La jerarquía eclesiástica aprovechó sus privilegios legales para inmatricular las catedrales de las ocho capitales andaluzas, así como parroquias, ermitas y casas parroquiales. Pero también inscribió a su favor fincas rústicas y de regadío, olivares, parcelas industriales, párkings, garajes, locales comerciales, viviendas familiares e incluso solares destinados a uso escolar.
Hace escasamente dos meses el Consejo de Ministros hizo público un listado que incluía 34.961 bienes inmuebles que fueron inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, aprovechando el cambio legal en la Ley Hipotecaria que realizó el Gobierno de José María Aznar. El listado, que ha permanecido guardado en un cajón durante al menos 3 años, “no recoge todos los bienes inmatriculados por la Iglesia”, tal y como denuncia Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y portavoz de Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica. Según Antonio Manuel Rodríguez, “en el listado faltan todas las inmatriculaciones anteriores y, por ello, exigimos conocer todos los bienes inmatriculados desde 1946 o, como mínimo, desde 1978” y estima que “el número real de bienes inmatriculados puede ser el doble, el triple e incluso el cuádruple del que se reconoce en el listado oficial”.
El profesor cordobés ofrece datos objetivos. La presión de la ciudadanía cordobesa, escandalizada a raíz de la inmatriculación por apenas 30 euros de su monumento más emblemático —al que la jerarquía católica intentó eliminar además la nomenclatura oficial de Mezquita—, obligó al entonces alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto (PP), a hacer público un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Se trataba de 174 inmuebles ubicados exclusivamente en Córdoba capital. El listado que se ha conocido hace dos meses solo reconoce 37 inmatriculaciones en la misma ciudad. Es decir, apenas recoge un 21% del total de los bienes de cuya inmatriculación ya había constancia oficial.
También hay datos objetivos en la provincia de Cádiz que contradicen el informe que en su día hizo público la vicepresidenta Carmen Calvo. En este sentido, hay que destacar la labor realizada por la Asociación Laicista de Jerez: pese a las enormes dificultades que han encontrado para acceder a la documentación existente, han conseguido detectar otros inmuebles inmatriculados por la Iglesia y que no aparecen en el listado oficial. José Ramírez, portavoz de la asociación, explica que “hemos detectado solo en Jerez hasta 14 inmatriculaciones que no aparecen en el listado oficial”, que solo reconoce 15 bienes inmatriculados en la ciudad. “Entre los bienes inmatriculados que no aparecen están algunos de los BIC más antiguos de Jerez, como por ejemplo las iglesias de San Dionisio o San Mateo, ambas inmatriculadas en 1993”, explica Ramírez, quien apunta que “los datos que tenemos corresponden a la Diócesis de Asidonia Jerez y no a la de Cádiz”, lo que implica que las cifras reales en el conjunto de la provincia de Cádiz deben ser mucho mayores aún.
Antonio Manuel Rodríguez lamenta que “el PSOE ha instrumentalizado el listado de inmatriculaciones, circunscribiendo el problema a la reforma legal que realizó Aznar y obviando que se han inmatriculado por parte de la Iglesia más bienes durante la dictadura o incluso desde 1978 que a partir de 1998”. En este sentido, los datos hechos públicos en su día por el Ayuntamiento de Córdoba vuelven a dar la razón al portavoz de Recuperando, pues, por ejemplo, la emblemática Plaza de la Fuensanta, epicentro del barrio cordobés que tiene su mismo nombre, fue inscrita por la Iglesia en el Registro de la Propiedad en 1987.
Hay constancia documental de que la Catedral de Granada, así como otros diez templos de la misma ciudad, fueron inmatriculados apenas unos días antes de que se derogase la reforma legal de Aznar
Pero el problema del informe hecho público por el Gobierno y elaborado por el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, un colectivo profesional que tuvo un papel relevante en el proceso de inmatriculaciones, es que no incluye ni siquiera todos los bienes inmatriculados en el periodo comprendido entre 1998 y 2015. Gracias a la labor realizada por Granada Laica hay constancia documental de que la Catedral de Granada, así como otros diez templos de la misma ciudad, fueron inmatriculados in extremis, apenas unos días antes de que se derogase la reforma legal de Aznar. Sin embargo, la Catedral de Granada no figura en el listado oficial que ofreció el Gobierno.
