9 de diciembre: Día de la Libertad de Conciencia
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos
Recurrentemente en España, y sobre todo ante modificaciones legislativas a la vista en materia educativa, reverdece el debate sobre educación para la ciudadanía (y «para la ciudadanía mundial», de acuerdo con la Unesco) y los derechos humanos. Los sectores más reaccionarios se oponen a este enfoque educativo y no dejan de utilizar el falaz argumento de que es una formación para adoctrinar.
Esta manera de «razonar» es muy del gusto del nacionalcatolicismo, que apoyó a un régimen que acusó a los republicanos, que defendían el sistema legal y legítimo, de «rebelión», cuando Franco y sus compinches fueron los que protagonizaron una rebelión contra el sistema político elegido por los españoles. Si los que se rebelaron acusaron a las víctimas de rebelión, es de alguna manera «lógico» que los que quieren adoctrinar en «sus» valores acusen a los que quieren forman en valores universales de querer adoctrinar.
No se puede dejar de repetir que la educación para la convivencia democrática, que incluye los derechos humanos, es imposible que sea adoctrinadora en su fundamento y en su práctica. Cuando una formación en valores se centra en valores universales no puede ser acusada de adoctrinadora. Y lo curioso (o no tanto) es que estos sectores reaccionarios reclaman educación religiosa confesional al tiempo que acusan torticeramente.
La educación para la ciudadanía y los derechos humanos está soportada por una buena cantidad de documentos emanados de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y otras instituciones internacionales, además de nuestra propia Constitución, cuyo artículo 27.2 dice que el objeto de la educación es «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». De manera que la democracia/ciudadanía y los derechos humanos (que en la Constitución reciben el nombre de derechos fundamentales) en la educación forman parte de nuestro texto básico de convivencia y se considera que todos los estudiantes deben recibirla.
Sin embargo, sectores ultraconservadores, normalmente muy vinculados a la Iglesia Católica, boicotean permanentemente este enfoque hablando de «adoctrinamiento» y proponiendo, paradójicamente, que los estudiantes reciban formación religiosa, una formación que inevitablemente es adoctrinadora y parcial, dado que va dirigida a una parte de la sociedad. No se olvide que el barómetro del CIS en su edición de octubre de 2021 refleja que solo un 19% de la población se declara católica practicante y un 38% católica no practicante (aquí entran personas que se consideran católicas por tradición familiar, por el folklore de las cofradías, etc.). Entre 1990 y 2021 el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que se declaran católicos ha bajado del 78 al 28 por ciento, ¡50 puntos menos! De manera que el argumento de «la demanda social» cada vez es menos tragable. Pero es que, incluso así, este no es asunto de mayorías y minorías, este asunto es de derechos humanos, como lo es la educación.
¿Qué pinta la educación religiosa en este escenario?, ¿el sistema educativo debe formar ciudadanos o feligreses? Esta es la cuestión, ¿por qué el estado tiene que ponerse de rodillas ante un grupo de presión o una institución, por fuerte que sea? Es más, ¿por qué hay que seguir con unos acuerdos con el Vaticano dando cobertura a este sector reaccionario?
Los patriotas de la banderita en el reloj normalmente están de acuerdo con este adoctrinamiento capitaneado por un «Estado» extranjero; hay que entrecomillar Estado porque ni siquiera hablamos de uno, que es lo que cuenta en el derecho internacional. No es un Estado ni por población, ni por territorio, ni por estructuras institucionales, etc. El Vaticano es una potencia, no cabe duda, ¿pero un Estado? La prueba de su capacidad de presión es precisamente ser considerada como uno, uno en el que la mitad de la población (mujeres) está ausente de derechos, entre otras carencias, un ente que se parece a un Estado como un huevo a una castaña.
El sistema educativo está para transmitir conocimientos científicos, para enseñar a reflexionar al estudiantado, no cabe duda… y también para transmitir valores, pero en este caso no puede tratarse de valores de ningún sector particular, como es una corriente religiosa; los valores a transmitir tienen que estar orientados a facilitar la convivencia democrática y a fomentar los derechos humanos. Lo demás, sobra.
Por otro lado, el supuesto derecho a educar a los niños según sus preferencias o caprichos ideológicos o morales, invocado en el artículo 27 de la Constitución y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es bastante discutible. Por supuesto, lo primero es que no tenemos por qué pagar entre todos las opciones particulares de sectores de ningún tipo; ya vemos como otras religiones van reclamando su «derecho» a estar presentes en el sistema educativo. Pero, además, también habrá padres y madres ateos, agnósticos, creyentes en la astrología o en la quiromancia y un sinfín de opciones, ¿no tienen todas derecho a pedir el mismo trato?, ¿a qué caos conduciría esto?
Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño considera a este como sujeto de derecho, y en su artículo 14 dice que los estados deben respetar los derechos del niño a su libertad de pensamiento, conciencia y religión. Estas libertades no se respetan adoctrinando, sino educando en valores universales para que por sí mismo vaya adquiriendo la autonomía moral para elegir sus opciones ideológicas, morales, religiosas o simplemente librepensadoras (reivindicación de independencia absoluta de todo dogma religioso, con el objeto de alcanzar un libre ejercicio de la razón individual).
Si queremos formar ciudadanos, que es lo que corresponde a una democracia, los dogmas no deben entrar en el sistema educativo, sino que deben ser impartidos en locales específicos para ello (parroquias y otros espacios). Así es como se respeta la libertad de conciencia y el derecho humano a formar las propias opciones y opiniones. Desde luego, en este país no parece que vayamos por esa senda, mientras los profesores de religión formen parte del sistema educativo, y además con todo tipo de trapacerías, capítulo que dejamos para otra ocasión.
