Las circunstancias en las que se produjeron los acuerdos con la Santa Sede que son anteriores en el tiempo a la Constitución se dieron en un contexto diferente del actual, con una Iglesia abierta y vinculada en España a monseñor Tarancón y durante el Episcopado abierto y liberal de Pablo VI, en pleno Concilio Vaticano II. Debe tenerse en cuenta que la Constitución de 1978 es una de las más abiertas, democráticas y liberales que ha conocido nuestro país, donde había sitio para todos y que expresaba una corriente de aire fresco que, sin duda, comprendía también a las relaciones Iglesia y Estado y la interpretación de los acuerdos con la Santa Sede.
Los diversos acuerdos son, pues, producto de aquellas circunstancias, que no tienen nada que ver con la evolución posterior que sufrió la Iglesia española y la Iglesia universal. Muchos de esos acuerdos eran temporales y suponían su terminación pocos años después, como, por ejemplo, los referentes a temas económicos cuyo coste asumiría la Iglesia a partir de los años ochenta. Por otra parte, el acuerdo en materia de educación y de enseñanza suponía también una perspectiva mucho más abierta y tolerante que la que luego finalmente resultó. En los acuerdos sobre la universalidad de la enseñanza, sobre la gratuidad total de la sanidad y sobre los derechos sociales no intervinieron para nada los convenios con la Santa Sede y fueron un producto puramente civil que se produjo fundamentalmente por impulso de los Gobiernos socialistas. Sin embargo, el cambio en la Iglesia con el final del Concilio Vaticano II, con la vuelta a los papas conservadores Juan Pablo II y Benedicto XVI, han cambiado radicalmente el panorama, y en la Iglesia española personajes como Rouco Varela han contribuido a una situación regresiva y conservadora en esta confesión. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no se atrevió a realizar la prometida Ley de Libertad Religiosa, que abarcaba a la Iglesia y actualmente, con el Gobierno del PP, las líneas más reaccionarias están abiertas y presentes. Al menos mientras esto dure será difícil resolver el tema.
Gregorio Peces-Barba es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
