Más de 30 grupos, integrados en la coordinadora Recuperando, exigen que el Gobierno escuche sus propuestas tras el “apaño” pactado con la Iglesia para legalizar más de 100.000 bienes inmatriculados.
Más de 30 colectivos ciudadanos, integrados en la coordinadora Recuperando, han exigido hoy en 21 ciudades de 13 comunidades autónomas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los reciba y escuche sus propuestas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, después del “apaño” pactado con los obispos para legalizar más de 100.000 bienes, muchos de ellos de incalculable valor histórico y patrimonial.
Las asociaciones patrimonialistas han hecho entrega de una carta dirigida al jefe del Ejecutivo en las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, en la que le recuerdan las numerosas peticiones formuladas a los ministros y ministras de su Ejecutivo “ignoradas sistemáticamente”. La misiva lamenta que los “contactos secretos del Gobierno con la jerarquía católica han sido numerosos” mientras que se ha prestado “nula atención” a la coordinadora Recuperando, que agrupa a miles de ciudadanos y lleva 15 años trabajando por la recuperación del enorme patrimonio expoliado por los obispos.
“Todo parecía cambiar cuando leímos los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos y el del Gobierno de coalición”, señala la carta de Recuperando. “Más aún cuando le oímos en su discurso de investidura afirmar que iba a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que han sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, agrega el texto. Ninguno de esos compromisos del Gobierno han sido cumplidos. Bien al contrario, el presidente Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal han pactado la devolución de menos de un millar de bienes como un gesto de mero maquillaje para dar carpetazo a un grave escándalo que afecta a la legalidad constitucional, por cuanto los obispos tenían el privilegio de inscribir inmuebles y fincas con su mera autocertificación y sin aportar títulos escritos de propiedad.
La treintena de asociaciones se han concentrado a lo largo del día en Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Córdoba, San Sebastián, Gijón, Granada, Pamplona, León, Madrid, Maians, Murcia, Palencia, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La mayor parte de los actos ciudadanos se han producido ante las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, aunque también han tenido lugar frente a los obispados o monumentos emblemáticos inmatriculados. En Madrid, la concentración ha sido ante el Congreso de los Diputados.
Es la primera vez que se produce una movilización ciudadana en tantos puntos geográficos del país de forma simultánea desde el comienzo de la polémica hace ya más de una década. En junio pasado fueron 17 las ciudades participantes en las protestas, cuatro menos que hoy. El lema utilizado en todas las concentraciones ha sido “No son 1.000, son 100.000”, en referencia al listado de bienes que la Iglesia está dispuesta a devolver, tras asegurar que los había inscrito “por error”. Los obispos admiten por primera vez haberse apropiado de inmuebles y terrenos que no son suyos, lo que evidencia, a juicio de Recuperando, que han dispuesto de un mecanismo jurídico privilegiado y sin garantías que les ha permitido inscribir decenas de miles de bienes de forma arbitraria.
Los colectivos patrimonialistas sostienen que las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española y exigen al Gobierno que realice las modificaciones legales correspondientes para que los obispos puedan inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes que acrediten fehacientemente que les pertenecen y devuelvan aquellos que son de terceros o de dominio público, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias.
En la carta, Recuperando solicita una reunión con Pedro Sánchez para “abordar conjuntamente” la polémica de las inmatriculaciones y hacerle llegar “de primera mano” las propuestas de solución del colectivo ciudadano.
Carta al presidente Pedro Sánchez
La coordinadora Recuperando agrupa a una treintena de asociaciones, algunas de las cuales están compuestas por docenas de entidades. Son, por tanto, cientos de organizaciones las que agrupa. Cuando el PSOE estaba en la oposición, nos reunimos varias veces con los diputados Juan Carlos Campo, Gregorio Cámara y Antonio Hurtado, y con José Manuel Rodríguez Uribes, como secretario federal de Laicidad. Cuando el PSOE llegó al Gobierno todas nuestras solicitudes de entrevistas con los/as ministros/as Carmen Calvo, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribes, Félix Bolaños, Miquel Iceta y Pilar LLop (si bien ésta última nos remitió a un asesor de su gabinete) han sido ignoradas.
Su Gobierno ha ignorado sistemáticamente todas las solicitudes de reunión formuladas por Recuperando. Desde que Carmen Calvo se reunió en el Vaticano con Pietro Parolin, contacto que dio paso a las negociaciones con la Conferencia Episcopal Española, los contactos secretos del Gobierno con la jerarquía católica han sido numerosos. Esta dinámica contrasta con la nula atención que ha prestado el Gobierno de coalición a Recuperando.
Todo parecía cambiar cuando leímos los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos y el programa del Gobierno de coalición; más aún cuando le oímos en su discurso de investidura afirmar que iba a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que han sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
El 16 de febrero de 2021, la vicepresidenta del Gobierno presentó en el Congreso las 34.964 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, olvidando las inscritas entre 1946 y 1998. En un intento vano por enterrar el tema, dieron la patada al avispero. Recientemente, lo han vuelto a hacer: acompañando al señor Omella en la presentación de un informe sobre bienes inmatriculados realizado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, que reconoce “irregularidades” en casi 1.000 inmuebles y fincas. ¿Y qué pasa con los otros 99.000?
Por todo ello, solicitamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para abordar conjuntamente la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica y hacerle llegar de primera mano nuestras propuestas de solución de un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes.
