La Generalitat deja en evidencia al Gobierno central al publicar las inscripciones eclesiales mientras Sánchez las oculta
La coordinadora estatal Recuperando (*), que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, teme que el Gobierno central esté negociando en secreto con la Iglesia una “salida en falso” al escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones, tal como parece deducirse de recientes informaciones de prensa. La organización ciudadana advierte que no aceptará que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos.
Recuperando exige una solución global de carácter legislativo al escándalo de los más de 100.000 bienes inmatriculados por los
diocesanos desde 1946 al amparo de un subterfugio jurídico que permitía a la Iglesia inscribir a su nombre inmuebles sin aportar títulos escritos de propiedad. El colectivo considera que todas las inscripciones son nulas de pleno derecho, por contravenir el artículo 16 de la Constitución española, y que resolver el asunto de forma individualizada en los tribunales sería inviable por su alto coste y el monumental embrollo administrativo que supondría. Esa opción, argumenta el colectivo, representaría de facto la amnistía registral de casi todos los inmuebles inmatriculados.
La Generalitat de Cataluña, por su parte, acaba de hacer público el listado de bienes inscritos a nombre de la Iglesia desde 1946.
Recuperando aplaude la decisión, que es un ejemplo de transparencia en asuntos de interés general, y deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo compromiso con la publicación del listado de inmatriculaciones en todo el Estado español incumple desde hace dos años.
Recuperando, en cambio, discrepa de la solución arbitrada por la Generalitat. El Govern catalán ha abierto una oficina de mediación para dirimir los conflictos de propiedad que se puedan producir entre ayuntamientos y particulares, por un lado, y los obispados. Para la coordinadora patrimonialista, esta opción es una forma de convertir en litigios privados lo que, a todas luces, es una cuestión de Estado con graves implicaciones en relación al patrimonio público. Miles de monumentos, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro mudéjar de Aragón o el prerrománico asturiano han sido privatizados por la Iglesia católica aprovechando un vacío legal y un subterfugio jurídico. El Gobierno central está obligado, en opinión de Recuperando, a defender el valioso legado histórico apropiado por la Iglesia, que además es rehabilitado y sostenido con cuantiosos fondos públicos.
También la Generalitat valenciana acaba de mover ficha al requerir al Gobierno central el listado de bienes inmatriculados en su comunidad entre los años 1998 y 2015. En una carta al Ministerio de Justicia, la Consejería de Transparencia denuncia el “mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia católica” y quiere investigar si algunos de los inmuebles inscritos a su nombre por los obispos pueden pertenecer al dominio público.
Recuperando trabaja en una propuesta concreta para dar una solución global al dislate de las inmatriculaciones y la presentará públicamente en las próximas semanas. Mientras tanto, insta al Gobierno de Sánchez a trabajar con transparencia en la resolución del conflicto y a poner fin a la opacidad en sus negociaciones con la Conferencia Episcopal.
* Europa Laica forma parte de la Coordinadora Recuperando
