En los últimos días se ha producido un revuelo monumental a cuenta de las casi mil propiedades inmatriculadas “por error” a nombre de la jerarquía de la Iglesia católica. Un vórtice mediático a la altura del escándalo inmobiliario ejecutado por Obispos, sí, pero que solo ha sido posible porque en él han tomado parte, además, fedatarios, administraciones públicas y gobiernos de todo tipo y condición. Y que con el acuerdo de hace dos semanas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal corre el riesgo de convertirse en agua de borrajas y, lo que es peor, quedar sepultado para siempre. Porque bajo la apariencia de una “corrección de errores” se silencia de manera vergonzosa el verdadero y tremendo problema patrimonial que asociaciones como Recuperando vienen denunciando desde hace años.
Con el fin clarificar la realidad y con la idea de ejemplificar – a partir de lo ocurrido en Getafe mismo – este latrocinio perpetrado a escala estatal, es que escribimos este artículo, que pretende ser el primero de una serie cuyo objetivo consiste sin duda en impugnar todas y cada una de las ignominias cometidas por la Jerarquía de la Iglesia en el epicentro mismo de nuestro municipio. Para ello, y aún a riesgo de ser repetitivos, nos vemos en la necesidad de recapitular, para situar a los y las lectoras en el terreno alambicado en que nos movemos.
Como siempre, intentaremos ser lo más sencillos y didácticos que nos permita nuestro entendimiento. Que quizá en este asunto no sea el suficiente.
1.- El artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Un artículo franquista-aznarista
Pese a su apariencia discreta, o precisamente por ello, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria es la madre del cordero. El origen y fuente de todos los problemas. Lo explicamos.
Durante la generalidad de su Historia, España se ha configurado como un Estado confesional, del que la Iglesia católica ha sido considerada parte. Además de una incuestionable influencia social, a algunos de sus diocesanos se les confirió en el pasado la potestad de expedir certificaciones equiparables a las libradas por los funcionarios de la Administración. A este procedimiento se lo conoce como Certificación diocesana.
“Lo que el cura dice, va a misa”. De algún lado tenía que venir esta expresión.
En 1946, con Franco en el poder – en el auge del nacional-catolicismo puro y duro -, ese privilegio tomó forma en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que permitía a los obispos inmatricular bienes – es decir, inscribirlos por primera vez en el Registro de la Propiedad – sin necesidad de invocar título de propiedad alguno. Bastaba con que el bien no estuviera inscrito previamente para que el Obispo pudiera acceder al Registro y ponerlo al nombre de la Diócesis correspondiente.
“Le invisto a Su Eminencia como fedatario público”.
“Pues póngame decenas de miles de bienes y tres cuartos más. Porque lo digo yo. Y punto”.
Pero había una excepción a esa barra libre registral: los templos de culto, que quedaban fuera del alcance del privilegio por tener la denominación de bienes de dominio público. Incluso contando con títulos de propiedad, un Obispo no podía inmatricular un templo católico, algo que sí podían hacer con los suyos los responsables de otras confesiones religiosas desde que fueron permitidas. Y eso había que arreglarlo, claro que sí.
En 1998 Aznar planteó una reforma para corregir esa discriminación, que lo era, y que los templos católicos también pudieran acceder al Registro. Pero el muy ladino lo hizo de manera tal que nos coló de rondón tres consecuencias:
– En primer lugar, convertir de nuevo a los obispos en jueces y partes, al situar el foco en el actor inmobiliario – los diocesanos y su capacidad para certificar – y no en el bien en sí. Esta facultad había quedado derogada en 1978 con la promulgación de la Constitución.
– En segundo lugar, entorpecer la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, al basar su reforma en la rehabilitación del artículo 206. La probabilidad de llegar al alto tribunal con un solo artículo es muy escasa.
– Y en tercer lugar, asegurarse una adhesión sin fisuras de la Iglesia a toda su política. Porque… ¿Qué prócer conservador no quiere tener a su servicio a una de las organizaciones privadas más reaccionarias que existen en el mundo y con mayor capacidad de movilización en su favor?
Lo que quizá Aznar no pudo prever fue la magnitud del terremoto que generaría, pues desde ese mismo instante la COPE puso en marcha un complejo engranaje de inmatriculaciones en masa, milimétricamente diseñado, que permitió a las Diócesis acumular, entre 1998 y 2015, 35.000 bienes de toda índole, desde calles a cementerios pasando por fincas rústicas, plazas, garajes, almacenes o locales comerciales. Todo lo que uno pueda imaginarse. Y si a eso le sumamos lo que hicieron desde 1946 a 1978 llegamos a la cifra de 100.000 propiedades. Porque el artículo 206 no nace en 1998, con la rehabilitación de José Mari, sino en 1946, con Franco en el poder.
