En primer lugar tenemos que felicitar a Antonio Aramayona, Marisol Ibáñez y Marga Ribas por haber sido absueltos en sentencia emitida en el juicio de Faltas por las que fueron denunciados y acusados.
Todos debemos felicitarnos por el funcionamiento de la justicia que ha impedido que se produzca un atropello y pisoteo de los derechos ciudadanos. Son demasiadas las veces que disposiciones de la Delegación de Gobierno han sido rectificadas en sede judicial.
Podríamos entrar a valorar lo que nos está costando a los contribuyentes las salidas de pata de banco que, con increíble frecuencia, se vienen produciendo desde que el Sr. Alcalde ostenta la responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Como muy bien recoge la sentencia absolutoria, los miembros del CNP actúan obedeciendo órdenes superiores. Aquí tenemos el primer despilfarro; la utilización sin sentido de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coaccionar la libre expresión de unos ciudadanos, en lugar de utilizar esos medios en los cometidos adecuados de velar por el cumplimiento de la ley.
El siguiente despilfarro es el del gabinete jurídico de la Delegación de Gobierno intentando articular una demanda basada en los criterios personales de un individuo que todavía cree que la calle es suya.
Y el último, es el mismo hecho del juicio, instalaciones, tribunales, personal de los juzgados, ocupados en juzgar el comportamiento de unos ciudadanos que su única falta fue intentar mostrar, con el mayor civismo, como recoge la sentencia, su desacuerdo con las medidas adoptadas por un cargo público: La consejera Serrat.
Al tiempo que se emite la sentencia por el juzgado, recibimos del Presidente de Gobierno una propuesta para dar paso a una serie de medidas de regeneración democrática.
Según los indicios de por dónde van a ir las medidas, mucho nos tememos que Rajoy confunde democracia con aritmética. A fuerza de ser sinceros creo que el pueblo llano no espera que los grandes anuncios y las grandilocuentes proclamas vayan más allá de un lavado de cara y de paso, arrimar el ascua a su sardina en la próxima cita electoral.
Si de verdad quiere regenerar algo, tiene una ocasión estupenda para comenzar implantando unas normas de comportamiento ético en los cargos públicos. Para que no se le haga muy difícil vamos a ir poco a poco y le señalaremos la primera obligación de un responsable de cualquiera de las administraciones en el desempeño de sus funciones:
1º Cumplir y hacer cumplir la ley.
¡Ojo! La ley en vigor, no la que le apetezca inventarse ad hoc.
Cuando un responsable público tiene que ser reconvenido por los tribunales una y otra vez a raíz de dictar disposiciones que cercenan y vulneran derechos fundamentales, no me parece descabellado pensar que algo hay que hacer con ese político. No puede ser que nada suceda y que los administrados queden a expensas de otra ocurrencia que les lleve de nuevo a los tribunales a defenderse de la Administración.
Como el mencionado político parece ser que faltó a clase el día que se enseñaba la conjugación del verbo dimitir, esperemos que algún miembro del Gobierno Central con competencias orgánicas y del cual dependan las delegaciones de Gobierno, sí acudiera puntualmente al colegio la mañana que su profesora explicaba el significado y utilización del verbo cesar. Aquí tiene Rajoy y comparsas una ocasión para iniciar la regeneración política.
Salvo que no le quede tiempo después de la lectura del Marca, o esté demasiado emocionado con la final del mundial, o a los miembros de su gabinete les pille en misa concediendo virginales medallas, o tal vez ocupados en hacer el parto obligatorio para las mujeres, y no reparen en cosas tan nimias como los derechos ciudadanos.
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