No figura tampoco en el listado oficial la Iglesia de Santo Domingo, ubicada en Jerez e inmatriculada en 2015 a través de un proceso por el que la jerarquía eclesiástica se apropió de la Torre de la Vela, un edificio colindante que también tiene la consideración de BIC y que es propiedad municipal. Y algo parecido sucede con el convento Madre de Dios, ubicado en pleno centro de Sevilla e inmatriculado por la Iglesia en 2010, tal y como puede demostrar documentalmente Daniel González Rojas, portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, quien explica que “el gobierno de Juan Espadas (PSOE) no solo ha seguido concediendo subvenciones destinadas a ese convento, pese a ser consciente del expolio que se había producido, sino que se ha atrevido a nombrar al Arzobispo Asenjo como Hijo Adoptivo de Sevilla”.
En Andalucía, entre 1998 y 2015, la jerarquía católica se valió de la modificación legal realizada por Aznar para inscribir a su favor como mínimo 2.111 bienes inmuebles, aportando documentación acreditativa de la propiedad en solo 352 casos
Aunque haya razones más que fundadas para cuestionar la plena fiabilidad del informe que hemos conocido hace tan solo dos meses, lo cierto es que este nos proporciona datos muy interesantes. En Andalucía, entre 1998 y 2015, la jerarquía católica se valió de la modificación legal realizada por Aznar para inscribir a su favor como mínimo 2.111 bienes inmuebles, aportando documentación acreditativa de la propiedad en solo 352 casos. Es decir, la Iglesia Católica se valió de su condición privilegiada, que permitía a los obispos ejercer como notarios, para registrar a su favor un total de 1.759 inmuebles sin haber presentado ningún tipo de documento o certificación.
Un total de 1.554 de estos 2.111 bienes inmatriculados en Andalucía corresponderían a la categoría de “templos y dependencias complementarias”, cuya propiedad durante al menos el último siglo y medio de nuestra historia, incluso durante la dictadura franquista, nunca dejó de corresponder al propio Estado español. Los restantes 557 bienes inmatriculados tienen, en algunos casos, usos sorprendentes.
Resulta evidente que la Iglesia Católica, aprovechándose tanto de la reforma legal de Aznar como de los privilegios de que disfrutó desde el franquismo, ha expoliado, como afirma el profesor Antonio Manuel Rodríguez, “aproximadamente un 80% de nuestro patrimonio público”. No obstante, la jerarquía eclesiástica también se ha hecho durante estos últimos años con la propiedad de innumerables fincas de cultivo, parcelas industriales, viviendas y locales comerciales distribuidos por toda la geografía andaluza. Pero, ¿cuál es su magnitud? ¿Son solo 2.111 bienes inmuebles los que han sido expoliados o, como denuncian numerosos colectivos sociales la cifra podría ser tres, cuatro o incluso cinco veces superior? ¿Estamos hablando de 2.000, de 4.000, de 8.000 o de incluso aproximadamente 10.000 inmatriculaciones irregulares solo en Andalucía?
El portavoz de la coordinadora estatal Recuperando recuerda como “el PSOE, con su abstención en 2016 en el Parlamento, bloqueó una iniciativa que hubiera permitido conocer el número real de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Andalucía”. El pasado 25 de marzo la diputada andaluza Ángela Aguilera, afín a Teresa Rodríguez y quien junto a ella se integra actualmente en el grupo de parlamentarios no adscritos, solicitaba formalmente “información y documentación obrante relativa al listado completo de bienes inmatriculados por la jerarquía católica desde 1946”, cuando los primeros gobiernos franquistas equipararon a obispos y notarios. Sin embargo, es más que posible que la mencionada solicitud no sea ni siquiera tramitada como consecuencia de la limitación de derechos parlamentarios que el nuevo Reglamento aprobado por el Parlamento prevé para los diputados no adscritos.
