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RECOMENDADO: “Me avergüenza pertenecer a una iglesia que se apropió más de 100.000 inmuebles” por Luis Ángel Aguilar

Mi dicha se fue tornando en mosqueo por un parcial e incompleto documento que ni siquiera incluía las inmatriculaciones “expropiadas” entre 1946 y 1998 con las que multiplicaríamos por 3 esta relación

“Consideramos un ‘absoluto insulto’ y una ‘gran trampa’ que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados”

Europa Laica acusa al Gobierno de ser “cómplice de un expolio monumental que no se negocia ni se litiga en los tribunales”

Para acabar definitivamente con este expolio de las inmatriculaciones, además de publicar el listado completo de bienes “expropiados”, urge anular todas las inmatriculaciones realizadas, reclamándolas de oficio para el dominio público del patrimonio al que correspondiera

En éste artículo, desde nuestra creencia en Jesús de Nazaret*, nos mostramos en contra de reconocer a la Iglesia Católica la competencia jurídica para auto apropiarse de bienes de carácter público por el mero hecho de no estar registrados, además de censurar esas anacrónicas Inmatriculaciones.

Reconozco que nada más conocer la publicación del listado de los 35.000 bienes inmatriculados por la ICAR que ayer dio a conocer el Gobierno, mi primera reacción fue pensar “Por fin”. Y así lo comunicaba a mi lista de contactos, con éste twit, imaginando se paliaría ésta anomalía democrática:

“La iglesia durante muchos años, y gracias a una ley de Aznar, iba a las notarías donde, cualquier obispo, ponía a su nombre desde cocheras a pisos, desde iglesias hasta ermitas, desde montes hasta espacios comunales, que no constaran registralmente. Son las llamadas inmatriculaciones. Y aún como creyente tengo que estar en contra de ese abuso.

Pero nada más tener acceso a la relación, y sobre todo al texto, mi dicha se fue tornando en mosqueo por un parcial e incompleto documento que ni siquiera incluía las inmatriculaciones “expropiadas” entre 1946 y 1998 con las que multiplicaríamos por 3 esta relación.

Las #Inmatriculaciones:
Reclamaciones trampa con apariencia progre. Me avergüenza pertenecer a una iglesia que se apropió de 100.000 inmuebles.
Una reflexión desde la fe en Jesús de Nazaret.
En #LaTercaUtopía, el debatehttps://t.co/26JLpJwgbE a través de @luigiaguilarpic.twitter.com/ew8nl4cPiS— Luis Ángel Aguilar (@luigiaguilar) February 17, 2021

Es decir que se estaban dejando fuera expolios de bienes del patrimonio histórico tan importantes como la Mezquita de Córdoba, La Giralda de Sevilla o la catedral de Burgos que tantísimo beneficio económico aportan a la ICAR.

Y el cabreo fue mayor cuando oigo a la vicepresidenta 1ª Carmen Calvo, señalar que, “a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por “vía administrativa”, o por “la vía de los tribunales”. ¿Cuálo?

Enseguida las reacciones de quienes llevamos años en esta lucha, no se dejaron tardar: Europa Laica, Recuperando, o La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que agrupa a una veintena de colectivos, consideramos un “absoluto insulto” y una “gran trampa” que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados.

Europa Laica concretamente “denuncia la desidia y complicidad de la mayoría de la comunidad política en todo este proceso fruto, sin duda, de la rémora confesional que todavía persiste en el ámbito público” y acusa al Gobierno de ser “cómplice de un expolio monumental que no se negocia ni se litiga en los tribunales”

¿Es de recibo que @carmencalvo_ diga que, “a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, pueda reclamar alguno de estos bienes?https://t.co/ULP4BkglRKhttps://t.co/kfpgecl08J— Luis Ángel Aguilar (@luigiaguilar) February 17, 2021

Igualmente, Europa Laica denunciaba el papel jugado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo ya que, desde que asumió su cargo, parece más bien ser una ministra de la Iglesia Católica que de un gobierno secular.

Por su parte desde “Recuperando”, Andrés Valentín denunciaba la trampa de promover 35.000 litigios ante los tribunales y se preguntaba:

¿Y si hay bienes que no se reclaman, se da por hecho que son de la Iglesia? (…) ¿Qué pasará con esos miles de municipios de pocos habitantes que no tengan capacidad para litigar procesos que se prologan “durante 20 años”?

Independientemente de todas estas argumentaciones, que pueden leerse en los enlaces correspondientes, creo que la madre del cordero, y no pascual, je, je, viene de la no anulación del Concordato de 1953 y de los 5 acuerdos concordatarios que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los signados con otras confesiones religiosas. Normalidad democrática xD.

Una preguntica de @luigiaguilar para #lascosasclaras63 y @BastanteJesus
¿Es de recibo que @carmencalvo_ diga que, “a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, pueda reclamar alguno de estos bienes? pic.twitter.com/kWG8OKL8VK— Luis Ángel Aguilar (@luigiaguilar) February 17, 2021

El contenido y contexto político de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede representa una herencia manifiesta del Concordato franquista de 1953. De hecho, el primer acuerdo (1976) es netamente pre-constitucional y los otros cuatro, de 1979, -firmados tres días hábiles después de la entrada en vigor de la Constitución- contienen privilegios para la Iglesia Católica que van contra la Constitución.

Sobre el tema de las inmatriculaciones, ya recogíamos en el programa electoral de Podemos, que yo mismo redacté siendo el responsable del área de Laicidad y Libertad de Conciencia en su primer Consejo Ciudadano Estatal, la necesidad del:

“Inventario y recuperación de los bienes inmatriculados por la ICAR al amparo del ya extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del 304 de su Reglamento por el que se otorgaba a los obispos la categoría de fedatarios públicos”

Para acabar definitivamente con este expolio de las inmatriculaciones, además de publicar el listado completo de bienes “expropiados”, urge anular todas las inmatriculaciones realizadas, reclamándolas de oficio para el dominio público del patrimonio al que correspondiera y, sobre todo, denunciar de una vez por todas el citado concordato y los preconstitucionales acuerdos Iglesia-Estado, por los que la ICAR se comprometía autofinanciarse en el plazo de 3 años.

Omella y Calvo
Omella y Calvo

(*) Luis Ángel Aguilar Montero es autor de La Terca Utopía https://latercautopia.com/ miembro de coordinadora estatal de Redes Cristianas, de las CCP y del Consejo de redacción de Utopía, la revista de Cristianos de Base del Estado Español.

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