La Comunidad Foral acaba de identificar, al menos, 272 fincas comunales inalienables que han sido apropiadas por la Iglesia católica, aunque podrían ser muchas más
Es la primera vez que una autonomía realiza una investigación exhaustiva sobre el patrimonio público inscrito por los obispos
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos en defensa del patrimonio público inmatriculado por la Iglesia, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que intervenga ante la apropiación masiva de bienes comunales en Navarra. Al menos, 272 fincas propiedad de los pueblos navarros habrían sido inscritas a su nombre por la jerarquía católica, según acaba de anunciar el Gobierno Foral tras una detallada investigación efectuada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en cumplimiento de un mandato parlamentario.
No son casos aislados. El Gobierno de Navarra emprendió una investigación exhaustiva –en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos– para identificar todas las fincas de naturaleza comunal o de dominio público registradas por la Iglesia en la Comunidad Foral. Al parecer, la cifra puede superar con creces la inicial de 272 fincas, lo que evidencia la magnitud del problema. Muchos municipios han aprobado mociones para sumarse a estas indagaciones y reclamar los bienes comunales inmatriculados en su término municipal, conscientes de la necesidad de defender el patrimonio común de sus vecinos.
La Coordinadora Recuperando denuncia que el mecanismo legal utilizado durante décadas para realizar estas inmatriculaciones –la llamada certificacióneclesiásticaamparada en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria– permitió a la Iglesia inscribir bienes sin título escrito de propiedad ya quebastaba una declaración unilateral del propio obispo para registrar a nombre de la Iglesia fincas e inmuebles que nunca antes habían sido inscritos.
Navarra ha podido identificar la inmatriculación de este inmenso patrimonio público y comunitario porque dispone de inventarios precisos sobre la ubicación y naturaleza de todos estos bienes. Esta iniciativa sin precedentes del Gobierno navarro demuestra que la Iglesia se ha apropiado de forma arbitraria de miles de edificios y terrenos de carácter comunal en todo el territorio español, aunque en la mayoría de las comunidades no quedan catálogos escritos que lo documenten.
La investigación navarra demostraría que estamos ante un problema mayúsculo que exige una solución de Estado que revierta la privatización masiva de monumentos, fincas forestales, plazas públicas, cementerios y otro tipo de inmuebles que nunca construyó ni financió la Iglesia católica.
Recuperando reclama al Gobierno central más transparencia y la nulidad de todas las inmatriculaciones, hoy claramente bajo sospecha, tras las investigaciones de la Comunidad Foral. Existen fundamentos jurídicos sólidos que certifican que las inscripciones episcopales vulneran principios constitucionales y legales básicos, como el de seguridad jurídica, la aconfesionalidad del Estado y el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de los bienes de dominio público.