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó hace ya más de tres años, concretamente el 26 de febrero de 2018, una iniciativa para que la propia institución “recabe de los Registros de la Propiedad la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia católica”. El gobierno del socialista Juan Espadas, no obstante, aún no ha elaborado —al menos no lo ha hecho público— el mencionado listado. González Rojas, portavoz de Adelante Sevilla, teme que “el PSOE nos diga ahora que ya hay un listado a nivel estatal y que, por tanto, los vecinos y vecinas de Sevilla nos quedemos sin saber la magnitud del saqueo que se ha producido en nuestra ciudad”.
En este sentido, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Sevillano ha exigido, en una carta dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo, que anule la inmatriculación de la Catedral de Sevilla, de la Giralda y del emblemático Patio de los Naranjos, un conjunto monumental que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En la convocatoria que la propia Plataforma realizó el pasado 9 de abril en la Plaza Virgen de los Reyes sus representantes reclamaron además “la publicación del listado completo de bienes inmatriculados y la anulación de todas las inmatriculaciones”
Antonio Manuel Rodríguez ha recordado vía Twitter que “PSOE y Unidas Podemos prometieron revertir las inmatriculaciones indebidas tanto en sus programas electorales como en el acuerdo de gobierno que posteriormente suscribieron” y, en declaraciones a El Salto Andalucía, ha lamentado que “dentro del gobierno de coalición para determinados temas se ejerza una batalla dialéctica y, sin embargo, no suceda lo mismo con algo tan relevante como son las inmatriculaciones irregulares realizadas por la Iglesia Católica”.
Córdoba: 399 inmatriculaciones (el 98,3% sin ninguna documentación)
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Córdoba es, sin duda, la provincia andaluza más afectada. Ateniéndonos al listado del gobierno, entre 1998 y 2015 hasta 399 bienes inmuebles fueron inmatriculados en la provincia, siendo la ciudad de Córdoba la localidad más damnificada. Sin embargo, como ya mencionábamos antes, el listado ofrecido por el Gobierno solo recoge 37 inmatriculaciones cuando la cifra real es 5 veces superior. El segundo municipio más afectado es Priego, con 25 inmatriculaciones entre las que se incluyen varias viviendas y una finca rústica con más de 6.000 metros cuadrados. Pero no muy lejos están otras localidades como Aguilar de la Frontera, donde la Iglesia inmatriculó también varias fincas rústicas y de olivares, o Puente Genil, donde se contabilizan hasta 16 inmatriculaciones. En la localidad de Baena se suman una decena de bienes inmatriculados y destaca que la Iglesia se haya hecho con la propiedad de varias viviendas y solares. En Cabra, donde se registran hasta 11 inmatriculaciones, la jerarquía católica llegó a inscribir a su nombre la Cruz del Abén Abad, un monumento ubicado en una vía verde. En Bélmez, por otra parte, se acumulan 9 bienes inmatriculados y a Iglesia se ha hecho con la propiedad de hasta 3 viviendas, dos fincas rústicas y un terreno al que se define como “pendiente de edificación”.
