Solo un tercio de los declarantes, en concreto el 32,15% decidió que parte de sus impuestos se destinara a la Iglesia, cuando en 2010, este porcentaje ascendía al 35,71%.
Cada vez que los obispos realizan alguna declaración controvertida -como la pasada semana con su velado apoyo a los indultos a los presos del ‘procés’- en los comentarios de las informaciones y en las publicaciones en redes sociales una idea parece hacerse fuerte: «otra cruz menos para la Iglesia en el IRPF«. Pero, ¿realmente influyen las opiniones de los obispos en la asignación que la Iglesia recibe de los contribuyentes a través de la declaración de la renta? ¿O se ven condicionados a la hora de emitir su opinión sobre temas conflictivos o políticamente incorrectos ante el riesgo de perder parte de sus ingresos?
Lo cierto es que en el ejercicio de 2019 -el último año del que se tienen datos, ya que la declaración de 2020 ha finalizado esta semana-, la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió 301.076.846 euros a través de la asignación tributaria. Una cifra récord, la más alta desde que se aprobó en 2007 el nuevo modelo de financiación y la primera vez en que esa cantidad supera los trescientos millones de euros. Pero, paradójicamente, es el ejercicio en el que menos contribuyentes decidieron marcar la X de la Iglesia católica. Solo un tercio de los declarantes, en concreto el 32,15% decidió que parte de sus impuestos se destinara a la Iglesia, cuando en 2010, este porcentaje ascendía al 35,71%. Un lento goteo a la baja en los respaldos que, de momento, no afecta a la cantidad final que recibe la Iglesia, ya que esta se calcula deduciendo el 0,7 por ciento de los impuestos totales de quienes eligen la casilla. Por ello, si las rentas de quienes presentan la declaración son altas, la cantidad que recibe la Iglesia puede subir a pesar de reducirse porcentualmente su respaldo.
«Por regla general, no hay un impacto directo en el apoyo a la Iglesia, por el hecho de que los obispos hagan unas declaraciones o den su opinión sobre una determinada cuestión», señala Jesús Avezuela, letrado del Consejo de Estado y director general de la Fundación Pablo VI, una entidad creada por el cardenal Herrera Oria en 1968 para la promoción del liderazgo desde la Doctrina Social de la Iglesia. Una opinión que también comparte Juan José Picó, presidente de Europa Laica. «En este caso concreto -señala Picó-, ni siquiera ha dado tiempo a que pudiera influir, ya que cuando se produjeron las declaraciones apenas quedaba una semana para la presentación de la renta».
De esta «dificultad para establecer el impacto de unas declaraciones sobre la financiación de la Iglesia» también dan cuenta desde la Fundació Ferrer i Guàrdia una institución catalana que cada año elabora un informe sobre la evolución del laicismo. Sin embargo, para su directora, Silvia Luque, sí que consta «una reducción de las aportaciones de los contribuyentes a la Iglesia católica, en concreto un descenso muy significativo de personas que marcan en exclusiva la casilla de la Iglesia». Un dato que se ve compensado por los que eligen ambas casillas -Iglesia católica y Otros fines sociales- aunque «en términos globales sí que hay un descenso de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia», puntualiza Luque.
Desde la Fundació Ferrer i Guàrdia atribuyen esta pérdida de apoyo a la progresiva secularización de la sociedad. Para Silvia Luque, «este elemento de cambio tendría que ver con el alejamiento de la Iglesia católica del sentir social, con declaraciones o planteamientos cada vez más distanciados de la realidad en temas como su posición ante la homosexualidad, el aborto o la reciente ley de la eutanasia». En ese sentido, Luque destaca un dato que recoge el Barómetro sobre religiosidad publicado por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat catalana. «Es muy interesante el dato de personas que antes eran creyentes, pero que ahora manifiestan no serlo. En 2020 ha ascendido hasta el 19,8%», recuerda Luque. Es decir, que en Cataluña, uno de cada cinco creyentes, ha dejado de serlo.
Y es que es precisamente Cataluña la comunidad autónoma donde menor apoyo encuentra la Iglesia católica en cuanto a su financiación. En el ejercicio de 2019, solo un 16,92% de los contribuyentes marcó la X de la Iglesia, mientras que la media nacional se sitúa en el 32,15 y en comunidades como Castilla La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia y La Rioja supera el cuarenta por ciento. Por provincias, Barcelona, de donde es arzobispo el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, es la que recoge un porcentaje menor en todo el territorio nacional. Solo el 16,27 de los declarantes decidió que sus impuestos contribuyeran a financiar a la Iglesia. «Percibimos una tendencia estructural, un cambio generacional», explica Luque. «Mientras que el noventa por ciento de los mayores de 65 años se declara creyente, el porcentaje se reduce a menos del cincuenta por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años», añade.
Un proceso de secularización de la sociedad al que Jesús Avezuela, desde la Fundación Pablo VI, también atribuye el descenso en este respaldo económico y no a las decisiones episcopales. «Desde siempre, la Iglesia ha opinado o hecho doctrina sobre cuestiones que no son políticamente correctas o que incluso podrían molestar a los más allegados, como ocurrió con las críticas de Juan Pablo II al capitalismo en la encíclica Centesimus Annus». Avezuela tampoco cree que la jerarquía católica vaya a condicionar sus decisiones para buscar el apoyo público. «La Iglesia no se liga a una determinada forma de actuar, han existido siempre juicios morales que no han sido del agrado de sus fieles más afines». Una idea en la que abundan desde la Conferencia Episcopal. «La iglesia tiene una propuesta hacia la sociedad que no mira a modas ni a estrategias, sino a la coherencia con su propia identidad», señalan fuentes cercanas a la CEE, que además denuncian la existencia de un «esfuerzo de hacer decir a la Iglesia lo que ella no dice, pero su propuesta de sentido es conocida, repetida y coherente, y se hace visible en sus campañas».
Sin embargo, esta influencia de la actualidad sobre la financiación eclesial sí que se ha percibido en otros países europeos, aunque en un sentido contrario. En 2006, el apoyo económico que recibía la Iglesia católica alemana se incrementó de forma sustancial tras la elección de su compatriota, Joseph Ratzinger, como papa Benedicto XVI. Después de varios años con una marcada tendencia a la baja, 2006 supuso un punto de inflexión que hoy acerca la financiación de la iglesia alemana a los siete mil millones de euros. Un respaldo más significativo, si cabe, ya que el sistema alemán, a diferencia del español, implica pagar una cantidad adicional (en torno al 8%) de impuestos a quienes se declaran creyentes, destinado a sostener a su confesión religiosa.
En todo caso, la polémica hace reverdecer el viejo debate sobre la financiación de las confesiones religiosas. Desde entidades como Europa Laica, «la Iglesia debería cumplir con su objetivo de autofinanciación cómo se establece en el Concordato» y poner fin al actual sistema de vinculado al IRPF. «Mientras esto no ocurra, nosotros recomendamos que no se marque ninguna de las casillas, porque supone detraer fondos del erario público para una organización privada», señala Juan José Picó. Una apuesta por la laicidad del Estado que también respalda Silvia Luque desde la Fundació Ferrer i Guàrdia, mientras que desde la Conferencia Episcopal defienden el actual sistema de asignación tributaria, al que su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal ha llegado a definir como «un referéndum anual». Una elección que, en los últimos cinco años, muestra «una tendencia sostenida al alza en el número de personas que han apoyado a la Iglesia y su labor», afirman.
