El letrado advierte de que la petición ya se cursó hace siete años sin respuesta
El Arzobispado de Oviedo ha recibido el requerimiento para eliminar una de las últimas placas franquistas de Asturias, que se mantiene aún en terrenos de su propiedad. Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, ha remitido una carta en la que apela al «manifiesto incumplimiento de la recién formalizada Ley de memoria democrática» para exigir la retirada de este elemento situado en territorios diocesano: «en el Colegio de la Inmaculada Concepción, de la Calle Hermanos Felgueroso nº 25 – 33205 Gijón, se puede observar en la entrada Cruz con la inscripción ‘CAÍDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA PRESENTES’».
En su carta, el abogado recuerda que ya hay un precedente de un caso similar con retirada de una placa que aludía al fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro en Aspe (Alicante), y apunta que de acuerdo a la ley «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
La inscripción de la cruz encaja en la definición toda que vez que la norma hace referencia a «edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados en los que en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura». Además señala que hay una plazo para la retirada no superior a tres meses y que las sanciones de la ley en caso de ser consideradas infracciones graves llegan a multas que oscilan entre 2.001 y 10.000 euros.
El abogado recuerda además que ya se han realizado advertencias sobre la inscripción en el pasado y así destaca que «ya le fue dirigida una notificación, con fecha de 14 de abril de 2015, informando de la simbología franquista en el territorio diocesano, y éste no realizó actuación alguna». Apelando al derecho canónico, indica también que en el caso de no obtener respuesta en esta ocasión «acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado».
Esta petición al Arzobispado en Oviedo se una a toda una serie de requerimientos en todo el país, a otras sedes diocesana por casos similares y también a ocho municipios de España para que cambien su nombre por hacer alusiones a la dictadura.
En un comunicado el letrado recuerda que aún existen ocho municipios con nombres dedicados «a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea» de España. En concreto menciona tres en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz; otros tantos Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Ranz alega que el artículo 35 de la nueva ley establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos.
A su vez relaciona veinte territorios diocesanos con símbolos franquistas y explica que la ley señala que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso pero con proyección a un espacio o uso público las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