Almería: 349 inmatriculaciones (el 86,55% sin ningún tipo de documentación)
Almería es, tras Córdoba, la provincia andaluza más afectada por las inmatriulaciones realizadas entre 1998 y 2015. Se contabilizan en total 349 bienes inmatriculados y la Iglesia solo aportó documentación acreditativa de la propiedad en 48 casos. En Almería queda patente el interés de la Iglesia Católica por acumular terrenos de cultivo, de regadío o rústicos y, por ejemplo, sorprende que de las 6 inmatriculaciones realizadas en Vélez-Rubio solo una corresponda a un templo religioso, mientras que las 5 restantes se corresponden a diferente terrenos de cultivo que han pasado a ser propiedad del Obispado. Sorprende también el caso de Roquetas de Mar, donde la Iglesia se hizo con la propiedad de hasta tres edificios de dos plantas, un almacén, un terreno de carácter rústico e incluso un local comercial. En El Ejido, y sin aportar ningún título de propiedad, la Iglesia inscribió a su nombre tres viviendas sociales. Merece la pena destacar también el caso de Benizalón, un municipio que, según los datos censales, en 2020 apenas contaba con 262 habitantes y donde la Iglesia se convirtió gracias a la reforma de Aznar en el gran terrateniente, tras haber inscrito a su favor hasta 6 parcelas rústicas así como 2 parcelas en terrenos donde se prevé un futuro desarrollo industrial. No obstante, tras la propia ciudad de Almería, el municipio más damnificado ha sido Huércal-Overa, donde se produjeron hasta 20 inmatriculaciones, que incluyen 2 solares, 2 terrenos de pastos y otras 2 fincas de regadío y secano.
Sevilla: 295 inmatriculaciones (89% sin ninguna documentación)
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El caso más llamativo de todas las inmatriculaciones realizadas en la provincia de Sevilla es, sin duda, el de la propia Catedral junto a sus “dependencias anexas”, que incluían la Giralda y el Patio de los Naranjos, y que apenas costó al Arzobispado de Sevilla la módica cantidad de 30€. Sin embargo, como nos explica Sandra Heredia, edil de Adelante Sevilla, “la ocupación ilegal del Patio de los Naranjos se produjo antes de 1998, con la excusa de la Expo92, cuando este espacio, que había tenido un carácter público durante más de 800 años, se cerró para acoger una exposición”. Sin embargo, prosigue la edil Heredia, “una vez acabada la Expo, el Patio de los Naranjos nunca volvió a tener el carácter público que había tenido prácticamente desde la época almohade, cuando se construyó la Giralda”. El número de inmatriculaciones que se contabilizan en la propia ciudad de Sevilla no es, sin embargo, tan alto como podría haber sido si el Arzobispado no hubiera renunciado finalmente a inscribir a su nombre las numerosas y valiosísimas propiedades que las hermandades y cofradías sevillanas acumulan. En el resto de la provincia de Sevilla el caso más curioso probablemente sea el de Arahal, donde los datos oficiales revelan un total de 28 inmatriculaciones, de las cuales 22 corresponden a fincas rústicas que, aparentemente, no tienen ningún uso religioso. Otros casos sangrantes son el de El Coronil, con 11 inmatriculaciones de las que hasta 6 se corresponden con fincas rústicas y de cultivo.
Jaén: 283 casos (68% de inmatriculaciones sin documentación)
El caso de Jaén resulta curioso. A pesar de ser una de las provincias andaluzas con más bienes inmatriculados, en al menos un 32% de los casos la Iglesia Católica fue capaz de presentar algún tipo de documentación que acreditara la posesión de los inmuebles. De hecho, en el listado elaborado por el Colegio Oficial de Registradores no solo aparece la inmatriculación de la Iglesia Catedral de Baeza, sino que se recoge además que la Iglesia aportó para la misma documentación acreditativa de su propiedad. Sin embargo, en la localidad de Alcalá La Real se inmatricularon hasta 16 inmuebles de uso religioso para los que no se pudo aportar certificación alguna. En Úbeda, por otra parte, se producen 16 inmatriculaciones de inmuebles, entre ellas tres viviendas y un local para los que no se contaba con ningún título de propiedad. En el municipio de Jimena la Iglesia se hizo con la propiedad de un olivar de secano y de dos casas en el núcleo urbano sin título de propiedad alguno y destacan los casos de dos municipios como Bélmez de la Moraleda o Cabra del Santo Cristo, donde el Obispado registró a su favor, también sin certificación de propiedad, dos casas y dos cocheras.