Y desde 1946 no son 1.000. Ni 35.000. Que son 100.000. Se dice pronto.
Desagregado esto sería 2000 al año. Casi siete al día. Teniendo en cuenta los horarios de curro de los Registros de la Propiedad eso implica que cada menos de dos horas había un obispo inmatriculando un bien. Y así un día tras otro durante cincuenta años. Una auténtica orgía inmobiliaria.
2.- Año 2015. La amnistía registral de Rajoy
En 2014 las dimensiones de este escándalo de privilegio y acúmulo habían alcanzado cotas tan altas que costaba un triunfo verlas desde cerca. Pero una mirada más lejana – y desde luego nada sospechosa de revolucionaria -, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, vino a tirar de las orejas al Estado español al decirle que “el derecho de inmatriculación reconocido a la Iglesia católica por la legislación interna no tiene – tenía – motivo aparente” (Sociedad Anónima del Ucieza c. España, nº 38963/08, 4 de noviembre de 2014).
Y a pesar de ser muy recortado, ese veredicto hizo saltar todas las alarmas. Cómo sería el zambombazo, que Rajoy – registrador de la propiedad él e hijo y hermano de fedatarios públicos – dio órdenes estrictas a Gallardón y Catalá de borrar todo rastro del 206. Quizá se olía la tostada de que tras la sentencia de Estrasburgo sobre Ucieza pudiera llegar una impugnación en masa y se apresuró a cortar por lo sano. Y exigió una amnistía registral sin paliativos. Qué tíos, que ambos ministros consiguieron no solo dejar sin efecto el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, sino evitar cualquier posibilidad de retroactividad. Es decir, que aunque constituyeran un escándalo, no se revisarían.
“Nunca no se podrá decir que no han estado mal hechas las 100.000 inmatriculaciones” – que argumentaría Rajoy. “Pero lo hecho, hecho está, y así vamos a dejarlo”. Una maniobra graciosa con la Iglesia, pero sin duda ninguna exenta de toda gracia para el resto de la sociedad.
3.- Año 2022. De la amnistía del PP al indulto más conservador del Gobierno más progresista
Mientras el PP tapaba el escándalo, el PSOE gobernaba a duras penas la oposición y solicitaba sin descanso a Rajoy que le entregara el listado que contenía las propiedades inmatriculadas por la jerarquía de la Iglesia entre 1998 y 2015 y al amparo del 206. Por aquel entonces seguramente albergaba la idea de apadrinar esta reivindicación, no porque fuera progresiva y justa, sino porque encajaba con su labor de zapa y porque había que abanderar cualquier reclamación que le permitiera disputar el espacio de la izquierda a las otras izquierdas.
Puede parecer duro decirlo así, pero lo cierto es que la última vez que se oyó en una institución una voz certera al respecto fue en el discurso de investidura de Pedro Sánchez en marzo de 2016, cuando aseguró en sede parlamentaria que el Gobierno realizaría “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan – hubieran – sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. No fue una frase sin más, sino que reproducía literalmente el punto 5.11 del acuerdo del actual Gobierno de coalición. Legislativas significa que hago una ley nueva y acabo con todo lo demás. Como derogar la reforma laboral, por ejemplo.
“Pero una vez metido, se acabó lo prometido”, que suele decirse.
Y es que ese discurso, así pronunciado, sonaba a música demasiado celestial. Porque era justo lo que reclamábamos y reclamamos las asociaciones patrimonialistas: que todas las inmatriculaciones amparadas en el artículo 206 sean declaradas nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida. Nulas todas ellas. No una ni dos que puedan reclamarse judicialmente. Ni de una en una. No de esas solo 1000 que dicen que están mal registradas, sino de las 100.000 que son.
Pero esto era demasiado bonito para ser verdad… Una vez más, la realidad es otra bien diferente. La que hemos visto estos días en todos los medios de comunicación.
– La realidad es la de un acuerdo entre Bolaños, Sánchez y el cardenal Omella en la sede misma de la Conferencia Episcopal. Algo inaudito;
– es la de la reunión de unos representantes legítimamente elegidos por el pueblo y los representantes de un pueblo difuso, que se eligieron entre ellos mismos y que reconocen que en su seno los hay, pero amparan y/o justifican sistemáticamente delitos tan graves como la pederastia y la apropiación irregular de bienes;
– la que asegura que figuran “errores” en el listado y extiende, como se extiende la mentira, que es la jerarquía de la Iglesia la que se aviene a devolver las fincas a que se refiere;
– la que reconoce que existen o pueden existir irregularidades en el acceso a los Registros de esos bienes pero no identifica a ningún responsable, como si se tratara de un errata en la transcripción;
– la que apunta que el problema son solo esas mil propiedades – qué pocas, oiga – a cambio de validar a las otras 99.000, inmatriculadas gracias a un privilegio fascista y por tanto inconstitucional;
– la que amenaza con dejar todo como está porque es lo que permite justificar el tejemaneje urdido al alimón entre el gobierno más progresista de la historia de España y una de las instituciones más reaccionarias del mundo;
– la que pretendía basarse en un acuerdo discreto y que por su propio peso se ha transformado en un auténtica chapuza, en un bumerán para las partes contratantes.
