La iniciativa reclamabaen primer lugar que las Cortes de Aragón reforzaran su más profundo compromisocon la definición no confesional del Estado, tal y como establece la actualConstitución de 1978, y con la necesaria secularización de las Administracionespúblicas.
Así mismo, pedía al ejecutivo aragonés que solicitará alGobierno central la derogación del actual Concordato con la Iglesia Católica y su sustitución por otromás acorde con los valores ratificados en la Constitución de 1978.
En tercer lugar, la iniciativa instaba al Gobierno aragonés a que adoptara las medidas oportunas para que ningún trabajador de la DGA, ni de sus entes y organismos autónomos, ni de sus empresas públicas, dejaran de dar un servicio o prestación invocando la objeción de conciencia.
El Portavoz de IU, Adolfo Barrena, comenzó su intervención preguntándose “hasta cuándo vamos a aguantar a la Iglesia”, que levantó las protestas de los diputados del PP. Barrena argumentó su propuesta indicando que si bien la Constitución precisa que ninguna creencia tendrá carácter estatal, después, y fruto del Concordato, se reconocen privilegios para la Iglesia, como ventajas fiscales, la enseñanza de la religión católica en la escuela y la financiación. A este respecto, Barrena precisó que estaba previsto que desde 1982 la Iglesia católica se autofinanciara a través del IRPF, pero, sin embargo, esto no ocurre actualmente.
Lo que riza el rizo, explicó Barrena, es que la Iglesia en España haga manifestaciones para acortar derechos y hacer llamamientos a la desobediencia civil y es en ese contento donde tiene sentido esta iniciativa.