. De hecho, cualquier iniciativa en dirección a un Estado laico ha sido vetada como ilegal y anticonstitucional por gobiernos de todo color y sus tribunales.
Hay que reconocer que todas y cada una de las exigencias laicistas arriba señaladas, consustanciales con todo Estado Democrático y de Derecho que se precie, se enfrentan objetivamente a un muro de reacción firmemente asentado en este régimen de falsa democracia. Lo cual no significa renunciar a la justa lucha por su consecución, esperando a que nos caigan del cielo, sino con la conciencia clara de que se constituyen en una palanca más, y muy importante, para el establecimiento de un verdadero régimen democrático en clara ruptura con las hipotecas del pasado y del presente. Es decir, se sitúan dentro de los procesos destituyentes/constituyentes abiertos (con el punto más avanzado en Cataluña) frente a un régimen cada vez más dislocado, pero incapaz siquiera de cualquier reforma de fondo.
Ahora, toda una serie de colectivos y organizaciones han logrado que entren en el Congreso varias propuestas que, en relación a la voluntad mayoritaria por derogar la LOMCE del PP y sustituirla por una nueva ley educativa democrática, garanticen la plena laicidad del sistema educativo dejando fuera del ámbito escolar la religión confesional. Para que no quede en un maquillaje más de lo mismo (denominador común de todas las “reformas” educativas hasta el día de hoy), se exige la previa Denuncia y Derogación de los Acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979 que avalan el mantenimiento, de una u otra forma, del adoctrinamiento religioso en la Escuela. ¿Qué fuerzas políticas están dispuestas a recoger esta patata caliente? Vuelven a escucharse voces para dejarlo estar y que, una vez más, “no toca”, más allá de un ligero afeite. Incluso, parece que la preocupación se centra en extender a otras confesiones religiosas parte de los privilegios de que viene disfrutando la Iglesia Católica.
Efectivamente, el derecho a decidir de Cataluña (y de todos los pueblos) o la Ley de Víctimas contra la impunidad franquista se sitúan en una línea de ruptura con el régimen heredado, que se enroca una y otra vez sobre sí mismo frente a los procesos democráticos en marcha y que, para lograr sus aspiraciones, están obligados a abrirse paso enfrentándose y rompiendo el irreformable muro legal y político. También la Denuncia de los Acuerdos Vaticanos, uno de los elementos constitutivos de este régimen caduco y los intereses antidemocráticos enquistados en él, se presenta como clave de bóveda en relación a la continuidad o ruptura de la ancestral unión del trono y el altar, que sigue pesando como una losa sobre un Estado difícilmente tomado como democrático. Sí es el momento y existe una clara disyuntiva: o dar pasos decisivos en la constitución de una verdadera democracia, o seguir sosteniendo un régimen podrido e irreformable. Se acabaron las ambigüedades complacientes y las maniobras de distracción.
Fermín Rodríguez
*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo.
