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Recuperando ha iniciado una ronda de reuniones con las Defensorías del Pueblo para denunciar la opacidad sobre las inmatriculaciones de la Iglesia

Llevará quejas formales a las Defensorías por la falta de transparencia y la inacción administrativa ante las inmatriculaciones

La Coordinadora RECUPERANDO está manteniendo una ronda de reuniones con las Defensorías del Pueblo —autonómicas y estatal— para trasladar su denuncia sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y solicitar actuaciones concretas en defensa del patrimonio público y de la transparencia.

RECUPERANDO recuerda que, amparándose en el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia inscribió bienes a su nombre, en los Registros de la Propiedad, mediante una mera “certificación administrativa”, un mecanismo heredado del franquismo que la equiparó indebidamente a una administración pública. En la actualidad, se estima que podrían superar los 100.000 bienes inmatriculados en el conjunto del periodo en que se aplicó este procedimiento.

Según la Coordinadora, si ese mecanismo ya carecía de garantías suficientes, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 el problema se agrava: con el principio de separación Iglesia–Estado, la Iglesia pasa a actuar como persona jurídica privada, sin potestad para emitir “actos administrativos” ni certificaciones con efectos equiparables a los de una administración pública. Por ello, RECUPERANDO sostiene que existe un problema generalizado de invalidez de estas inmatriculaciones.

En estas reuniones, la Coordinadora está trasladando tres denuncias principales:

1) Fallo del servicio público registral y del control de legalidad

RECUPERANDO denuncia el funcionamiento anormal del control de legalidad en el Registro de la Propiedad al aceptar “certificaciones administrativas” emitidas por la propia Iglesia Católica como títulos inmatriculadores. En particular, su uso en periodos en los que debió extremarse el control por incompatibilidad con el marco constitucional y por falta de garantías equiparables a las exigibles a cualquier particular. También denuncia la inscripción de lugares de culto antes de 1998, cuando la propia normativa hipotecaria lo prohibía.

2) Opacidad y vulneración del derecho de acceso a la información pública

La Coordinadora denuncia que no se ha publicado información completa, individualizada e identificable de todos los bienes inmatriculados desde 1946. Esa opacidad impide identificar bienes concretos, dificulta la defensa del patrimonio público y contraviene las obligaciones de transparencia.

3) Falta de mecanismos efectivos para investigar y revertir inscripciones indebidas

Salvo experiencias puntuales, como la del parlamento navarro, RECUPERANDO denuncia que no se han desplegado mecanismos para estudiar las inscripciones realizadas y, cuando proceda, impulsar su reversión, pese a los compromisos institucionales y las iniciativas parlamentarias que reclamaban actuaciones y transparencia.

Próximo paso: quejas formales en todas las comunidades con obstrucción o dejación de funciones

Una vez finalice esta ronda de reuniones, la Coordinadora RECUPERANDO ha decidido presentar quejas formales ante las Defensorías del Pueblo en todos los casos locales y de comunidades autónomas en los que se observe:

• obstrucción a la transparencia y a la entrega de información pública necesaria para identificar los bienes inmatriculados; y/o
• dejación de funciones en materia de tutela del patrimonio público por parte de entidades locales o administraciones autonómicas.

RECUPERANDO subraya que conocer de forma exhaustiva estos bienes y su modo de inscripción es una cuestión democrática de transparencia y de protección del patrimonio común, sin prejuzgar el uso litúrgico de los lugares de culto, pero exigiendo las garantías necesarias exigibles a cualquier ciudadano para poder dar por válida su inscripción registral.

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