Hoy ha entrado en vigor en España el derecho a reclamar una muerte digna.
El 25 de marzo de 2021 el BOE publicaba la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. En su disposición final cuarta dice: “La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado“. Por ello, a partir de este 25 de junio ya está vigente una ley que comienza su preámbulo declarando: “La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”. Para pasar inmediatamente a definir: “La eutanasia significa etimológicamente «buena muerte» y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”.
Para quienes tenemos como un objetivo primordial el luchar por la libertad de conciencia de todas y todos debería ser una fecha significativa, pues ese mismo preámbulo declara: “Esta Ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia… La eutanasia conecta con… la integridad física y moral de la persona (artículo 15 de la Constitución Española), la dignidad humana (artículo 10 de la Constitución), el valor superior de la libertad (artículo 1.1 de la Constitución), la libertad ideológica y de conciencia (artículo 16 de la Constitución) o el derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).
Es decir, que señala como principio constitucional la libertad ideológica y de conciencia para fundamentar el desarrollo de esta ley. Es indudable que el mero hecho de esta publicación es digno de ser celebrado. Trata de corregir una limitación dolorosa al extender el campo de quienes -en palabras de Eric Weitz– tienen derecho a tener derechos. En la situación anterior a esta ley podían decidir sobre su muerte quienes poseen la autonomía para llevarla a cabo (quienes tienen la capacidad necesaria para ejecutar sus decisiones libres), pero están privados de este derecho quienes teniendo la voluntad de decidir sobre su muerte carecen de esa autonomía.
La nueva ley pretende corregir esa deficiencia, avanzar en la generalización de los derechos. Pero esta celebración no puede llevarnos al error de suponer que ya están resueltos todos los problemas. La sociología nos muestra el espacio (generalmente demasiado grande) que media entre que se aprueba una ley y que ésta se constituya en una verdadera pauta de funcionamiento de la sociedad. Desde las propias trabas administrativas (la Administración es una inmensa maquinaria con mucha inercia) hasta todas las batallas que están dispuestos a organizar aquellos grupos con tradicional recelo sobre las libertades de los demás (aunque para ello traten de confundir, de forma burda, un derecho con una imposición).
A partir de este 25 de junio se abre un gran campo de trabajo para hacer efectivo el deseo propuesto por la ley. ¡A ello!
