Una iglesia pentecostal del oeste de Londres consiguió que las autoridades locales anularan una ordenanza que prohibía la predicación pública, la distribución de folletos religiosos y la exhibición de mensajes cristianos en espacios públicos.
El Centro Kingsborough, ubicado en Uxbridge, había interpuesto una acción legal al enterarse en 2023 de que sus habituales actividades de evangelismo se consideraban ilegales bajo la Orden de Protección de Espacios Públicos (PSPO, por sus siglas en inglés) emitida por el distrito londinense de Hillingdon. La normativa prohibía, entre otras cosas, el uso de altavoces, la entrega de literatura religiosa y la exhibición de versículos bíblicos en la zona céntrica de Uxbridge.
La iglesia, con apoyo del grupo Christian Concern y su brazo legal, el Christian Legal Centre (CLC), denunció que no se les había consultado antes de imponer la medida. Esto fue confirmado en una reunión posterior con funcionarios del ayuntamiento. Según el CLC, incluso mensajes como «Jesucristo es Señor de Señores y Rey de Reyes» o folletos introductorios al cristianismo fueron considerados una infracción de la ordenanza.
Tras la entrada en vigor de la PSPO, miembros de la congregación relataron haber sido confrontados por agentes de policía, quienes les informaron que su predicación podría conllevar multas de hasta 100 libras esterlinas o incluso acciones legales. En febrero de 2024, el pastor Dwayne López y otros evangelistas fueron cuestionados por predicar en la vía pública. Las autoridades les advirtieron sobre el uso de amplificación y sobre posibles denuncias relacionadas con el contenido de sus mensajes.
A pesar de no haberse producido arrestos, el CLC condenó estas acciones como un intento de silenciar la expresión religiosa y calificó la medida como una aplicación desproporcionada de la legislación.
El pastor Babatunde Balogun, uno de los líderes del Centro Kingsborough, denunció que la congregación fue «tratada como criminal» por ejercer su fe de manera pública y pacífica. También señaló que las restricciones impuestas generaban un clima de temor que afectaba el desarrollo de su labor comunitaria, que incluye asistencia social y actividades solidarias.
La defensa legal de la iglesia argumentó que la orden vulneraba derechos fundamentales protegidos por los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan la libertad religiosa, de expresión y de reunión. También cuestionaron la falta de evidencia que justificara tales limitaciones y señalaron que la evangelización cristiana no constituye una conducta antisocial bajo la legislación vigente.
En agosto de 2024, la Corte Suprema del Reino Unido autorizó la continuidad del proceso judicial. No obstante, en diciembre, y tras el intercambio de correspondencia con los abogados de la iglesia, el ayuntamiento de Hillingdon decidió dar marcha atrás. Reconoció que las excepciones legales ya existentes amparaban la distribución de material religioso y benéfico, y que tales acciones no podían prohibirse bajo la Ley de Protección Ambiental de 1990.
El concejo se comprometió a revisar y modificar la PSPO, eliminando las restricciones relativas a la amplificación de sonido y a la visibilidad de contenidos religiosos. También aclaró que la orden original no buscaba señalar específicamente a grupos religiosos, sino regular el uso general del espacio público.
La nueva versión de la orden, en vigor desde el 1º de mayo de 2025, eliminó las cláusulas que habían generado el conflicto legal.
Andrea Williams, directora ejecutiva del Christian Legal Centre, advirtió que permitir tales restricciones sin oposición habría sentado un precedente peligroso para la libertad de evangelización. Celebró la decisión del concejo y animó a otras iglesias a permanecer vigilantes ante medidas similares.
Por su parte, Toby Young, secretario general de la organización Free Speech Union, consideró que el simple inicio de un proceso judicial bastó para que las autoridades reconsideraran su postura, y remarcó que este caso deja una lección importante para otros gobiernos locales.
Finalmente, el ayuntamiento de Hillingdon aceptó cubrir los costos legales del Centro Kingsborough, estimados en aproximadamente 20.000 libras esterlinas.