4.- Y en Getafe… ¿qué?
Pues Getafe no es una excepción de lo dicho hasta aquí. Es más bien un epítome. Y de acuerdo que no tenemos ni la Mezquita de Córdoba ni la Catedral de Burgos. Pero desde 1991 Getafe es sede de obispado y por tanto epicentro del artículo 206, al que han sacado brillo por la zona Sur, todo el que han querido y más.
En nuestro pueblo encontramos casuística para dar y repartir. Porque hay parcelas, fincas, locales, almacenes y todo tipo de bienes inmatriculados por compraventa, por cesión, por donación y, por supuesto, por Certificación eclesiástica. Sobre todo por Certificación. Y eso que en sucesivas entregas hablaremos solo de Getafe como municipio: el día que nos extendamos a Getafe como Diócesis, vamos a alucinar.
– En Getafe se halla la parcela 22 del polígono 24 situada en los terrenos de Carpetania II, que fue inmatriculada al amparo del 206 justo después de conocerse que había quedado afectada de expropiación. Es decir, que la hicieron suya porque sí cuando supieron que sacarían dinero por ella.
– En el nuevo desarrollo de El Bercial, la Diócesis recibió en 2006 la cesión gratuita de la parcela SOC. 2.3 para construir un centro de culto a 500 metros de donde ya había otro. Algo innecesario en un barrio en el que sin embargo faltan espacios sociales y educativos. Por fortuna pero sobre todo gracias a la voz de alarma de las propias feligresas y la acción ciudadana se consiguió recuperar ese terreno.
La Catedral de la Magdalena, sede de la Diócesis, se la apropiaron por el mismo mecanismo en 2007, después de que culminara su remodelación a cargo del erario público. Se creó una plataforma vecinal en la que participó todo quisque, hubo un conato de huelga de hambre y multitud de broncas políticas, pero al final se recaudaron alrededor de cuatro millones de dólares para dejarla bonita. Y bien hecho que estuvo eso. Solo que el dinero salió de su canut y del mío, y luego el Obispo dijo: esto… para mí.
– En Getafe existen también decenas de propiedades que no constan a nombre de la Iglesia – Diócesis – en el Registro de la Propiedad pero sí figuran con la letra R- así en mayúsculas – en el del Catastro. Y con esa denominación, que ellos mismos pueden adjudicarse, pasan a estar automáticamente exentos del pago del IBI. Hablamos de pisos, locales, sedes varias, centros educativos o empresas.
Y como corolario, el Cerro de los Ángeles, un espacio monumental, emblema de los católicos pero sobre todo un símbolo del pueblo, de este pueblo, que las sucesivas Diócesis se han tratado de apropiar de arriba a abajo, acotando el terreno entre los borlones de la entrada al camino y ese particular Cristo del Corcovado local, el monumento al Sagrado Corazón, que corona y vigila su obra inmobiliaria en Getafe. Ochenta hectáreas de terreno, la mayor parte de las cuales no les ha pertenecido casi nunca pero que a ojos de la opinión pública son suyas desde siempre. Y que no. Que para nada deberían figurar como de su propiedad… Porque aunque no aparezca en el listado de esos casi mil, sobre el Cerro también pesan irregularidades. De las que, por supuesto, daremos cumplida cuenta en sucesivas entregas.
“No codiciarás los bienes ajenos”, reza el décimo de los Mandamientos. Una frase que en realidad contiene dos axiomas. Que no codiciarás bienes y que estos deben ser ajenos. Pero como los ha hecho suyos, todos, por mucho que no entre en la cabeza de nadie que la jerarquía de la Iglesia S.A. sea la mayor empresa inmobiliaria de España, con eso ya no contradice su propio reglamento. Porque técnicamente ya no son ajenos, sino propios. O indebidamente apropiados, sería mejor decir. Otra cosa es que sea más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Pero eso es un asunto del que no debemos preocuparnos, pues de sobra es sabido que la Iglesia dispone de recursos suficientes como para salir inmaculada. Para eso tiene doctores… y políticos amigos, y fedatarios públicos laxos, y medios de comunicación obscenamente lacayos… y hasta todos los gobiernos a su servicio.
Con la Iglesia hemos topado, Sancho.
Y cuánta razón tenían.