Granada: 244 inmatriculaciones (68,5% sin documentación)
La localidad más afectada, como bien podría imaginarse, es la propia ciudad de Granada, donde se registran hasta 55 inmatriculaciones, donde no se incluye ni la propia Catedral ni al menos otras 10 iglesias que fueron registradas in extremis a favor de la jerarquía eclesiástica. Aún así, destaca que la Iglesia Católica ha inmatriculado en la propia ciudad de Granada hasta 7 locales comerciales, 8 fincas rústicas, 10 viviendas unifamiliares, una vivienda rústica ubicada en un cortijo y un garaje. Es muy sorprendente, e incluso anómalo, el caso de la localidad de Órgiva, donde no se inmatricula ningún templo religioso pero sí un total de 36 fincas urbanas y rústicas de las que la Iglesia puede presentar documentación en al menos 35 casos. No así sucedió en Loja, donde el Obispado registró a su favor una parcela de riego sin contar con título de propiedad o en Ogíjares, donde sin contar tampoco con documentación alguna, se hizo con la propiedad de un edificio que no tiene ningún uso religioso.
Málaga: 263 inmatriculaciones (68% sin documentación)
En la provincia de Málaga el mayor número de inmatriculaciones reconocidas por el Gobierno se refieren a la propia capital provincial, que acumula hasta 86 casos. El Obispado de Málaga, en este sentido, no solo se ha hecho con la propiedad de la mayor parte del patrimonio público de la ciudad, sino que también posee al menos hasta 10 parkings, un garaje, 18 viviendas, 6 solares y 2 locales comerciales. La segunda localidad más afectada es Vélez-Málaga, donde se han producido un total de 20 inmatriculaciones, entre las que destacan 4 parcelas de terreno, 1 solar, 1 vivienda, 1 aparcamiento y una finca de carácter urbano ubicada en el barrio de Triana y sobre la que la Iglesia no pudo aportar ningún título de propiedad. Y resulta curioso el caso del municipio de Alcaucín, donde la Iglesia Católica ha inmatriculado, sin ningún título de propiedad dos parcelas ubicadas en un polígono industrial que, según los datos de que se disponen, cumplen o deberían cumplir algún tipo de función religiosa.
Huelva: 226 inmatriculaciones (96,5% sin documentación alguna)
En la provincia de Huelva vuelve a destacar poderosamente la atención el interés de la Iglesia Católica por acumular terrenos rústicos, agrícolas e incluso fincas ubicadas en polígonos industriales o en sus inmediaciones. Destaca el caso de la localidad de Villarrasa, que acumula hasta 15 inmatriculaciones, correspondiéndose 5 de las cuales con terrenos de carácter agrícola mientras que otras 5 se refieren a parcelas de carácter rústico y localizadas en zonas adyacentes a donde se proyectan diferentes polígonos industriales. De las 226 inmatriculaciones de las que se tiene constancia en la provincia de Huelva entre 1998 y 2015 en tan solo 8 casos la Iglesia Católica fue capaz de presentar documentación que acreditara su propiedad. En los 218 casos restantes le bastó con una simple firma del obispado.
Cádiz: 51 inmatriculaciones (96,1% sin documentación)
Cádiz es la provincia andaluza con menor número de inmatriculaciones reconocidas por el gobierno, aunque las cifras oficiales son más que cuestionables. Jerez de la Frontera es el municipio con más bienes inmatriculados. Sin embargo, como antes explicábamos, la Asociación Laicista de Jerez ha conseguido identificar tan solo en el propio municipio hasta 14 inmatriculaciones que no constan en el listado gubernamental. No obstante, siguiendo los datos oficiales conocidos recientemente, siguen sorprendiendo hechos como el de la inmatriculación en Conil de la Frontera de un solar destinado a “equipamiento escolar”, la de cuatro bienes inmuebles de carácter urbano en la Línea de la Concepción y la inscripción de una vivienda unifamiliar de buenas dimensiones en San Fernando que, según lo publicado por el Colegio de Registradores, se ubica en la calle Maestro Portela 37.
