Una de las víctimas destaca que el acto aporta «mucha esperanza», si bien «falta mucho recorrido por hacer»
La presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, han presidido este miércoles un acto de reconocimiento a una veintena de personas que han denunciado abusos en el seno de la Iglesia Católica.
Al acto, celebrado en el IES Plaza de la Cruz, han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, los dos vicepresidentes del Gobierno foral, Javier Remírez y José María Aierdi, consejeros del Ejecutivo foral y representantes de todos los grupos parlamentarios, en concreto, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte; la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu; la de Geroa Bai Blanca Regúlez; la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz; el de Podemos, Mikel Buil, y la de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón.
Una de las personas reconocidas, Mikel Eciolaza, ha manifestado que la realización de un acto de este tipo aporta «mucha esperanza» a las víctimas, si bien «falta mucho recorrido por hacer».
«Tenemos la suerte en Navarra de haber encontrado una sociedad y una clase política que ha estado a la altura, pero en el resto de España están, como hasta hace poco tiempo nosotros, todavía en las sombras», ha afirmado en respuesta a los medios de comunicación.
Según ha añadido, «quien realmente tiene que hacer el trabajo es la jerarquía eclesiástica española, que es la que en ningún momento ha estado a la altura» y que «solamente» les ha «silenciado e ignorado». «Ya es tiempo de que cambien su postura. Siempre decimos que nosotros nunca vamos a estar en contra de la Iglesia, pensamos que dentro de la Iglesia hay gente muy válida que incluso nos muestra su apoyo, lo mismo que decimos que tampoco tenemos que llevar esto a un campo político», ha apuntado.
Eciolaza, que ha afirmado que «no se puede hacer política de esto», ha añadido que «tristemente, hay algún grupo en Navarra que parece querer desviar la atención, el foco mediático de la jerarquía eclesiástica diciendo que los abusos también se realizan en otros ámbitos».
«Nosotros estamos en contra de todos los abusos en todos los ámbitos pero no queremos tampoco olvidar que llevamos muchísimos años en las sombras, que se nos ha ignorado y que la Iglesia tiene una responsabilidad ineludible a la que tiene que hacer frente y que no puede esconderse desviando el foco de atención», ha reivindicado.
En cuanto a la tramitación, este jueves en el Parlamento de Navarra, de la ley foral de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos, Eciolaza ha afirmado que están «contentos» y que da «una gran esperanza, sobre todo al resto de víctimas de otras comunidades del Estado, que ahora mismo miran con mucha atención a Navarra».
Aunque a su juicio la Comunidad foral «está siendo el espejo en el que todas las víctimas se quieren ver reflejadas», ha señalado que «todavía queda mucho camino por hacer».
«Cuando la Iglesia abandona a las víctimas, siempre las instituciones públicas y la sociedad tienen que dar un paso adelante, y en Navarra así ha sido, han mostrado una gran madurez política y social. Es un gran logro para las víctimas, pero sobre todo para la sociedad en general», ha concluido.
Por su parte, la presidenta ha dado lectura a la declaración aprobada este miércoles por el Gobierno de Navarra, en la que se recoge que «durante demasiado tiempo las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica han sufrido un doble victimización, consecuencia del silencio impuesto y autoimpuesto sobre violaciones de derechos humanos muy graves».
«Ello se explica porque en el momento del hecho delictivo eran menores de edad en un contexto de especial vulnerabilidad respecto de su victimario», ha señalado, tras añadir que «los victimarios, por su parte, pertenecían a una institución que ha ocupado una posición de poder e influencia en un importante sector de la sociedad».
Estas condiciones fácticas, ha explicado, «impidieron satisfacer la demanda de justicia de las víctimas de formas diversas». «Sin embargo, es cierto que en un contexto social y político diferente, el Gobierno de Navarra ha ido dando pasos para el reconocimiento de estas víctimas a través de apoyo, visibilización pública de lo sucedido en jornadas, publicaciones, estudios y apoyo a las asociaciones de víctimas», ha manifestado.
El Gobierno de Navarra, según continúa el texto, «se compromete con los deberes de respeto y garantía a las víctimas a las que se otorga el lugar central que se merecen, mediante el reconocimiento y la memoria».
«El derecho a la memoria supone reconocer la realidad de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, asumiendo nuestra responsabilidad política, institucional y social. El Gobierno de Navarra entiende que la memoria es un arma contra la apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de ‘revisionismo’ y ‘negacionismo’, mediante las que se han justificado y negado estas actuaciones, y es un arma también contra las actitudes de indiferencia y las exhibiciones de relativismo frente a la revictimización de quienes las han padecido», recoge el texto.
Por todo ello, mediante la Declaración Institucional, el Gobierno de Navarra reconoce la existencia de violaciones graves de derechos humanos en un contexto de macrovictimización en instituciones dependientes de la Iglesia Católica; manifiesta su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales o físicos sufridos en ese contexto; reconoce su derecho a la justicia, memoria y reparación; y manifiesta su voluntad de trasladar a las víctimas dicho reconocimiento general «de una manera pública sin perjuicio de las garantías que la ley prevea».
Este reconocimiento se enmarca en la segunda sesión de FORU, el ciclo internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia, que abordará precisamente la ‘Justicia y reparación por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica’ en el que participará el magistrado irlandés Sean Ryan, que fue presidente de la Corte de Apelaciones de la República de Irlanda, ex juez del Tribunal Supremo y el responsable de liderar la Comisión Independiente para Investigar los Abusos Infantiles en Irlanda, que durante más de diez años estuvo recabando testimonios, informaciones y archivos para reparar y dignificar a las víctimas.
